Escándalos de corrupción y nexos con el crimen organizado minan a Morena en los primeros dos años del gobierno de Sheinbaum
Investigaciones periodísticas y acusaciones formales alcanzan a gobernadores, legisladores, dirigentes y organismos federales de Morena en actos de corrupción y nexos con crimen organizado, además de un abierto contraste entre el discurso de austeridad y las prácticas documentadas, erosionan la imagen de honestidad del partido en el primer tercio del gobierno de Claudia Sheinbaum
ÀNGEL EK BALAM | En los dos años transcurridos desde que Claudia Sheinbaum asumió la presidencia de México el 1 de octubre de 2024, el partido que la llevó al poder, Morena, ha enfrentado una sucesión casi ininterrumpida de escándalos de corrupción, enriquecimiento inexplicable y vínculos con el crimen organizado que han erosionado el discurso de austeridad y honestidad con el que el movimiento se presentó durante años como alternativa al viejo régimen. Lo que comenzó como casos aislados de opacidad en dependencias federales y patrimonios de legisladores se ha convertido en un patrón que alcanza a gobernadores, senadores, dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional, alcaldes y redes que operan en las fronteras del narcotráfico, el contrabando de combustibles y el desvío de recursos públicos. Medios de comunicación, investigaciones de organizaciones de la sociedad civil y acusaciones formales de autoridades estadounidenses han documentado al menos decenas de episodios de este tipo; Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad llegó a contabilizar más de medio centenar de casos de corrupción, nepotismo o influyentismo solo en el primer año del sexenio.
Uno de los hilos más persistentes ha sido el de Adán Augusto López Hernández, coordinador de los senadores de Morena y exgobernador de Tabasco. Desde octubre de 2024 se abrió una carpeta de investigación contra su antiguo secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, señalado como líder de La Barredora, una célula vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación dedicada al narcotráfico, la extorsión, el robo de combustible y el tráfico de migrantes. Bermúdez terminó detenido y extraditado desde Paraguay. Al mismo tiempo, reportajes periodísticos revelaron que López había percibido cerca de 79 millones de pesos por servicios profesionales entre 2023 y 2024 sin declararlos adecuadamente. La oposición presentó denuncias y solicitudes de juicio político; hasta ahora no se ha abierto una investigación penal formal en su contra en México. Más tarde, desde la prisión, uno de los cabecillas de una red de huachicol fiscal lo mencionó entre los nombres que, según dijo, aparecían en el expediente.
Esa red de contrabando de combustible, conocida como Los Primos, se convirtió en el caso de corrupción de mayor escala del periodo. Involucraba a altos mandos de la Secretaría de Marina, entre ellos los hermanos Farías Laguna, sobrinos políticos del almirante Rafael Ojeda Durán, quien encabezó esa dependencia durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En marzo de 2025 las autoridades aseguraron un buque con diez millones de litros de diésel en Tamaulipas. En septiembre de ese año fue detenido el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna; su hermano Fernando fue entregado por Argentina en abril de 2026. Ambos permanecen en prisión preventiva. Desde El Altiplano, Farías Laguna ha señalado a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y ex secretario de Organización de Morena, y al propio Adán Augusto como personas vinculadas al esquema. El daño fiscal estimado por algunos funcionarios ha alcanzado cifras de cientos de miles de millones de pesos. El gobierno ha insistido en que se trata de una red desmantelada bajo la administración de Sheinbaum, pero las conexiones con figuras cercanas al poder anterior y actual siguen sin resolverse judicialmente en México.
El caso más grave en términos de acusaciones internacionales llegó el 29 de abril de 2026, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York imputó formalmente a Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, al senador Enrique Inzunza Cázarez y a otros ocho funcionarios o exfuncionarios estatales por una presunta conspiración con Los Chapitos, la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Según la acusación, el cártel habría apoyado la elección de Rocha en 2021 mediante intimidación y robo de boletas a cambio de control sobre la policía estatal y protección operativa para el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Rocha pidió licencia, la retomó meses después y ha negado las imputaciones. La Fiscalía General de la República mexicana ha sostenido que no existen elementos suficientes bajo la legislación nacional; a seis meses de la acusación estadounidense no hay una detención formal en territorio mexicano. Varios de los coacusados cooperaron con las autoridades de Estados Unidos y el caso permanece abierto ante la jueza Katherine Polk Failla, mientras en México el tema se ha tratado como una interferencia extranjera sin base probatoria suficiente.
En paralelo, la Operación Enjambre y otras acciones federales han resultado en la detención de múltiples alcaldes de Morena acusados de nexos con el crimen organizado. Entre finales de 2024 y el otoño de 2026, al menos media docena de presidentes municipales emanados del partido fueron vinculados a proceso por extorsión, asociación delictuosa o protección a células criminales, en muchos casos del CJNG o grupos locales dedicados al cobro de piso y el control de territorios. Ernesto Cruz Díaz en Cintalapa, Chiapas; Diego Rivera Navarro en Tequila, Jalisco; Isaac Rodríguez Ochoa en Esperanza, Puebla; Miguel Sánchez Altamirano en Juchitán, Oaxaca, y Jorge Lorenzo Lara Cordero en Suchiapa, Chiapas, figuran entre los nombres que aparecen en reportes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y en investigaciones de medios. Morena concentra la mayor proporción de estos casos entre todos los partidos, según recuentos publicados por La Silla Rota y El Universal. Las autoridades federales presentan estas detenciones como evidencia de que no hay impunidad; la oposición las usa para argumentar que el crimen organizado se ha infiltrado en las estructuras locales del partido gobernante.
A nivel de la dirigencia nacional, Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena desde junio de 2026 y exsecretaria de Bienestar, enfrentó en octubre de ese año señalamientos de una columna de Héctor de Mauleón en El Universal. El texto citaba fuentes de seguridad para afirmar que a principios de 2024 se habría reunido en Guadalupe y Calvo, Chihuahua, con Aureliano Guzmán Loera, “El Guano”, hermano de Joaquín Guzmán, para negociar apoyo electoral a candidatos de Morena a cambio de control territorial en un corredor entre Sinaloa y Chihuahua. Montiel negó cualquier contacto con personas dedicadas a actividades delictivas y solicitó derecho de réplica. El Gabinete de Seguridad federal declaró que no existía reporte oficial que confirmara el encuentro. Al mismo tiempo, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documentó contratos millonarios de la Secretaría de Bienestar y del propio partido con Grupo Maferefun, una empresa proveedora recurrente durante la gestión de Montiel.
Otros episodios han alimentado la percepción de incongruencia entre el discurso de austeridad y las prácticas de algunos dirigentes. El senador Gerardo Fernández Noroña fue cuestionado por la adquisición de una propiedad valuada en alrededor de doce millones de pesos en Tepoztlán, Morelos, además de viajes en clase premier y vehículos de alta gama. Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente y ex secretario de Organización del partido, apareció en reportajes por vacaciones de lujo en Japón y Europa y por presuntas redes de contratos en dependencias federales. Mario Delgado, secretario de Educación y expresidente de Morena, fue señalado por omitir o subvaluar en su declaración patrimonial un departamento de quince millones de pesos en la Ciudad de México. En el organismo electoral, la renuncia de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral en octubre pasado, tras revelaciones sobre contratos por más de dos mil millones de pesos a empresas vinculadas y posibles conflictos de interés, obligó a Morena a deslindarse de una designación que había respaldado.
Segalmex, ahora rebautizado como Alimentación para el Bienestar, volvió a ocupar titulares en 2025 por nuevos contratos a empresas relacionadas por montos cercanos a los dos mil millones de pesos, en un organismo que ya había acumulado irregularidades de varios miles de millones en el sexenio anterior.
En agosto de 2026, un reportaje de Reforma documentó que la gobernadora de Quintana Roo, Maria Hermelinda, alias ‘Mara’ Lezama, había acumulado 97 traslados en aeronaves privadas desde su etapa como alcaldesa de Cancún, dentro de un total de 119 movimientos internacionales de entrada y salida del país. Los destinos más frecuentes eran Orlando, Florida, y Vail, Colorado. La hora de vuelo en los Learjet, Gulfstream y Hawker utilizados se estimaba en alrededor de seis mil dólares, lo que situaba cada viaje a Orlando en unos 406 mil pesos y uno a Vail cerca de 812 mil pesos, montos equivalentes a varios meses del salario neto de la gobernadora, reportado en poco más de 102 mil pesos mensuales. Al menos 43 de esos vuelos se realizaron en dos Gulfstream operados por PABE-TAX, empresa vinculada a Grupo Seguritech, que mantiene contratos de sistemas de seguridad con el gobierno estatal de Quintana Roo; el costo estimado de esos 43 traslados se acercaba a los 20 millones de pesos. La investigación también registró movimientos de su familia y del senador de Morena Eugenio “Gino” Segura. Lezama reconoció haber realizado viajes privados y familiares, pero sostuvo que jamás fueron pagados con dinero público. Legisladores del PAN solicitaron a la Secretaría Anticorrupción y a la Auditoría Superior de la Federación que investigaran el origen de los recursos y posibles conflictos de interés. La presidenta Sheinbaum pidió a la gobernadora que aclarara los señalamientos, cosa que no ha realizado la Gobernadora
Mientras tanto, el programa de Viviendas del Bienestar del Infonavit, dirigido por Octavio Romero Oropeza desde octubre de 2024, generó cuestionamientos por la forma en que se adjudicaron contratos multimillonarios. Entre enero y septiembre de 2025 el instituto asignó, en su mayoría por adjudicación directa y sin licitación pública, contratos para construir alrededor de 100 mil viviendas por cerca de 50 mil millones de pesos. Investigaciones periodísticas documentaron que varios de esos contratos fueron a empresas vinculadas a políticos de Morena o a cercanos del propio Romero. En diciembre de 2025 se conoció que la empresa Agicresa, de los hermanos del diputado federal de Morena Ricardo Crespo Arroyo, recibió un contrato por 993.9 millones de pesos para construir 1,808 viviendas en Zempoala, Hidalgo. Otros reportes señalaron adjudicaciones a excontratistas de Pemex —donde Romero había sido director— y a predios relacionados con familiares del funcionario, incluyendo un terreno en Tabasco propiedad de su consuegra. Sheinbaum instruyó revisar al menos el caso de Hidalgo. Al mismo tiempo, el propio Infonavit ha reconocido esquemas históricos de fraude, como la venta múltiple de una misma vivienda o juicios masivos irregulares que afectaron a cientos de miles de derechohabientes, y ha anunciado reformas para evitar su repetición. Sin embargo, las denuncias de conflictos de interés, casas con daños estructurales en algunos desarrollos y la concentración de contratos en grupos cercanos al poder han mantenido el programa bajo escrutinio.
La suma de estos casos, algunos con órdenes de aprehensión y acusaciones formales en Estados Unidos, otros sostenidos solo por reportajes y denuncias de la oposición, ha generado una tensión constante dentro del partido y del gobierno. Sheinbaum ha defendido que se investiga y se castiga cuando hay pruebas, y ha enfatizado el desmantelamiento de redes de huachicol fiscal. Sin embargo, la persistencia de señalamientos que alcanzan a figuras de primer nivel, la lentitud de los procesos en México y la recurrencia de vínculos con grupos criminales han mantenido el señalamiento de que el aparato político de Morena opera todavía bajo las mismas lógicas de opacidad e impunidad que el movimiento prometió erradicar.
Estos episodios se suman a la secuencia de señalamientos que, desde el inicio del sexenio, han alcanzado a gobernadores, legisladores, dirigentes partidistas y organismos federales. En conjunto, describen un escenario en el que las promesas de austeridad y combate a la corrupción coexisten con patrones de opacidad, adjudicaciones directas a redes políticas y estilos de vida que contrastan con los salarios públicos reportados. Las investigaciones periodísticas y las acusaciones internacionales, por su parte, sostienen que la distancia entre el discurso y las prácticas permanece
