Acusado de robar 250 mdp en Isla Mujeres y narcomantas que lo ligan al crimen organizado, Juan Carrillo regresa protegido por Morena
ISLA MUJERES | REDACCIÓN | En Isla Mujeres la memoria colectiva guarda cicatrices que el oleaje no borra. Juan Luis Carrillo Soberanis, actual diputado federal por el Partido Verde Ecologista de México, regresa a la contienda política local con un anuncio que ha reavivado viejas heridas. En días pasados el legislador se inscribió en el proceso interno de Morena para coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en el municipio, un paso que, según analistas y actores políticos locales, lo perfila hacia la candidatura a la alcaldía en 2027 y, más allá, hacia posiciones de mayor poder legislativo. Lo hace bajo el discurso de los principios de “no robar, no mentir y no traicionar al pueblo”, mientras sectores de la población y medios locales recuerdan su paso por el ayuntamiento como una etapa marcada por señalamientos de corrupción millonaria, denuncias penales estancadas por el fuero y acusaciones de nexos con el crimen organizado que nunca se judicializaron formalmente.
Carrillo Soberanis forjó su carrera en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Presidió el Frente Juvenil Revolucionario en Quintana Roo y ocupó una diputación local. Diversos reportes periodísticos y analistas locales lo sitúan en la generación política impulsada y protegida durante la gubernatura de Roberto Borge Angulo, entre 2011 y 2016. Tras la caída de Borge —hoy preso por diversos delitos de corrupción—, Carrillo transitó al Partido Verde, aliado de la coalición gobernante. Desde esa plataforma alcanzó la diputación federal en 2021 y la reelección posterior. Su llegada al municipio de Isla Mujeres como presidente municipal, primero en el periodo 2016-2018 y luego reelecto para 2018-2021, lo consolidó como una figura de control territorial. Al dejar el cargo en 2021, sin embargo, heredó al ayuntamiento una serie de observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo que derivaron en múltiples denuncias.
La Auditoría Superior documentó irregularidades significativas en la Cuenta Pública 2020. En el informe AEMOP-FO-024-R02 se señala la falta de atención a observaciones por 50 millones 455 mil 471.19 pesos relacionadas con obras de alumbrado público en la Zona Continental, financiadas con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. Los oficios de auditoría ASEQROO/ASE/AEMOP/0461/04/2021 y ASEQROO/ASE/AEMOP/0648/05/2021 detallan pagos indebidos en proyectos de sustitución de luminarias tradicionales por solares o LED en zonas como Ramal Norte, Punta Sam, avenida Químico Pastrana y avenida Gastón Alegre.
El presunto quebranto de alrededor de 250 millones de pesos que se le atribuye principalmente el trienio 2018-2021 no proviene de un solo concepto, sino de la suma de observaciones de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo (ASEQROO) y de las estimaciones elaboradas por el equipo financiero y jurídico del gobierno municipal que lo sucedió.
Ese monto global, reportado de manera reiterada por medios locales y por la propia administración de Atenea Gómez Ricalde, agrupa irregularidades en obra pública, retenciones laborales no enteradas y otros gastos cuestionados. A continuación se detalla el desglose con base en los documentos y reportes públicos disponibles.
La pieza más documentada por la ASEQROO corresponde a las obras de alumbrado público en la Zona Continental. En el informe AEMOP-FO-024-R02, derivado de las órdenes de auditoría, visita e inspección contenidas en los oficios ASEQROO/ASE/AEMOP/0461/04/2021 y ASEQROO/ASE/AEMOP/0648/05/2021, se determinó un presunto daño patrimonial de 50 millones 181 mil 296.96 pesos.
Estos recursos provenían principalmente del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) y del Fondo Metropolitano. Se auditaron 12 obras; cinco de ellas, consistentes en el cambio de alumbrado tradicional a solar o LED, concentraron los pagos indebidos más relevantes:Ramal Norte: daño de 13.7 millones de pesos; Punta Sam: 5.6 millones; Avenida Químico Pastrana (también referida como Gilberto Pastrana): 13.9 millones; Avenida Gastón Alegre: 16.7 millones.
Los auditores detectaron sobreprecios significativos. En un caso concreto, luminarias LED solares de 120 watts se pagaron a más de 72 mil pesos cada una, cuando el precio de mercado era de alrededor de 29 mil 681 pesos, lo que representaba un sobrecosto superior al 145 por ciento. En otra obra se documentaron diferencias de más de 47 mil pesos por unidad.
Algunas versiones posteriores elevaron el estimado global de estas luminarias hasta 180 millones al considerar la baja calidad de los materiales adquiridos y el número total de unidades instaladas, aunque la cifra oficial de la ASEQROO se mantuvo en los 50 millones mencionados. Tres empresas que obtuvieron contratos por casi 50 millones de pesos —Construcción Alcava, Construcan del Caribe y Administradora de Terrenos Ibarra— fueron señaladas porque se constituyeron el mismo día (22 de septiembre de 2018) durante la propia administración de Carrillo y, según la auditoría, simulaban competencia en las licitaciones.
La ASEQROO recomendó iniciar procesos sancionatorios y el Ayuntamiento presentó denuncias ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.A estos 50 millones se suman otras irregularidades detectadas en la misma Cuenta Pública 2020, por 41 millones 416 mil 825.55 pesos (auditoría ASEQROO/ASE/AEMF/0632/05/2021, oficios PM/028/2021 y PM/040/2021). El total de observaciones no solventadas de la ASEQROO para Isla Mujeres en ese ejercicio alcanzó alrededor de 91.6 millones de pesos.
Entre ellas figuraban falta de documentación para justificar contrataciones de servicios profesionales, pagos de retenciones a la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), obras de pavimentación incompletas (como la calle Payo Obispo y tramos de la vía perimetral) y otras inconsistencias administrativas.
El rubro más pesado en la estimación de los 250 millones corresponde a las retenciones laborales y fiscales no enteradas. La administración de Carrillo omitió el pago de cuotas y descuentos de los trabajadores del Ayuntamiento al ISSSTE, FOVISSSTE, SAT (incluyendo ISR) y otros conceptos. Reportes de la Contraloría y del área jurídica municipal calcularon este adeudo en alrededor de 150 millones de pesos, afectando a más de mil trabajadores, algunas cifras precisan 1,098 empleados, de los cuales 622 eran mujeres.
En un convenio de reconocimiento de adeudo celebrado posteriormente con el ISSSTE se mencionó una cantidad cercana a 129.8 millones solo por ese instituto. Estas retenciones se descontaban del salario de los empleados pero no se transferían a las instituciones correspondientes, generando un pasivo que la siguiente administración tuvo que empezar a regularizar. A ello se sumaron deudas federales estimadas en su momento en alrededor de 193 millones (ISSSTE, SAT y Fonacot), que formaban parte del “legado” financiero heredado.
Otras denuncias completaron el panorama. En septiembre de 2022 el Ayuntamiento presentó nuevas querellas por más de 22 millones de pesos relacionadas con consultorías y asesorías (algunas adjudicadas por invitación restringida), y preparaba otras por 14 millones adicionales. En total, la Dirección Jurídica del municipio interpuso al menos 19 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Los delitos señalados son ejercicio indebido de la función pública, peculado, desvío de recursos, obras no ejecutadas o irregularmente documentadas, sobreprecios y omisión de pagos de prestaciones. El daño patrimonial global denunciado se situó entre 220 y 280 millones de pesos, según la fuente y el momento del reporte; la cifra de 250 millones se consolidó como la referencia más citada por el equipo financiero municipal y por la prensa local.
Estos señalamientos de corrupción administrativa y financiera se entrelazan, en la percepción pública y en el debate político local, con acusaciones de posibles nexos con el crimen organizado, aunque sin que exista una imputación formal de la Fiscalía General de la República por delitos de narcotráfico. El episodio más visible y documentado ocurrió en junio de 2018, durante la campaña de reelección de Carrillo Soberanis bajo las siglas del PRI. Por segundo día consecutivo aparecieron las denominadas narcomantas en distintos puntos de la región.
Una de ellas fue hallada en la Región 77 del fraccionamiento Corales, en el municipio de Benito Juárez. El mensaje, escrito con errores ortográficos y firmado de manera insolente, acusaba directamente al entonces candidato y a la dirección de Seguridad Pública de Isla Mujeres de estar coludidos con el narcotráfico. Decía en esencia: “Juan Carrillo Soberanis deja de victimsarte con tus golpes de pecho diciendo que atacan a tu equipo de campaña pagado con dinero del NARCO… Su alianza con Carrillo es historia todos ustedes tienen VENDIDO el territorio de isla mujeres a los Jaliscos y ZC a los pelones… ATTE: LA MERA VERGA”. Mencionaba nominalmente a mandos policiales locales (Jaime Alberto Ongay, Guemer Euan y Agustín Blanco) y los vinculaba a los Cárteles de Jalisco Nueva Generación y a grupos conocidos como “los pelones”.
El día anterior había aparecido otra narcomanta en la escuela Enrique Oxté, en el camino a Rancho Viejo. En ella se leía: “JUAN CARILLO DEVUELVE LA LANA QUE TE DIMOS PARA LA CAMPAÑA NO CUMPLISTE SEGUIRAN RODANDO CABEZAS ATTE. BAREDORA”. El mensaje exigía la devolución de un supuesto financiamiento ilícito para la campaña y amenazaba con más violencia.
Estos mensajes, adjudicados a células del crimen organizado, generaron cobertura mediática inmediata y reforzaron las sospechas de algunos sectores políticos y ciudadanos. Carrillo Soberanis y su equipo rechazaron las acusaciones, presentándolas como intentos de desestabilización política. No se conoció, al menos de forma pública, una investigación federal que hubiera derivado en una acusación formal en su contra por estos hechos. Años después, en diciembre de 2022, el también exalcalde y exdiputado Julián Ricalde Magaña retomó el tema al acusarlo públicamente de haber “pactado con el narco”, argumentando que la violencia registrada en el municipio era la “estela” de esos supuestos acuerdos. Carrillo negó nuevamente las imputaciones y exigió pruebas legales.Las narcomantas de 2018, junto con las ejecuciones de colaboradores cercanos (como Rosely Danilú Magaña en 2018 y Abiran Fuentes Cruz en 2021) y la ola de violencia que afectó a mandos policiales durante su gestión, alimentaron una narrativa de desconfianza que se suma a las denuncias por el presunto desfalco de 250 millones de pesos.
Sin embargo, hasta la fecha, ninguna de estas acusaciones de vínculos con el crimen organizado ha cristalizado en un proceso penal formalizado ante la FGR o en una condena. Se mantienen en el terreno de los señalamientos públicos, los mensajes de origen criminal y las acusaciones políticas.
Pero el crimen organizado también atacó a sus colaboradores como Rosely Danilú Magaña Martínez quien era una líder comunitaria de la Zona Continental de Isla Mujeres, especialmente reconocida en la colonia Rancho Viejo y alrededores. Formaba parte de la planilla de Juan Carrillo Soberanis como candidata a segunda regidora en las elecciones de 2018, cuando él buscaba la reelección como presidente municipal bajo las siglas del PRI.
El 9 de junio de 2018, mientras encabezaba una reunión de activistas priistas en el patio de su domicilio en la colonia San Antonio (Zona Continental de Isla Mujeres), fue atacada a balazos. Dos personas a bordo de una motocicleta dispararon contra ella y contra otra mujer, Lizbeth Noemí Pasos Sarabia, quien también resultó herida. Magaña recibió impactos de arma de fuego en el tórax.
Fue trasladada primero al Hospital General “Jesús Kumate” de Cancún y posteriormente al hospital privado Galenia. Permaneció hospitalizada durante dos días. La noche del 11 de junio de 2018 (alrededor de las 23:45 horas) falleció a consecuencia de las heridas. La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo abrió la carpeta de investigación FGE/QR/CAN/UH/06/292/2018.
Juan Carrillo Soberanis, entonces candidato a la reelección, publicó un mensaje de condolencias en redes sociales: “Hasta siempre a mi amiga Chely Magaña, nos duele mucho y nos indigna cómo nos la arrebataron. A nombre de Paola y mío, nuestro más respetuoso pésame a su querida familia”. Otros actores políticos locales también lamentaron el hecho.
La Fiscalía señaló en su momento que no descartaba ninguna línea de investigación, aunque aclaró que el ataque no se tipificaba automáticamente como delito electoral a pesar del contexto de campaña. No se conoció de forma pública una resolución definitiva del caso ni la identificación y captura de los autores materiales e intelectuales.
Un año después, en junio de 2019, ya como alcalde Juan Carrillo Soberanis encabezó un homenaje en el que se nombró una calle de la Zona Continental en su memoria. En el acto la describió como una “gran líder” y “gran isleña” que impulsó avances en Rancho Viejo.
Este caso se ha mencionado recurrentemente en reportajes y acusaciones políticas como uno de los hechos violentos que afectaron el círculo cercano de Carrillo Soberanis durante su periodo, junto con la posterior ejecución de Abiran Fuentes Cruz, su ex Oficial Mayor en 2021. Forma parte de las pláticas de sospechas sobre la influencia del crimen organizado en la zona durante esos años, aunque no existe una imputación formal que vincule directamente a Carrillo con el homicidio.
Carrillo Soberanis ha sostenido que las observaciones de la ASEQROO son de carácter documental y que se encuentran en proceso de solventación, y que muchas de las denuncias responden a motivaciones políticas. Reconoció la existencia de carpetas abiertas, pero afirmó que todo se ha atendido “en tiempo y forma”. Hasta la información pública más reciente, los procesos por los 250 millones permanecen en limbo debido al fuero constitucional que le otorga su cargo de diputado federal, el cual impide el avance hacia etapas de judicialización plena mientras no exista una sentencia condenatoria ejecutoriada…Pero la ‘maña’ no perdona y Juan Carrillo tiene cuentas pendientes.
