Jefe policiaco de Cancún operaba una red de Trata del Cártel de Juárez; todo, bajo la sombra del ‘Grupo Chiapas’
REPORTE MAYA
REDACCIÓN
CANCÚN | CIUDAD JUÁREZ | El viernes 25 de septiembre de 2026, agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina, irrumpieron en un inmueble de la Supermanzana 32, sobre la avenida Chichén Itzá. Allí detuvieron a Erik Gutiérrez Cossío, el comandante conocido en las corporaciones locales como “Huracán”, entonces jefe de la Unidad Operativa y encargado de despacho de la Dirección de la Policía Turística de Cancún.
Horas después, Gutiérrez Cossío viajaba en un vuelo federal hacia Ciudad Juárez. El 5 de octubre, un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con la finalidad de cometer tráfico de personas. Le impuso prisión preventiva oficiosa en el CEFERESO No. 3 de esa ciudad y otorgó tres meses a la FGR para la investigación complementaria. Junto a él quedaron vinculados cuatro presuntos integrantes de la red transnacional “Los López”: Jumilca Sandivel Hernández Pérez (señalada como una de las líderes y ya buscada en Estados Unidos desde 2024 por la OFAC y un gran jurado federal), Reyna Manuela Hernández Pérez, Eva Pérez Villagrán y Ernesto Gutiérrez Castillejos.
La detención forma parte del contexto más amplio de la “Operación Enjambre”, la estrategia federal contra la infiltración del crimen organizado en estructuras de gobierno y policía. Pero el caso de “Huracán” revela algo más profundo: cómo una red de tráfico de migrantes, aliada al brazo armado del Cártel de Juárez conocido como “La Línea”, habría operado con presunta protección policial en el corazón del destino turístico más importante de México, y cómo esa protección se habría tejido en torno a una facción de funcionarios originarios de Chiapas que consolidó poder en Quintana Roo bajo la sombra del fiscal general del estado, Raciel López Salazar.
Según la carpeta de investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), iniciada en 2025, “Los López” movían migrantes —principalmente guatemaltecos— desde la frontera de Chiapas con Guatemala hasta Ciudad Juárez. El esquema incluía resguardo en bodegas y hoteles, uso de documentación falsa, preparación de los migrantes para responder a autoridades y, una vez en la frontera norte, entrega a operadores de “La Línea” para el cruce hacia El Paso, Texas. Las tarifas oscilaban entre 12 mil y 16 mil dólares por persona.
Cancún no era solo un punto de paso. El control de la Policía Turística sobre la Zona Hotelera y los accesos principales ofrecía, según la investigación federal, la capacidad de facilitar el libre tránsito, el resguardo clandestino y la filtración de información sobre operativos. Gutiérrez Cossío, desde su posición, habría proporcionado esa cobertura.
Erik Gutiérrez Cossío nació en Cacahoatán, Chiapas. Hacia finales de 2015 se desempeñaba como coordinador de la Unidad Municipal de Protección Civil en su municipio natal. Después se trasladó a Quintana Roo e ingresó a las estructuras de seguridad del municipio de Benito Juárez. Durante años mantuvo un perfil administrativo y de logística. Con el tiempo recibió la clave operativa “Huracán”, asumió la jefatura de la Unidad Operativa y, desde agosto de 2025, quedó como encargado de despacho de la Policía Turística: el mando que controla el despliegue en la franja costera más sensible y rentable del Caribe mexicano.
Su trayectoria no es aislada. Raciel López Salazar, originario de Tonalá, Chiapas, llegó a Quintana Roo primero como delegado de la FGR y luego como fiscal general (ratificado en 2023 y con mandato extendido). Bajo su gestión se consolidó lo que medios locales e investigaciones periodísticas describen como el “Grupo Chiapas” o “Los Chiapanecos”: una red de funcionarios de ese estado que ocuparon puestos clave en seguridad municipal y estatal, particularmente en el corredor Cancún-Tulum.
Reportes locales señalan que figuras como Gutiérrez Cossío formaron parte de esa camada de recomendados. El origen compartido, el rápido ascenso y el control territorial coinciden con un patrón documentado en otros estados donde López Salazar ha trabajado: la colocación de aliados de confianza en corporaciones policiacas. Tras la detención de “Huracán”, el Ayuntamiento de Benito Juárez relevó a varios altos mandos de la Policía Turística, Tránsito, Jurídica y Asuntos Internos.
La acusación federal no detalla aún, en lo público, cada eslabón de la complicidad. Pero el esquema que describe es clásico de la infiltración del crimen organizado en México: el funcionario que controla el territorio ofrece “piso” (protección), advierte de operativos y permite el uso de infraestructura civil —hoteles, bodegas, rutas— a cambio de beneficios. En Cancún, donde el turismo genera miles de millones de dólares y la imagen de seguridad es prioritaria, esa protección resulta especialmente valiosa.
Medios independientes y analistas locales han interpretado la intervención federal directa —el traslado a Juárez, el uso de fuerzas federales y no estatales— como un mensaje que rebasa al mando municipal y apunta a las estructuras de supervisión estatal. Hasta el momento, no existen cargos formales contra el fiscal Raciel López Salazar ni contra la cúpula del “Grupo Chiapas” por este caso específico. La FGR mantiene la investigación centrada en la red de “polleros” y sus facilitadores.
La “Operación Enjambre” ha producido decenas de detenciones de alcaldes, mandos policiacos y funcionarios en múltiples estados, acusados de vínculos con grupos criminales, extorsión y abuso de autoridad. El caso de Cancún ilustra la versión más sofisticada del problema: no solo la captura de un mando corrupto, sino la posible captura de un nodo logístico de una red transnacional que une la frontera sur con la frontera norte, pasando por el corazón del turismo mexicano.
Mientras Gutiérrez Cossío permanece en el CEFERESO No. 3 de Ciudad Juárez y la FGR cuenta con tres meses para fortalecer su acusación, la pregunta que queda abierta en Quintana Roo es más amplia: hasta dónde llega la infiltración y cuánto de ella se construyó a través de redes de lealtad regional que, en nombre de la seguridad, terminaron facilitando el negocio de quienes trafican con vidas humanas.
El paraíso sigue recibiendo aviones. Bajo la superficie, las rutas de los “polleros” y las redes de protección siguen siendo, para las autoridades federales, un frente abierto.
