Gobierno de Quintana Roo investiga a falso inspector de COFEPRIS en Tulum
TULUM | El Gobierno de Quintana Roo mantiene abierta una investigación en contra de Emigdio Morales Mézquita, exencargado de la ventanilla de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) de los Servicios Estatales de Salud (Sesa), quien fue separado de su cargo tras descubrirse que se hacía pasar por “delegado” de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COFEPRIS).
La gobernadora Hermelinda Lezama Espinosa informó durante “La Mañanera del Pueblo” que el exfuncionario presuntamente lideraba una red de extorsión dirigida a hoteleros y comerciantes en el municipio de Tulum.
La mandataria estatal enfatizó que mantiene comunicación directa con el sector empresarial de toda la entidad para atender este tipo de ilícitos. Detalló que las indagatorias están a cargo de un área especializada de la administración pública.
El caso fue turnado al “Equipo Centurión”, un grupo experto en materia de extorsión, la gobernadora aseguró que en su gestión no se tolerará ningún ápice de corrupción y se actuará con estricto apego a la ley, además señaló que el caso también coincide con un contexto de golpeteo e información política en el estado.
Para ejemplificar la efectividad de la policía de investigación, la titular del Ejecutivo estatal recordó un caso reciente derivado de una queja del Cónsul de Noruega. En dicha ocasión, ciudadanos de ese país denunciaron ser víctimas de extorsión por parte de agentes de Tránsito locales, tras la intervención del Grupo Centurión, se confirmaron los hechos, se asesoró a los turistas para formalizar la denuncia y los elementos involucrados fueron detenidos.
Mara Lezama reflexionó sobre la dificultad de erradicar estas prácticas debido a que las administraciones pasadas normalizaron las conductas ilegales. Actualmente, el gobierno estatal implementó una política de revisión obligatoria para cualquier señalamiento de irregularidades. Todas las denuncias publicadas en medios de comunicación o expresadas por la ciudadanía en redes sociales son analizadas, estudiadas y diagnosticadas para proceder legalmente, aseguró
