México reduce a la mitad los homicidios, pero la narcoviolencia se fragmenta y no cede
CDMX | ESPECIAL | Hace apenas dos años, el estado Guanajuato concentraba una de las tasas de homicidio más altas del país; hoy, como en el resto del territorio, las autoridades reportan una caída sostenida. Entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de octubre de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos en México descendió de 86.9 a 43.4, una reducción del 50 por ciento que el gobierno federal califica como el registro más bajo para un mes de octubre desde 2015. Las cifras oficiales también registran más de 74 mil detenciones, el aseguramiento de 37 mil 600 armas de fuego y 588 toneladas de droga —entre ellas toneladas de fentanilo en polvo y pastillas—, además del desmantelamiento de más de 2 mil 800 laboratorios clandestinos y áreas de concentración utilizadas para la producción de metanfetamina.
Estos números, presentados como resultado de la Estrategia Nacional de Seguridad bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum y la coordinación del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch, junto con las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y los gobiernos estatales, dibujan un panorama de avances operativos. El decomiso de 97 toneladas de cocaína en el mar por elementos de la Secretaría de Marina, la inhabilitación de laboratorios por personal del Ejército y la Armada, y operaciones específicas como la detención en Nuevo Laredo de Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, integrante del Cártel del Noreste requerido por Estados Unidos, o la muerte en enfrentamientos de operadores como Edgar Arón “N”, “El General”, y Jesús “N”, “Chuy González”, del Cártel de Sinaloa, se exhiben como muestras de una acción más precisa y menos expansiva que en sexenios anteriores.
Sin embargo, la realidad sobre el terreno revela que la reducción numérica no ha eliminado la estructura de la violencia. Siete entidades —Estado de México, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Chihuahua, Guerrero y Morelos— concentraron el 52.5 por ciento de los homicidios entre enero y octubre de 2026. En Guanajuato, la disputa por el control de los ductos de hidrocarburos y las rutas de la metanfetamina ha fragmentado a los grupos criminales en células más pequeñas y violentas, capaces de operar con menor visibilidad pero con igual letalidad local. En Sinaloa, la captura o neutralización de líderes históricos no ha impedido que facciones rivales del cártel mantengan el control de pueblos enteros, donde el cobro de “derecho de piso” y la extorsión se han convertido en la economía cotidiana. Desde julio de 2025, la Estrategia Nacional contra la Extorsión ha permitido la detención de más de 2 mil 300 personas, entre ellas presuntos líderes de grupos como La Empresa, pero el delito sigue siendo una de las principales fuentes de ingreso y control territorial de las organizaciones criminales.
El fentanilo ilustra la contradicción central. Mientras se aseguran toneladas de precursores y producto terminado, la producción clandestina se adapta con rapidez. Los laboratorios desmantelados en estados como Michoacán, Jalisco y Sinaloa suelen ser sustituidos en semanas por instalaciones más pequeñas y dispersas, muchas de ellas en zonas rurales o periurbanas donde la presencia estatal es intermitente. El flujo hacia el norte continúa alimentando una crisis de sobredosis en Estados Unidos, lo que mantiene la presión diplomática y, al mismo tiempo, incentiva a los grupos a diversificar rutas marítimas y terrestres. La reducción del 36 por ciento en delitos de alto impacto —de 636.6 a 409.4 casos diarios— y del 52 por ciento en robo de vehículos con violencia es real según las estadísticas oficiales, pero en colonias de Tijuana, Ciudad Juárez o Acapulco, los residentes describen un cambio de modalidad más que una desaparición: menos balaceras a plena luz del día, más desapariciones selectivas, más control de mercados locales y más reclutamiento de menores.
La percepción ciudadana ha mejorado. La Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana situó en 58.1 por ciento la proporción de personas que consideran insegura su ciudad en el tercer trimestre de 2026, el nivel más bajo desde 2013, y la sensación de inseguridad en la propia colonia cayó al 35.9 por ciento según la Encuesta Nacional de Victimización. Estos datos coinciden con una menor visibilidad de la violencia en muchas zonas urbanas y con programas sociales que buscan atender “las causas” de la delincuencia: la incorporación de más de 155 mil jóvenes al programa Jóvenes Construyendo el Futuro y el canje de más de 14 mil armas. No obstante, en las regiones donde la economía criminal ofrece salarios más altos y protección inmediata que cualquier programa gubernamental, la oferta de empleo formal o de becas llega tarde o resulta insuficiente.
La estrategia actual combina elementos de militarización selectiva, inteligencia y atención social, en un intento por distanciarse tanto de la guerra frontal de 2006 como de la política de “abrazos, no balazos” que caracterizó parte del sexenio anterior. El resultado es una violencia más contenida en términos estadísticos, pero no menos arraigada. Los cárteles no han desaparecido; se han reconfigurado. La fragmentación produce más grupos que compiten por territorios más pequeños, lo que multiplica los enfrentamientos locales incluso cuando el total nacional desciende. La corrupción en policías municipales y estatales, la impunidad en delitos graves y la debilidad de las instituciones de procuración de justicia siguen permitiendo que las organizaciones criminales se regeneren. En estados como Guerrero y Morelos, donde la violencia se entrelaza con la disputa por minerales, la tala ilegal y el control de migrantes, las operaciones federales logran detenciones temporales pero no alteran las condiciones estructurales que alimentan el reclutamiento.
Para las familias que han perdido a alguien en estos dos años, las cifras de reducción son abstractas. Un homicidio diario de 43.4 sigue significando más de 15 mil muertes al año, una cifra que en la mayoría de los países del mundo se consideraría una emergencia nacional. La concentración de la violencia en siete entidades indica que el problema no se ha diluido, sino que se ha replegado hacia zonas donde el Estado ha tenido históricamente menor capacidad de control o donde las economías ilícitas ofrecen mayores rentas. El desmantelamiento de laboratorios y el decomiso de armas y drogas demuestran capacidad operativa, pero la persistencia del fentanilo, la extorsión y el control territorial revelan que la oferta criminal se adapta más rápido que la respuesta institucional.
México ha logrado, en este periodo, contener el ritmo de crecimiento de la violencia que caracterizó la década anterior. La coordinación entre fuerzas armadas, policía federal y gobiernos estatales ha producido resultados medibles en detenciones, decomisos y reducción de homicidios. Sin embargo, la narcoviolencia no es solo un problema de números de muertos o de toneladas aseguradas. Es el producto de décadas de debilidad institucional, de una demanda internacional de drogas que no disminuye, de economías locales capturadas y de una generación de jóvenes para quienes el grupo criminal sigue siendo, en muchas regiones, la única opción de ascenso social y de protección. Mientras esas condiciones permanezcan, las bajas en las estadísticas oficiales representarán un alivio relativo, no una solución. El país sigue midiendo su seguridad en la distancia que separa un día de 43 homicidios de uno de cero, y esa distancia, aunque menor que hace dos años, continúa siendo el espacio donde viven, temen y sobreviven millones de mexicanos.
