Romero, Herrería y Sahuí resucitan cascarón de 26 años y le dan 807 millones en adjudicaciones directas
MÉRIDA | La dirección del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, encabezada por Octavio Romero Oropeza y con Marcos Manuel Herrería Alamina como secretario general y jurídico —ambos con trayectoria conjunta previa en Pemex—, ha consolidado un esquema de adjudicaciones directas que privilegia la opacidad y facilita la entrega de contratos millonarios a empresas sin historial operativo reciente, bajo el amparo de delegados regionales que actúan como filtros locales. En Yucatán, esa mecánica encuentra en Mauricio Sahuí Rivero, designado delegado en diciembre de 2024, el eslabón que propicia la canalización de recursos públicos del programa Vivienda para el Bienestar hacia constructores sin capacidad demostrada ni trayectoria contractual, transformando cascarones legales en beneficiarios preferentes de cientos de millones de pesos. El caso de Inmobiliaria y Constructora Madier, S.A. de C.V., ilustra con precisión cómo opera ese entramado.
Constituida en 1998 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por una pareja de profesionistas, la empresa permaneció durante más de veintiséis años sin movimientos relevantes en el Registro Público del Comercio, sin contratos visibles y sin actividad que la distinguiera de un mero vehículo societario dormido. El 21 de febrero de 2025 su asamblea amplió abruptamente el objeto social para abarcar cualquier tipo de construcción, trasladó el domicilio fiscal a Mérida y reconfiguró su gobierno corporativo. Los registros asentaron inicialmente a Renato Asdrúbal Castro Manilla —quien entre 2018 y 2021 dirigió la policía municipal del Ayuntamiento de Samahil— en cargos directivos; la empresa corrigió después un “error involuntario” y designó a Karla Aracely Brenis Farrera como administradora única y a Castro Manilla como comisario, al tiempo que aceptó la renuncia de José Antonio Córdova Cordero. En paralelo, otorgó un poder omnímodo a Juan Diego Ayala Barquín para suscribir títulos de crédito. Las modificaciones coincidieron con el despliegue nacional del programa Vivienda para el Bienestar, ejecutado por la filial Infonavit Constructora creada tras la reforma a la Ley del Infonavit de febrero de 2025, bajo la supervisión de Romero Oropeza y Herrería Alamina, quienes han impulsado esquemas de adjudicación directa y el modelo “llave en mano” para edificar unidades destinadas a trabajadores de uno a dos salarios mínimos.
El resultado en Yucatán fue inmediato. El 31 de julio de 2025, mediante el contrato CO-PVB-075-2025, Madier recibió 566.4 millones de pesos para construir 944 viviendas en Mérida a un costo unitario de 600,000 pesos, en un predio que ya tenía disponible. El 7 de agosto, el contrato CO-PVB-087-2025 le asignó 167.2 millones de pesos adicionales para 304 casas en Umán, también a 600,000 pesos por unidad. El 19 de octubre de 2026, el contrato CO-PVB-336-2026 sumó 73.87 millones de pesos para 128 viviendas en Ticul, elevando el costo unitario a 627,120 pesos. Ninguno de los tres procesos transitó por licitación pública. En menos de quince meses, una sociedad chiapaneca sin historial reciente canalizó 807.4 millones de pesos de recursos públicos para edificar 1,376 viviendas, coincidiendo con la gestión de Sahuí Rivero como delegado regional.
Sahuí Rivero, abogado nacido en Mérida en 1976, construyó su carrera en el Partido Revolucionario Institucional: fue director estatal de Transporte, presidente del comité estatal del PRI entre 2008 y 2012, diputado local de 2010 a 2012, diputado federal de 2012 a 2015 y secretario de Desarrollo Social del gobierno de Rolando Zapata Bello entre 2015 y 2017. En 2018 contendió como candidato del PRI a la gubernatura de Yucatán y fue derrotado por Mauricio Vila Dosal. Tras años de relativo alejamiento, en abril de 2024 renunció al PRI, se incorporó a Morena y asumió funciones de coordinación de alianzas en la entidad. Desde la delegación del Infonavit ha impulsado programas de enfoque social, al tiempo que los delegados regionales desempeñan un papel central en la identificación y propuesta de empresas para los contratos de vivienda que luego se formalizan en las oficinas centrales. La reactivación de Madier, la incorporación de un exdirector de policía municipal yucateco y la lluvia de adjudicaciones directas ocurrieron bajo esa administración regional.
El contraste con constructoras de trayectoria comprobada en la península resulta elocuente. Empresas con décadas de operación no recibieron, en el mismo lapso, adjudicaciones de magnitud comparable sin historial previo. Madier, dormida desde 1998, incorporó en febrero de 2025 a actores locales, mudó su sede y concentró contratos que equivalen a un salto patrimonial abrupto, facilitado por el esquema de opacidad que Romero Oropeza y Herrería Alamina han consolidado a nivel nacional y que Sahuí Rivero habilita en Yucatán. Los registros públicos, las fechas de formalización y los montos de los contratos CO-PVB-075-2025, CO-PVB-087-2025 y CO-PVB-336-2026 están documentados. La ausencia de licitación, la reactivación súbita de la empresa y la coincidencia temporal con la gestión del delegado constituyen hechos verificables que la Auditoría Superior de la Federación tiene facultades para revisar en cuanto a legalidad, justificación técnica y correcta aplicación de los recursos. Mientras tanto, los 807.4 millones de pesos ya fluyeron hacia una constructora que, hasta el 3 de marzo de 2025, no mostraba actividad contractual alguna. El bienestar habitacional que el programa promete a los trabajadores de menores ingresos queda, en este caso, subordinado a un entramado que privilegia la adjudicación directa a sociedades sin capacidad demostrada, bajo la dirección de Romero Oropeza, la supervisión de Herrería Alamina y la facilitación regional de Sahuí Rivero. Con datos de Antonio Carrera @OpinaPerforando
