Crímenes de la delincuencia organizada aumentó un 62.4% en los últimos 9 años
14 Jul. 2024 2:25 pm
CDMX | En los últimos nueve años, la tasa nacional de crímenes de la delincuencia organizada ha aumentado un 62.4%, este incremento fue impulsado por aumentos sustanciales en los dos tipos de subindicadores más frecuentes de crímenes de la delincuencia organizada: delitos de narcomenudeo y extorsión; a pesar de la tendencia a largo plazo al deterioro, la calificación de crímenes de la delincuencia organizada mejoró modestamente en 2023, y su tasa cayó un 1.7%, esta mejora fue exclusivamente el resultado de una disminución en la tasa de extorsión, ya que los otros tres subindicadores de crímenes de la delincuencia organizada registraron deterioros el año pasado, según la undécima edición del Índice de Paz México (IPM), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
Las tendencias y los resultados de los cuatro subindicadores que conforman la medición general de crímenes de la delincuencia organizada. Los cuatro subindicadores son extorsión, secuestro y trata de personas, delitos de narcomenudeo y delitos graves de la delincuencia organizada. Los delitos graves incluyen los delitos federales de tráfico de drogas y los delitos cometidos por tres o más personas. La figura 2.8 muestra las tendencias indexadas mensuales en las tasas de cada uno de estos subindicadores a partir de sus niveles en enero de 2015.
Durante el periodo de nueve años comprendido entre 2015 y 2023, la tasa nacional de extorsión aumentó un 50.9%, aunque el año pasado disminuyó un 6.5%. A pesar de esta reciente mejora en la tasa general, según datos de encuestas nacionales, las pérdidas monetarias por extorsión supuestamente aumentaron un 55% en 2023, lo que sugiere que el acto promedio de extorsión puede haberse vuelto más rentable.
La extorsión cometida a través de llamadas telefónicas fraudulentas sigue siendo, por mucho, el tipo de extorsión más común en el país, con el 92% de todos los delitos de extorsión realizados de esta manera.
Tales extorsiones a menudo toman la forma de “secuestros virtuales”, en los que los delincuentes llaman a las víctimas de manera espontánea, afirman falsamente haber tomado como rehén a un ser querido y exigen el pago de un rescate.
Aunque las extorsiones por llamadas telefónicas son, por mucho, la forma de extorsión más frecuente, tienden a ser las menos exitosas. Un estudio reciente sugiere que solo el 5.4% de las extorsiones por llamadas telefónicas tienen éxito, en comparación con el 66.7% de los chantajes de protección (“cobro de piso”).
En estados donde el “cobro de piso” es más común, como Quintana Roo, Zacatecas y Guanajuato, pagar para ser “protegido” por los grupos de la delincuencia organizada se ha convertido en la norma y no en la excepción, especialmente cuando la organización ha ejercido dominio sobre el territorio.
El reporte del IPM asegura también que en la última década, los crecientes niveles de extorsión y la tendencia de los ciudadanos a no confiar en las autoridades para abordar adecuadamente el delito, como lo demuestran las altas tasas de falta de denuncia, han llevado a algunos ciudadanos a involucrarse en un movimiento de “autodefensa” que incluye la práctica de justicia por mano propia contra grupos delictivos. En diciembre de 2023, en Texcapilla, Estado de México, por ejemplo, los pobladores mataron a diez miembros del cártel de la Familia Michoacana, luego de ser presionados para que pagaran dinero por protección.
Sin embargo, quienes participan en la justicia por mano propia corren el riesgo de sufrir represalias, y el año pasado ocurrió la muerte en Michoacán de Hipólito Mora, un productor de limones y uno de los fundadores del movimiento de “autodefensa” de México.
En los últimos nueve años, la tasa de delitos de narcomenudeo ha aumentado en un 157%, por mucho el mayor deterioro de los cuatro subindicadores de los crímenes de la delincuencia organizada. Ha aumentado constantemente cada año desde 2016 y registró un aumento del 3.4% de 2022 a 2023. El deterioro de este subindicador ha sido generalizado: solo nueve estados registraron una mejora en los últimos nueve años.
Según los datos de la encuesta nacional, la tasa de personas que informaron tener conocimiento sobre el tráfico de drogas en su vecindario aumentó del 27.3% en 2015 al 34.9% en 2023. En 2023, Guanajuato tuvo la tasa de delitos de narcomenudeo más alta del país por tercer año consecutivo, con 312 delitos por cada 100,000 habitantes, aunque esta cifra es inferior a la tasa de 353 delitos en 2022.
Guanajuato se ubica a lo largo de las rutas de contrabando de fentanilo y cocaína entre los puertos del Pacífico y los Estados Unidos, lo que lo convierte en un lugar privilegiado para las organizaciones narcotraficantes. Funcionarios gubernamentales han señalado que la mayoría de los homicidios que ocurren en el estado están relacionados con el narcotráfico.
Colima, según el análisis del IPM, tuvo la segunda tasa más alta de delitos de narcomenudeo en 2023, con 273 delitos por cada 100,000 habitantes. Le siguió Coahuila, que tuvo 271 delitos por cada 100,000 habitantes, frente a 334 delitos en 2022. Coahuila ha estado entre los cinco estados con las tasas más altas de delitos de narcomenudeo desde al menos 2015.
Con respecto al subindicador de secuestro y trata de personas, su tasa ha disminuido en un 52% desde 2015, cayendo de 9.6 a 4.6 casos por cada 100,000 personas. A pesar de esta mejora a largo plazo, el subindicador ha ido aumentando en los últimos dos años: incrementó un 2.5% en 2022 y un 6.7% en 2023.
Sinaloa experimentó el aumento más significativo en casos de trata de personas y secuestros, con una tasa que se multiplicó casi siete veces entre 2022 y 2023, registrando 26.8 casos por cada 100,000 personas, por mucho, la tasa más alta del país.
Los migrantes internacionales que pasan por México se encuentran entre los más vulnerables al secuestro y la trata de personas en el país. Los traficantes a menudo atraen y se aprovechan de mujeres y niños, y en menor medida de hombres, para el tráfico sexual en México y Estados Unidos, ofreciéndoles falsas oportunidades laborales, engañándolos con pretensiones románticas o mediante coerción.
La mayoría de los casos de trata involucran a familiares, parejas románticas, contactos de redes sociales u ofertas de trabajo engañosas. Los delincuentes a menudo se aprovechan de las bajas tasas con las que los migrantes denuncian delitos y, a veces, participan en operaciones de secuestro masivo para extorsionar a sus familiares en casa.
En abril y mayo de 2023, por ejemplo, operaciones de las fuerzas de seguridad llevaron al descubrimiento de dos grandes grupos de migrantes retenidos contra su voluntad en San Luis Potosí: el primero con 100 personas secuestradas y el segundo con 49.
Dado el drástico aumento del número de migrantes no autorizados que ingresan a México, se espera que aumenten los casos de trata de personas y secuestros, especialmente en las regiones fronterizas norte y sur de México.
Entre 2022 y 2023, la región sur experimentó un aumento de un promedio de 2.6 a 4.1 casos por cada 100,000 personas. La región norte sigue siendo la más afectada por el secuestro y la trata
de personas, con un promedio de 7.6 casos por cada 100,000 personas. Dos de los cinco estados con las tasas más altas se encuentran en la región norte.
Con relación a los delitos graves, su tasa ha mejorado notablemente en los últimos nueve años. Sin embargo, la tasa ha caído y aumentado reiteradamente durante el periodo. Entre 2020 y 2022, los delitos graves mostraron una tendencia a la baja tras caer un 25.1%, pero el año pasado se recuperaron parcialmente, aumentando un 12.5%, hasta 5.4 casos por cada 100,000 personas.
El deterioro sustancial de la paz en México en la segunda mitad de la década de 2010 fue impulsado en gran medida por las actividades de las organizaciones delictivas, en particular las luchas violentas entre ellas por el territorio y el control de los negocios ilícitos.
Según el Programa de Datos de Conflictos de Uppsala (UCDP), en 2013 hubo solo 160 incidentes registrados de enfrentamientos entre cárteles que ocasionaron al menos una muerte. En 2021, el número de enfrentamientos de este tipo alcanzó un máximo de 3,753 y cayó a 2,248 en 2022.
Los altos niveles sostenidos de conflicto entre grupos del crimen organizado se deben a la fragmentación de los cárteles mexicanos después del inicio de la guerra contra las drogas en 2006 y la implementación de la estrategia en contra de los capos, que buscaba combatir las organizaciones criminales apuntando a sus líderes.
Si bien las operaciones de narcotráfico anteriormente estaban controladas por un puñado de organizaciones dominantes, en varios casos la estrategia de los capos contribuyó a que dichas organizaciones se dividieran en grupos más pequeños pero más violentos.
Según los registros del UCDP, el número de organizaciones criminales involucradas en al menos una muerte aumentó de solo cuatro en 2007 a 25 en 2022.
A lo largo de la década de 2010, esta tendencia se vio, por ejemplo, en el surgimiento de Los Caballeros Templarios como una rama de La Familia Michoacana, la independencia de Los Zetas del Cártel del Golfo, la separación del CJNG del Cártel de Sinaloa y la posterior escisión del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL) del CJNG. El Cártel de Sinaloa también ha visto fisuras violentas tras el arresto de su exlíder Joaquín “El Chapo” Guzmán, específicamente entre una facción afiliada al exsocio de Guzmán, Ismael “El Mayo” Zambada, y una facción afiliada a los hijos de Guzmán, conocida como Los Chapitos.
El fuertemente militarizado CJNG, considerado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como una de las cinco organizaciones delictivas transnacionales más peligrosas del mundo saltó a la fama en la última década a través de una violenta campaña de expansión y al satisfacer
la gran demanda de fentanilo y metanfetamina en el mercado estadounidense.
El CJNG ahora tiene una presencia dominante en 6 estados y una presencia significativa en otros 20. Su bastión está en la costa occidental, en Jalisco y estados vecinos, pero sus operaciones se extienden por todas las regiones del país.
Si bien cada grupo estuvo relacionado con al menos 7,000 muertes, los asesinatos asociados con los dos cárteles más poderosos del país, el Cártel de Sinaloa y el CJNG, incluidos los de sus enfrentamientos entre ellos y con otros cárteles, son mucho más numerosos que los asociados con los otros grupos. Además, la gran mayoría de los asesinatos en general y los asociados específicamente con estos dos grupos ha ocurrido desde 2017, el año en que, según se informa, se rompió una alianza entre ellos.
En el periodo comprendido entre 2013 y 2017, los enfrentamientos que involucraron al menos a uno de estos dos grupos representaron solo el 38% de todas las muertes en conflictos entre cárteles, pero entre 2018 y 2022, representaron el 64% de esas muertes. A pesar de esto, los datos del UCDP sugieren que en los últimos años las muertes por conflictos entre cárteles han ido disminuyendo. Entre 2021 y 2022, sus registros muestran que el número de asesinatos de este tipo se redujo aproximadamente en una cuarta parte. Se observa una tendencia similar en los datos del Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados (ACLED), que muestra que las muertes asociadas con la violencia de los cárteles disminuyeron en aproximadamente una quinta parte entre 2021 y 2022. Sin embargo, los datos de ACLED también muestran que las muertes relacionadas con los cárteles se mantuvieron prácticamente sin cambios entre 2022 y 2023.
