Revisará SCJN amparo de socio mayoritario de Aguakan, acusado de lavado de dinero
CDMX | SIM | La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará el amparo promovido por el empresario Jorge Eduardo Ballesteros Franco, socio mayoritario de Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan), quien enfrenta actualmente una orden de aprehensión por presunto lavado de dinero.
Fue esa tarde en sesión del pleno cuando, por unanimidad, los ministros aprobaron atraer el caso que está relacionado con la prórroga de la concesión de agua de Aguakan y una contraprestación de más de mil millones de pesos a favor del gobierno de Quintana Roo durante el gobierno de Roberto Borge (2011-2016).
El ministro Irving Espinosa Betanzo fue quien planteó la atracción del caso, y con ello retomó la petición que habría presentado originalmente el propio empresario, quien no tenía legitimación para presentar esta solicitud ante la SCJN.
Durante la audiencia, se anunció que el Pleno resolverá en próximas sesiones si uma denuncia hecha por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) era un requisito indispensable para ordenar la captura del empresario.
“Para el libramiento de la orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en la modalidad de adquirir y administrar derechos de cualquier naturaleza, ¿es necesario cumplir el requisito de procedibilidad previsto en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal consistente en la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público?”, se lee en la solicitud planteada.
“Presidente, someto a su consideración la facultad de ejercicio de la voluntad de atracción 520/2026, formado por el ministro Espinosa Betanzo respecto del amparo en revisión 194/2026 de Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyo tema es ‘Para el libramiento de la orden de aprehensión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de adquirir y administrar derechos de cualquier naturaleza es necesario cumplir con el requisito e procedibilidad prevista en el artículo 400 Bis del Código Penal Federal, consistente en la denuncia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público'”, leyó finalmente el secretario antes de la aprobación.
Ballesteros Franco fue investigado meses atrás por la Fiscalía General de la República por su probable participación en operaciones con recursos de procedencia ilícita vinculadas con la prórroga de la concesión de Aguakan y una contraprestación de mil 55 millones 999 mil 962 pesos a favor del Estado de Quintana Roo.
A raíz de esta investigación, un juez de control libró una orden de aprehensión contra él, quien, además de promover un amparo, reclamó la supuesta emisión de una ficha roja de Interpol y una alerta migratoria.
Posteriormente, un juez federal le negó el amparo contra la orden de captura, pues el juzgador consideró que existen indicios suficientes para responsabilizar a Ballesteros por el delito que se le acusa.
Semanas después, el caso llegó a un tribunal colegiado y finalmente a la Suprema Corte, quien en las próximas semanas decidirá el futuro del socio de Aguakan.
