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COZUMEL | En un gesto coordinado y poco habitual, las principales agrupaciones del sector privado de la isla entregaron al Cabildo del Ayuntamiento de Cozumel sendas peticiones escritas en las que expresan su rechazo frontal a las alzas y ajustes propuestos en la Ley de Hacienda para el ejercicio 2027, documento que se encuentra actualmente bajo consideración de los regidores.

La iniciativa, que debe ser votada por el cuerpo colegiado, contempla un incremento del 33 por ciento en el Impuesto Sobre Adquisición de Bienes Inmuebles (ISABI), que pasaría del 3 al 4 por ciento. A este ajuste se suman elevaciones en diversas anuencias y permisos: protección civil, anuncios, permisos ambientales, remoción vegetal, uso de espacios públicos, autorizaciones para ambulantes y otros derechos municipales. De manera particularmente sensible, la propuesta modifica el cálculo del Impuesto Predial al reducir el factor divisor del valor catastral de 12 a solo seis, lo que, en los hechos, podría duplicar la carga por este concepto para propietarios y contribuyentes.

Además, el Derecho de Saneamiento Ambiental —hasta ahora restringido en su destino a fines ambientales o de seguridad— se amplía para poder destinarse a obra pública general, movilidad, alumbrado, seguridad, cultura, deporte y desarrollo económico. Con ello, según argumentan los empresarios, se diluye la justificación original que dio origen a esta contribución específica.

Las organizaciones firmantes —entre ellas el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Coparmex, la Asociación de Hoteles de Cozumel, Amexme y AMPI— advierten que las medidas corren el riesgo de desincentivar la inversión, contraer el mercado inmobiliario y lesionar la economía local en un destino cuya principal fortaleza es precisamente la atracción de capital y visitantes. Subrayan que el actual Ayuntamiento concluirá su periodo constitucional en 2027, pero que las decisiones fiscales que se adopten hoy pueden proyectar efectos sobre la inversión, el empleo, la vivienda y la competitividad de la isla durante muchos años.

“Por ello, consideramos fundamental que cada integrante del Cabildo evalúe no solamente los beneficios recaudatorios inmediatos de la propuesta, sino también sus posibles consecuencias económicas y sociales a mediano y largo plazo”, señala el Consejo Coordinador Empresarial en su escrito. Por su parte, la Asociación de Hoteles de Cozumel reconoce la necesidad de fortalecer las finanzas municipales y mejorar servicios, infraestructura, seguridad y conservación ambiental, pero insiste en que “estas acciones no deben sustentarse en una mayor presión fiscal sobre los sectores que generan inversión, empleos y derrama económica para Cozumel”.

El tenor de las peticiones es coincidente: rechazar los incrementos, convocar de inmediato a una mesa de trabajo con el sector patronal para revisar las corridas del predial y del ISABI junto con las proyecciones recaudatorias, y acompañar cada ajuste propuesto con un estudio justificatorio. Finalmente, exigen que el Ayuntamiento presente previamente un programa de austeridad y de ampliación de la base gravable antes de intentar imponer mayores cargas fiscales sobre quienes ya contribuyen de manera formal al dinamismo de la isla.


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