Nuevo contubernio protege a Tire Terracasa en la regularización de tierras en Leona Vicario
Urge una auditoría contra la empresa inmobiliaria y el posible fraude a ejidatarios
PUERTO MORELOS | La integración de Fausto Eduardo Ramírez Bastida, como socio de la empresa Tire Terracasa Inmobiliaria Real State S.A. de C.V, para proteger los intereses del presidente del Comisariado Ejidal de Leona Vicario, José Rogelio Concha Naal, estaría conformando un contubernio para continuar operando la regularización de tierras en el ejido e impedir una auditoría que exhiba el fraude cometido en los últimos dos años.
La investigación identifica ahora la participación de Ramírez Bastida en la promoción del programa junto con representantes de Tire Terracasa, con el respaldo del comisariado ejidal, sin que quede claro donde quedaron los 12 millones de pesos otorgado a la empresa en la pasada administración.
Bajo esta cuestionada alianza, el proceso de regularización de tierras en el ejido Leona Vicario, Puerto Morelos, enfrenta un nuevo capítulo de incertidumbre y nuevos intereses.
Además de las controversias surgidas alrededor de otros despachos y empresas que han ofrecido servicios de regularización, ahora se cuestiona la actuación de Tire Terracasa Inmobiliaria Real Estate, S.A. de C.V.
Estaempresa trabajó durante la anterior administración del Comisariado Ejidal y habría recibido más de 12 millones de pesos relacionados con un programa para brindar certeza jurídica a posesionarios.
La inmobiliaria celebró un contrato con el ejido el 24 de septiembre de 2024, durante la administración encabezada por Juan García Asbún, con facultades para intervenir en la regularización de posesiones y gestionar la obtención de títulos de propiedad.
Sin embargo, a dos años de dicho contrato que se cumplen hoy, posesionarios y ejidatarios sostienen que no conocen resultados comprobables en materia de títulos, levantamientos topográficos, planos certificados o expedientes concluidos ante las autoridades agrarias.
El punto más delicado es financiero. De acuerdo con lo expuesto ante la asamblea ejidal y documentado, la empresa habría no ha dejado claro dodne quedó el dinero.
Se trata de más de 12 millones de pesos de personas interesadas en regularizar sus terrenos. Su apoderado legal, Eusebio Arnaldo Arreola Semadeni, habría reconocido que los pagos correspondían aproximadamente a 88 hectáreas, aunque las cifras, beneficiarios y destino de los recursos deberán ser confrontados mediante una auditoría.
La rendición de cuentas de Tire Terracasa, dejó muchas interrogantes y también el presunto contubernio para que siga operando y cobrando a los ejidatarios, sin transparencia en la operación del os recursos.
Según los directivos del Comisariado Ejidal, la empresa no habría presentado una relación completa y comprobable de posesionarios, superficies, cantidades pagadas, recibos, facturas y situación procesal de cada expediente. Sin embargo no hay certeza y con ello se estaría confabulando un fraude millonario en contra de los ejidatarios.
A la fecha esta empresa que ahora recibe protección, no ha informado de títulos entregados ni de una fecha concreta para concluir los procedimientos.
El representante de Tire Terracasa habría señalado que parte de los recursos se utilizó en remodelación de oficinas, papelería, nómina y la realización de un evento en un hotel de Puerto Morelos. Frente a ello, los ejidatarios cuestionaron que no se mostraran avances proporcionales en el objetivo fundamental del contrato: regularizar las tierras y obtener los títulos de propiedad.
Las dudas no son recientes. Desde octubre de 2025 se habría solicitado a representantes de la empresa un informe sobre los avances del programa, pero, la respuesta se demoró durante meses hasta convertirse en un punto formal de la asamblea ejidal de septiembre de 2026.
Ante las irregularidades, la asamblea ejidal ya había acordado turnar el caso a la Comisión de Regularización del Ejido Leona Vicario, encargada de revisar el posible incumplimiento contractual.
Entre los puntos que debe auditarse a Tire Terracasa, están los depósitos y transferencias, recibos, facturas, nóminas, gastos administrativos y pagos destinados a estudios o trámites ante dependencias. También se planteó la posibilidad de rescindir el contrato y analizar reclamaciones por daños patrimoniales en favor del ejido y de quienes pagaron sin recibir los títulos ofrecidos.
Más allá de las responsabilidades que determine la auditoría, los principales afectados continúan siendo los posesionarios. Sin la conclusión de los procedimientos agrarios, permanecen sin certeza jurídica plena y pueden enfrentar dificultades para vender, heredar, financiar, construir formalmente o acreditar derechos sobre sus terrenos.
El caso de Tire Terracasa refleja así un problema mayor que enfrenta Leona Vicario: personas que han pagado por alcanzar certeza jurídica sobre su patrimonio continúan esperando resultados.
Bajo esta premisa, el ejido intenta determinar cuánto dinero se recibió, quién lo recibió, en qué se gastó, qué trabajos se realizaron y cuántas hectáreas y posesionarios siguen pendientes de regularización.
Por ahora, los más de 12 millones de pesos y las 88 hectáreas constituyen los principales datos bajo escrutinio. Y sería una auditoría la que podría establecer el destino de los recursos, el grado de cumplimiento del contrato y las eventuales responsabilidades.
Hasta entonces, jurídicamente el asunto debe mantenerse en el terreno del presunto incumplimiento contractual; y finalmente, establecer si existió fraude u otra conducta delictiva y si existe algún interés de la actual directiva de proteger los incumplimiento de Tire Terracasa Inmobiliaria Real State S.A. de C.V.
