Seis mil millones bajo la lupa y 645 sin aclarar: la cuenta pública de Javier May avanza hacia la aprobación en el Congreso de Tabasco
REPORTE MAYA
REDACCIÓN
VILLAHERMOSA | En Tabasco, el ejercicio fiscal 2025 dejó un rastro de cifras que, a simple vista, podrían parecer un avance en la rendición de cuentas. El gobierno del estado, encabezado por Javier May Rodríguez, ejerció 75 mil 911 millones de pesos. De ese universo, las auditorías practicadas por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) colocaron bajo observación apenas el 7.9 por ciento: alrededor de seis mil millones de pesos. La mayor parte de esas observaciones ya fue solventada. Quedan, sin embargo, 673.5 millones de pesos pendientes de aclarar, el 11.2 por ciento de lo inicialmente señalado. Y de esa cantidad residual, el Poder Ejecutivo concentra el 95.8 por ciento: unos 645 millones de pesos cuyo destino sigue sin esclarecerse del todo.
Esa cifra no es menor. Representa recursos públicos que, en un estado con necesidades urgentes en salud, educación e infraestructura, permanecen en un limbo administrativo mientras la aplanadora morenista del Congreso local se prepara para otorgar el visto bueno a la cuenta pública del mandatario. Los documentos oficiales a los que este reportaje tuvo acceso confirman que el grueso de las irregularidades o inconsistencias no solventadas recae sobre la administración central. Aun así, la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública ya dictaminó en sentido aprobatorio los 25 dictámenes correspondientes a los tres poderes, los 17 ayuntamientos y los órganos autónomos. El pleno de la LXV Legislatura está programado para votarlos este jueves 8 de octubre de 2026. El presidente de la comisión, Salomé Izquierdo Mena, ha anticipado que ninguna cuenta será reprobada, aunque ha insistido en que la aprobación no exime de responsabilidades posteriores.
El órgano encargado de vigilar el uso de esos recursos públicos está encabezado por Juan José Peralta Fócil, un político de larga trayectoria que transitó del PRD a las filas de Morena y mantiene una cercanía reconocida con el gobernador May. Designado por el propio Congreso para un periodo de siete años que arrancó el 1 de enero de 2025 y concluye en 2031, Peralta Fócil ha defendido la autonomía del OSFE. Ha asegurado que ni el gobernador ni los diputados le han pedido modificar el sentido de alguna auditoría. En agosto de 2026 entregó al Congreso los resultados de 124 auditorías —66 financieras, 41 técnicas y 17 de desempeño— que abarcaron 41 mil millones de pesos, equivalentes al 72 por ciento de los recursos ejercidos ese año. Detectó mil 428 observaciones; de ellas, 928 permanecían sin solventar al momento de la entrega. El propio Peralta Fócil ha destacado que Tabasco mejoró su posición en la percepción de corrupción según el Inegi, pasando del tercer al undécimo lugar nacional, y subió en confianza ciudadana en las instituciones.
Las versiones oficiales insisten en transparencia y en que “ya no existen obras fantasmas”. El fiscal superior ha realizado recorridos territoriales junto con legisladores para verificar avances físicos y financieros de obras. Afirma que el mejor fiscal es el pueblo y que las inspecciones de campo han permitido calificar las cuentas con mayor objetividad. Sin embargo, la concentración de casi 645 millones pendientes en el Poder Ejecutivo genera una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto la cercanía política entre el titular del OSFE y el gobernador garantiza una fiscalización verdaderamente independiente?
Entre los organismos autónomos la situación es desigual. Quedan pendientes otros 27.8 millones de pesos. El caso más llamativo es el del Tribunal Electoral de Tabasco (TET). Ese órgano ejerció apenas 32.1 millones de pesos en 2025. Le fueron observados 19.4 millones —el 60.56 por ciento de su presupuesto— y la totalidad de esa cantidad permanece sin solventar. En contraste, la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió observaciones por 173.7 millones de pesos, pero solo mantiene pendientes de aclarar 3.5 millones. El Poder Judicial registró 27.5 millones observados, de los cuales apenas alrededor de 499 mil pesos siguen sin resolver. Al Poder Legislativo, según el concentrado de datos, no se le reportan montos observados.
El diputado del PRD Francisco Javier Cabrera Sandoval, secretario de la Comisión de Auditoría, abandonó la sesión en la que se aprobaron los dictámenes y acusó un proceso “fast track”. Señaló que no se realizó el análisis técnico adecuado ni se revisaron las observaciones en reuniones previas de trabajo. Mencionó específicamente las inconsistencias del TET por más de 19 millones y las del Tribunal de Justicia Administrativa.
Izquierdo Mena rechazó la acusación y argumentó que la documentación fue enviada oportunamente. El legislador morenista recordó que los entes fiscalizados tienen aproximadamente 30 días hábiles para solventar las observaciones y que, una vez que el pleno vote, el OSFE dispondrá de alrededor de 120 días hábiles para evaluar si las aclaraciones son suficientes y, en su caso, fincar responsabilidades administrativas o presentar denuncias penales.
Este escenario no es del todo nuevo en Tabasco. En el ejercicio 2024, el OSFE detectó mil 733 observaciones tras 131 auditorías. La Auditoría Superior de la Federación, por su parte, ha señalado anomalías en recursos federalizados durante la gestión de May. En la Cuenta Pública 2024, la ASF identificó un probable daño a la hacienda pública federal por más de 146 millones de pesos, concentrados principalmente en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, que no pudo comprobar el destino de más de 111 millones. En administraciones anteriores, las cifras de irregularidades no solventadas llegaron a superar los mil millones de pesos.
La entrega de la Cuenta Pública 2025 del Poder Ejecutivo se realizó en abril de 2026 con un discurso de transparencia. La secretaria de Administración y Finanzas, Talina Ferrer Cadenas, enfatizó que un gobierno que rinde cuentas honra la confianza de su gente. El gobernador May ha cerrado el año 2025 presumiendo finanzas sanas, recaudación histórica y un ejercicio responsable del presupuesto. Sin embargo, reportes paralelos han señalado contradicciones en las cifras de deuda pública reportadas al Congreso local y a la Secretaría de Hacienda federal.
En el fondo, el proceso que se vive estos días en el Congreso de Tabasco ilustra una tensión estructural. Por un lado, un órgano fiscalizador que ha ampliado la cobertura de sus auditorías y ha impulsado verificaciones en territorio. Por el otro, una mayoría legislativa afín al gobernador que se apresta a aprobar la cuenta pública aun cuando cientos de millones —concentrados casi en su totalidad en el Ejecutivo— permanecen sin aclaración definitiva.
Los 645 millones pendientes no son una abstracción contable: son recursos que salieron de las arcas públicas y cuyo rastro documental aún no convence del todo a los auditores.La votación del 8 de octubre no cerrará el expediente. La ley otorga plazos adicionales para la solventación y para que el OSFE determine si procede el fincamiento de responsabilidades.
Pero en la práctica política tabasqueña, la aprobación legislativa suele funcionar como un sello de legitimidad que debilita el seguimiento posterior. Mientras tanto, el Tribunal Electoral sigue sin explicar el destino de más de la mitad de su presupuesto observado, y el Poder Ejecutivo mantiene bajo observación una cifra que, por sí sola, equivaldría a varios programas sociales completos.
La fiscalización superior en Tabasco se encuentra, así, en una encrucijada. El discurso oficial celebra la mejora en los indicadores de percepción y la desaparición de las obras fantasmas. Los números duros, sin embargo, revelan que una porción significativa de los recursos observados sigue sin esclarecerse. Y en el centro de esa tensión está un gobernador cuya cuenta pública avanza hacia la aprobación con 645 millones aún en la sombra, bajo la mirada de un fiscal superior que llegó al cargo con el respaldo unánime de la misma mayoría que ahora dictamina a favor.
Pero…Obras, megaproyectos y la persistente sombra de las “obras fantasmas” en Tabasco
En el centro del debate sobre la Cuenta Pública 2025 de Tabasco no solo están los 645 millones de pesos del Poder Ejecutivo que aún no se solventan. Está también la obra pública: el grueso del gasto tangible, el que se ve —o debería verse— en calles, escuelas, vivienda, seguridad e infraestructura urbana. El gobierno de Javier May Rodríguez reportó en 2025 una inversión histórica que oscila, según los comunicados oficiales, entre 3 mil 500 y 3 mil 667 millones de pesos en más de 3 mil 500 acciones de infraestructura. La Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) ejecutó 230 obras por 1 mil 558 millones; el Instituto de Vivienda de Tabasco (Invitab) destinó 1 mil 170 millones a 3 mil 200 acciones habitacionales; la Junta Estatal de Caminos invirtió 752 millones en 45 obras, y la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento casi 186 millones en 36 proyectos. Se generaron, afirman, más de 21 mil empleos directos e indirectos.
El Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), a cargo de Juan José Peralta Fócil, tomó como muestra para la revisión de la cuenta pública 2025 alrededor de 600 obras estatales y municipales. En la verificación de al menos 100 de ellas participaron diputados locales. Peralta Fócil ha reiterado, tras siete jornadas de supervisión territorial —la última en septiembre de 2026 en el sector Coquitos de Gaviotas Sur, municipio de Centro—, que “ya no existen obras fantasmas” en Tabasco. Aquellas que se reportaban con avance físico y financiero al 100 por ciento y que, al llegar al terreno, no mostraban ni un block ni un ladrillo, “ya desaparecieron”. El fiscal superior sostiene que el mejor fiscal es el pueblo y que los recorridos con legisladores y ciudadanía han permitido constatar calidad, impacto y precios proyectados. Diputados de la Junta de Coordinación Política han celebrado el regreso de las inspecciones de campo, suspendidas en legislaturas anteriores.
Sin embargo, las denuncias no han cesado del todo. En julio de 2026, habitantes de las rancherías Sargento López segunda y cuarta sección, en Comalcalco, señalaron una presunta obra fantasma. Según documentos del propio ayuntamiento, se reportaron como construidos en 2025 dos tramos de camino por casi 19 millones de pesos (8.99 millones por 1.95 kilómetros en la segunda sección y 9.67 millones por 1.85 kilómetros en la cuarta). Los vecinos, que transitaban diariamente por esas vías, afirmaban que no existían. El dirigente estatal del PRD, Rafael Acosta León, exigió al OSFE y a la Auditoría Superior de la Federación investigar el caso y aclarar el destino de esos recursos.
El alcalde Ovidio Peralta Suárez ha acompañado supervisiones del OSFE en otras obras del municipio, pero la denuncia específica de los caminos quedó en el aire.No es un fenómeno exclusivo del presente. En mayo de 2025 se documentó que alcaldías anteriores habían heredado al menos 80 obras fantasmas —calles, pozos y techos pagados y nunca construidos— en municipios como Jonuta, Macuspana, Centla, Jalapa y Cárdenas. En Centla, el nuevo gobierno solicitó al OSFE revisar más de 25 contratos con inconsistencias. Algunas de esas irregularidades de años previos (2017-2023) ya derivaron en denuncias penales por un daño estimado de 606 millones de pesos en 14 de los 17 ayuntamientos.
Los megaproyectos bajo seguimiento especialMás allá de las obras cotidianas de pavimentación, drenaje y escuelas, dos proyectos de gran escala concentran la atención y el dinero: el Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C5) “Escudo Olmeca” y el plan Villahermosa 2030, que incluye el nuevo Centro de Convenciones y Exposiciones.
El Congreso autorizó un financiamiento plurianual de hasta 2 mil 134 millones de pesos para el C5, a liquidarse en cuatro años y nueve meses. El proyecto contempla hasta 5 mil cámaras de videovigilancia, más de 300 puntos de monitoreo inteligente, alrededor de 500 kilómetros de fibra óptica y 25 drones. La obra física avanza en Villahermosa; se estima concluir a finales de 2026 e iniciar operaciones en marzo de 2027.
Peralta Fócil anunció desde diciembre de 2025 que el OSFE dará “seguimiento especial” a este contrato plurianual y al de Villahermosa 2030, revisando avances físicos y financieros conforme a la normatividad.
Villahermosa 2030 es el proyecto urbano más ambicioso del sexenio.
En mayo de 2026 se adjudicó la primera fase a la constructora portuguesa Mota-Engil México por 2 mil 765 millones de pesos (IVA incluido), con un plazo de 450 días naturales (inicio 26 de mayo de 2026, término previsto 18 de agosto de 2027). Incluye la reconfiguración de 4.25 kilómetros de Paseo Tabasco, su extensión hacia el poniente con un puente sobre el río Carrizal, y el nuevo Centro de Convenciones con auditorio, plaza comercial, estacionamiento para 2 mil 350 vehículos y áreas recreativas.
El financiamiento combina recursos fideicomitidos, participaciones federales e ingresos estatales. La SOTOP ha aclarado que solo se ha licitado la fase 1; la segunda etapa se detonaría en 2027. El OSFE también mantiene seguimiento especial sobre este contrato.
Otros proyectos relevantes de 2025-2026 incluyen la subestación eléctrica de Tamulté de las Sabanas (120 millones de pesos de la CFE, para 20 mil 548 habitantes), el hospital de tercer nivel de la Chontalpa (inauguración prevista el 31 de octubre de 2026, 90 camas), la rehabilitación del Teatro Esperanza Iris (licitación en curso, plazo máximo de tres meses), avances del tren Estación Chontalpa-Dos Bocas y la autopista Macuspana-Escárcega, además de miles de viviendas del programa Viviendas del Bienestar (más de 10 mil en proyectos como Gran Sauce, Natura, Pedregal y Puxcatán, supervisados junto con el Infonavit).
La tensión entre el discurso y el territorio
El gobierno de May presenta la obra pública como prueba de que “la fórmula es erradicar la corrupción”. Los comunicados oficiales destacan calidad, participación de contratistas locales, comités de contraloría social y que los recursos rinden porque no se roba. El OSFE y los diputados morenistas subrayan que las supervisiones de campo han cambiado el panorama respecto de administraciones anteriores.
No obstante, las denuncias ciudadanas en Comalcalco, los antecedentes de decenas de obras fantasmas heredadas y el hecho de que 928 de las 1,428 observaciones de la fiscalización 2025 permanecieran sin solventar al momento de la entrega al Congreso muestran que la vigilancia sigue siendo necesaria.
Los contratos plurianuales del C5 y Villahermosa 2030, por su monto y duración, serán el verdadero termómetro: el OSFE prometió seguimiento especial, pero la cercanía política entre el fiscal superior y el gobernador, así como la aplanadora legislativa que aprueba las cuentas con observaciones pendientes, dejan abierta la pregunta de si esa fiscalización será suficientemente rigurosa cuando los recursos ya no sean de un ejercicio anual, sino de varios años.
En Tabasco, la obra pública sigue siendo el escenario donde se mide la distancia entre el discurso de transparencia y la realidad del territorio. Las 600 obras revisadas, los megaproyectos en marcha y las denuncias que aún surgen dibujan un panorama en el que, pese a los avances proclamados, la sombra de lo no construido o de lo mal documentado no ha desaparecido del todo. Con información de Audelino Macario
