El ‘Taddei Naranja’: millones de NL llegan en horas al despacho de Samuel García
REPORTE MAYA | REDACCIÓN | Mientras el país digiere las triangulaciones y contratos irregulares que rodearon a Guadalupe Taddei en el Instituto Nacional Electoral, otro expediente de similar contundencia se abre en Nuevo León. Movimiento Ciudadano, el partido naranja que se presenta como alternativa, tiene su propio caso de recursos públicos que fluyen con velocidad inusual hacia el entorno familiar de su gobernador más visible.
Documentos bancarios revelan que transferencias millonarias del erario estatal llegaron en cuestión de horas —a veces en minutos— al despacho Firma Jurídica y Fiscal, vinculado a Samuel García y a su padre. El patrón se repite con independencia de los intermediarios: contratistas del gobierno reciben depósitos y, casi de inmediato, canalizan sumas hacia la firma familiar. Esta celeridad contrasta de manera cruda con el rezago que padecen la mayoría de los proveedores de Nuevo León, que esperan meses para cobrar.
El 20 de mayo se documentó cómo Suministro MYR, uno de los principales abastecedores de alimentos del gobierno estatal, completó una triangulación de 202.9 millones de pesos hacia el despacho en apenas dos horas. No fue un episodio aislado. El titular de la Auditoría Superior de la Federación, Aureliano Hernández, confirmó el viernes pasado la existencia de un esquema de presunto desvío. Aunque el organismo no reveló las razones sociales, los montos de tres firmas coinciden con los reportados por Grupo Reforma.
Nuevos registros bancarios extienden el patrón. El 5 de octubre de 2023, TXAT Latam recibió dos depósitos estatales por 20.6 millones de pesos. Al día siguiente transfirió 2 millones 63 mil 420 pesos a la consultora Ferro & Méndez, que de inmediato los reenvió a Firma Jurídica y Fiscal. Cinco días después, el 11 de octubre, la misma empresa dispersó 5.8 millones entre cinco compañías —Business Administration & Accounting, Compacta Solutions MX, Idealo Publicidad de Coahuila, Ingenia Solutions del Noreste y Mantenimiento y Limpieza en las Alturas—. Estas concentraron los fondos en Operadora de Licencias y Franquicias. Al día siguiente, esa integradora envió 2.9 millones a Ferro & Méndez, que en la misma jornada los depositó en el despacho del gobernador.
El esquema se replicó con la constructora Proyectos de Infraestructura de la Laguna (PILSA). El 7 de julio de 2023 cobró del erario 38.6 millones de pesos y, bajo el concepto “abono a cta acreedores”, transfirió 7 millones 429 mil 104 pesos a la cuenta personal de su socio Leobardo Arturo Flores. Veinticinco minutos después, Flores envió la cifra íntegra a Desarrollos de Infraestructura de la Laguna (DILSA), filial del grupo. Diez minutos más tarde, DILSA depositó exactamente el mismo importe en el despacho de la familia García.
Estos flujos exprés no son excepciones aisladas ni patrimonio de un solo color partidista. Ocurren mientras la atención nacional se concentra en las irregularidades del INE bajo Taddei, contratos concentrados, proveedores con vínculos y montos que la ASF ha puesto bajo escrutinio, y demuestran que la triangulación de recursos públicos a través de contratistas e intermediarios opera con la misma mecánica en gobiernos de distintos partidos. La velocidad con la que el dinero llega a los despachos familiares o a las empresas cercanas revela un sistema que funciona para unos pocos y se ralentiza para el resto de los proveedores. Con datos de Reforma
