PRI denuncia ante el INE a coordinadores estatales de Morena por actos anticipados de campaña rumbo a 2027; Gino Segura entre los acusados
CDMX | PRI denuncia ante el INE a coordinadores estatales de Morena por actos anticipados de campaña rumbo a 2027El Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una queja formal ante el Instituto Nacional Electoral (INE) contra los coordinadores estatales de defensa de la transformación nombrados por Morena, a quienes acusa de realizar actos anticipados de campaña.
El escrito, signado por Emilio Suárez Licona, representante del PRI ante el órgano electoral, solicita medidas cautelares para suspender lo que califica como propaganda sistemática y planificada, así como la intervención de la Unidad Técnica de Fiscalización para verificar el origen de los recursos empleados en eventos y su eventual reporte en el Sistema Integral de Fiscalización.
La lista de denunciados incluye a Nora Ruvalcaba Gámez (Aguascalientes), Julieta Ramírez (Baja California), Pablo Gutiérrez Lazarus (Campeche), Rosa María Bayardo (Colima), Beatriz Mojica (Guerrero), Carlos Torres Piña (Michoacán), Santiago Nieto Castillo (Querétaro), el senador con licencia Eugenio “Gino” Segura Vázquez (Quintana Roo), Imelda Castro (Sinaloa) y Verónica Díaz Robles (Zacatecas).
Según el PRI, estas designaciones —presentadas como cargos de organización partidista— constituyen en la práctica la antesala de candidaturas a las gubernaturas que se renovarán en 17 entidades en 2027 y generan un posicionamiento anticipado que incide en las preferencias electorales, en violación a la normativa vigente.
El documento sostiene que los recorridos, asambleas y actividades públicas de estos perfiles configuran una estrategia reiterada de Morena en los procesos locales 2026-2027. El PRI ya había anticipado denuncias similares en meses previos, argumentando que el mecanismo de “coordinadores” disfraza precampañas.
La figura de los “coordinadores estatales de defensa de la transformación y la soberanía nacional” surgió como extensión del método que Morena aplicó en 2023 para definir la candidatura presidencial. En 2026, el partido (junto con PT y PVEM) abrió registros de aspirantes a mediados de año y comenzó a anunciar designaciones a partir de finales de agosto: primero en Aguascalientes, Campeche, Colima, Querétaro y Sinaloa; después en Guerrero, Michoacán, Zacatecas, Quintana Roo y Baja California, entre otros. Hasta mediados de septiembre de 2026 se habían formalizado al menos diez.
Morena sostiene que se trata de un proceso interno de organización territorial, sin carácter proselitista, limitado a la militancia y sujeto a encuestas. La presidenta Claudia Sheinbaum ha descartado que la presencia de estos coordinadores en sus actos de rendición de cuentas constituya precampaña, al argumentar que aún no son candidatos formales.
La oposición, sin embargo, califica el esquema de simulación. Movimiento Ciudadano (MC) presentó días antes una queja de 67 páginas ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, acusando violaciones a las reglas de precampaña y campaña por el nombramiento anticipado de estos perfiles (a los que denomina “corcholatas” estatales). Juan Ignacio Zavala Gutiérrez, representante de MC, afirmó que se trata de un “fraude a la ley” que adelanta los tiempos electorales y desvía la atención de servidores públicos. MC también pidió investigar gastos de logística, difusión y materiales vinculados a estas coordinaciones.
Entre los señalados figura Eugenio “Gino” Segura: MC y ciudadanos presentaron quejas por bardas con la leyenda “GINO” y un puño, así como por actividades en Felipe Carrillo Puerto y publicaciones. El Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO) ordenó en marzo de 2026 el retiro de 71 bardas, pero no acreditó responsabilidad directa del senador. El Tribunal Electoral de Quintana Roo (Teqroo) declaró improcedentes quejas por actos anticipados y promoción personalizada en agosto y confirmó la negativa de medidas cautelares en septiembre, al no encontrar elementos suficientes de llamado al voto ni uso indebido de recursos. Segura ha negado autoría y deslindado de las pintas.
Sinaloa: Imelda Castro y aspirantes previos, fueron empresarios y sociedad civil denunciaron en agosto de 2026 a 13 aspirantes a la coordinación estatal por recorridos, asambleas y propaganda, pidiendo investigar el origen de los recursos. Posteriormente, el PAN y MC acusaron a Imelda Castro de promoción personalizada y actos anticipados por publicaciones, reuniones y difusión entre 2025 y 2026. El Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) acreditó promoción personalizada (confirmada por el Tribunal Electoral local y enviada al Senado en un caso), pero no actos anticipados de precampaña/campaña ni uso de recursos públicos. El Tribunal local ordenó reabrir otra investigación.
Colima, Rosa María Bayardo: La oposición denunció actos anticipados y promoción personalizada. El Instituto Electoral local ordenó retirar material como medida cautelar; el Tribunal Electoral del Estado resolvió que no se acreditaban infracciones porque las frases no identificaban inequívocamente a la entonces alcaldesa ni pedían el voto.
El TEPJF confirmó que el INE no investigara actos anticipados en la sesión del Consejo Nacional de Morena donde se anunció el mecanismo de coordinadores, al considerar que se trataba de un evento partidista dirigido a la militancia. La Sala Superior desechó la petición de MC sin entrar al fondo, bajo el criterio de que procesos similares en 2023 fueron calificados como meramente internos.
En el ámbito nacional, el INE reportó hasta principios de septiembre de 2026 al menos 79 denuncias por actos anticipados de precampaña y campaña (periodo enero-septiembre), de las cuales varias se vinculan a los procesos de selección de coordinadores en las 17 entidades con gubernatura en juego. Algunos expedientes se encuentran en etapas de procedimiento especial sancionador o en el área de lo contencioso.
Internamente, reportes periodísticos documentan divisionismo y polémicas en varias designaciones (Guerrero y Zacatecas destacados como focos de tensión), así como acusaciones cruzadas entre aspirantes por “cargadas” mediáticas o apoyos de gobiernos locales. Sin embargo, estas se han canalizado más por vías políticas y mediáticas que por quejas formales con resoluciones públicas detalladas.Implicaciones y pendiente de resolución
La queja del PRI se suma a las de MC y a las locales, en un contexto en el que el propio INE ha debatido la necesidad de lineamientos más claros para regular los procesos internos de los partidos antes de los periodos legales de precampaña. Consejeros han advertido sobre el riesgo de que gastos previos se conviertan, de facto, en erogaciones de campaña. Hasta el momento de esta redacción, no se conoce una resolución definitiva del INE sobre la denuncia priista ni sobre la de MC respecto a los coordinadores ya nombrados; ambas se encuentran en etapa de análisis y posible apertura de investigación.
La figura de los coordinadores ha permitido a Morena avanzar en la definición temprana de perfiles con fuerte reconocimiento territorial, replicando un modelo que le ha resultado exitoso. La oposición insiste en que, bajo otra denominación, se vulnera la equidad y se adelantan los tiempos constitucionales. Las autoridades electorales, por su parte, han privilegiado en varios fallos locales la distinción entre organización partidista y proselitismo inequívoco, aunque con matices cuando se acredita promoción personalizada.
El desenlace de estas quejas —y de las eventuales medidas cautelares o fiscalizaciones— marcará un precedente relevante para la contienda de 2027, en la que se renovarán 17 gubernaturas y miles de cargos locales.
