Del huachicol rústico a los centros de procesamiento industrial: la evolución del robo de combustible en México, confirmada por el megadecomiso de Reynosa
CDMX | El aseguramiento de dos instalaciones en Reynosa, Tamaulipas, a finales de julio de 2026, marca un hito en la transformación del robo de hidrocarburos en México. Lo que comenzó como extracciones rudimentarias mediante tomas clandestinas en ductos de Pemex ha mutado hacia operaciones con infraestructura industrial pesada, capaces de almacenar, procesar y distribuir millones de litros de combustible de procedencia ilícita. Las autoridades federales desmantelaron un complejo principal en la Brecha El Becerro —ubicado a apenas 1.5 kilómetros de un cuartel de la Guardia Nacional— y un segundo predio en la misma ciudad, sin reportar detenciones en ninguno de los casos.
En el sitio principal se incautaron 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características de hidrocarburo, junto con siete tanques verticales fijos de almacenamiento industrial (algunos de 10 mil y 20 mil barriles de capacidad), 11 tanques móviles tipo Frac Tank (con capacidad aproximada de hasta 80 mil litros cada uno), una red de tuberías, seis tractocamiones, siete pipas, motobombas, generadores de energía, equipos de cómputo y un sistema de videovigilancia con antena. El valor estimado del combustible, vehículos e infraestructura supera los 120-127 millones de pesos, de los cuales alrededor de 94 millones corresponderían solo al hidrocarburo. En el segundo predio se aseguraron 109 mil 400 litros adicionales, más tanques, motobombas, tractocamiones, pipas y otro sistema de vigilancia.
Fuentes cercanas al caso y reportes periodísticos señalan que la instalación principal habría operado bajo la fachada de una empresa y procesado crudo robado de Pemex en estados como Tabasco y Veracruz, con capacidad para producir gasolina, diésel y otros derivados. La cercanía con infraestructura de seguridad y su visibilidad desde la carretera generaron cuestionamientos públicos sobre la detección tardía.
“No son refinerías, son centros de procesamiento”
En conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó la denominación de “refinerías clandestinas” o “minirrefinerías” para estas instalaciones. “No son refinerías, son algunos centros de procesamiento, es muy distinto a una refinería, que lleva procesos bastante complejos”, explicó. La mandataria enmarcó los operativos dentro de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional contra el huachicol y el huachicol fiscal (contrabando y evasión fiscal de combustibles).
Esta distinción técnica es relevante: una refinería comercial implica procesos petroquímicos complejos, destilación fraccionada a gran escala, cracking y cumplimiento de normas estrictas de seguridad y ambientales. Los complejos clandestinos suelen realizar destilación más simple o tratamientos para obtener diésel artesanal, nafta, solventes o combustóleo a partir de crudo o condensados robados, con altos riesgos de explosión, contaminación y para las comunidades aledañas. Un patrón que se consolida desde 2022Los aseguramientos de infraestructura de procesamiento no son aislados. Un análisis de operativos federales entre 2019 y 2026 muestra un salto cualitativo. Antes de 2022, los golpes se centraban principalmente en almacenamiento y distribución. Ejemplos tempranos incluyen centros de rebombeo y predios con decenas de miles de litros (como en Hidalgo tras la tragedia de Tlahuelilpan en 2019).A partir de 2022-2025 se documentan casos con equipo de destilación o separación:
- En junio de 2025, en Coatzacoalcos, Veracruz, fuerzas federales desmantelaron una planta (bajo fachada de tratamiento de residuos industriales) capaz de producir diésel artesanal o alternativo, nafta ligera o solventes y combustóleo ligero. Se recuperaron más de 500 mil litros de crudo, tanques móviles y verticales, tuberías y equipo especializado, sin permisos y con riesgo ambiental significativo. El secretario Omar García Harfuch destacó el carácter de “refinería a pequeña escala”.
Otros reportes periodísticos y oficiales han señalado instalaciones en entidades como Jalisco, Nuevo León, Querétaro y zonas ejidales, a menudo camufladas como plantas de reciclaje, chatarreras o negocios de tratamiento de residuos. En varios casos se recuperaron volúmenes de cientos de miles de litros y equipo industrial, con la constante de predios abandonados o sin personas detenidas en el momento del cateo. Este cambio permite a los grupos criminales “limpiar” o transformar el crudo extraído de ductos en productos más comerciales (diésel y gasolinas de bajo octanaje), ampliar márgenes y diversificar la oferta en el mercado negro.
Las fachadas legítimas justifican el tráfico constante de pipas y tractocamiones.El mercado en línea y el vacío legalLa proliferación de estos centros está vinculada a la facilidad para adquirir infraestructura. Investigaciones periodísticas han documentado que plataformas globales de comercio electrónico, como Alibaba, ofertan catálogos de minirrefinerías y columnas de destilación con precios que van desde unos 2 mil 500 dólares (modelos básicos a pequeña escala) hasta 40 mil-80 mil dólares o más (plantas de mayor capacidad), llegando incluso a cientos de miles de dólares según la escala.
Expertos consultados en reportajes previos señalan que la adquisición e importación de esta maquinaria (tubos, columnas, tanques) no está prohibida de forma específica. Llega desarmada por vía marítima, pasa por aduanas como equipo industrial ordinario y se ensambla en días o semanas en predios rurales o industriales. La Ley de Hidrocarburos regula la construcción y operación de refinerías formales, pero no contempla de manera explícita las dimensiones ni restringe la compra, importación o transporte de equipos de “minirrefinería” o destilación modular cuando no están catalogados como armas o sustancias prohibidas.Instalar y operar sin permisos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Sener o autoridades ambientales sí constituye delito, pero el vacío facilita el acceso inicial a la tecnología. Se requieren conocimientos de ingeniería petroquímica para un montaje y operación eficiente; el simple “manual” no basta.Modus operandi consolidadoLos complejos detectados comparten características:
- Adquisición legal o semiclandestina de equipo modular a través de plataformas internacionales.
- Ensamblaje rápido en zonas rurales, ejidos o parques industriales apartados.
- Uso de fachadas comerciales (reciclaje, tratamiento de residuos, chatarreras, pensiones de tráileres) para justificar el movimiento de vehículos pesados.
- Infraestructura combinada de destilación/separación, almacenamiento masivo (tanques fijos y móviles) y distribución (pipas y tractocamiones).
- Sistemas de vigilancia y generadores para operar de forma autónoma.
- Operación en predios que al momento del cateo suelen aparecer abandonados, lo que dificulta detenciones en flagrancia.
La inteligencia posterior a los decomisos materiales sigue siendo un reto: en la mayoría de los casos reportados entre 2022 y 2026 no se anuncian capturas inmediatas de operadores o dueños.ImplicacionesEl caso de Reynosa confirma que el huachicol evolucionó de un delito de extracción y trasiego a una actividad con mayor valor agregado industrial. Esto eleva las ganancias criminales, complica el combate (porque requiere inteligencia financiera, seguimiento de importaciones de equipo y control de fachadas empresariales) y multiplica los riesgos ambientales y de seguridad para la población.
Mientras las autoridades destacan los decomisos récord y la distinción técnica entre “centros de procesamiento” y refinerías formales, la ausencia recurrente de detenidos y la facilidad de acceso a la tecnología plantean preguntas sobre la capacidad de prevención y disuasión. El mercado ilegal de combustibles sigue adaptándose, y los operativos de 2025-2026 muestran que la sofisticación técnica y logística ya está consolidada en al menos media docena de estados.
La respuesta integral exigirá no solo cateos y aseguramientos de infraestructura, sino cierres de vacíos regulatorios en la importación de equipos de destilación, fortalecimiento de la inteligencia financiera y empresarial, y mayor coordinación para identificar a los beneficiarios finales detrás de las fachadas.
