Tabasco (1)

VILLAHERMOSA | La noche del miércoles y las primeras horas del jueves, en rancherías y colonias del municipio de Centro, aparecieron lonas anónimas que no se limitaban a amenazar: exigían prueba. En Plátano y Cacao Segunda Sección, en González Primera, en Gaviotas Sur, sobre la carretera Villahermosa-Teapa, en Pino Suárez, en un puente peatonal de Atasta de Serra y en Anacleto Canabal, los mensajes coincidían en una sola acusación: que las autoridades habían fingido la muerte de Daniel Hernández Montejo, alias El Prada, para cerrar expedientes, protegerlo y dejarlo operar bajo otra identidad. Señalaban de manera explícita a Hernán Bermúdez Requena, el exsecretario de Seguridad, y al exfiscal Nicolás Bautista Ovando, junto a otros servidores públicos y elementos policiales. Pedían que se confrontara el perfil genético de los restos atribuidos a él y que se aplicara la ley contra quienes habrían participado en la simulación. Las lonas sugerían, además, que el hombre seguía vivo, con el rostro alterado, usando otro nombre y moviéndose desde otra región del país.

Esas lonas no surgieron en el vacío. Llegaron después de meses en los que la estructura conocida como La Barredora había recibido golpes visibles —la detención de Bermúdez en Paraguay y su traslado a El Altiplano, la captura de Ulises Pinto Madera “El Mamado”, la de otros operadores— y después de que un testigo colaborador de la Fiscalía General de la República, identificado con las iniciales C.T.D.R., declarara en mayo de 2025 que en 2022 a El Prada se le había dado por muerto, que se había sometido a cirugía en las orejas y parte de la cara, y que había tramitado un pasaporte con otra identidad precisamente para pasar desapercibido. El mismo testigo relató que se lo contó el propio Hernández Montejo en unas oficinas de la colonia Tamulté. En cateos relacionados con Bermúdez se localizó incluso un acta de defunción a nombre de Daniel Hernández Montejo. Las lonas de noviembre de 2026 no inventaron el relato; lo convirtieron en demanda pública y lo dirigieron a las mismas instituciones que, durante años, aparecieron en documentos de inteligencia del Ejército y en investigaciones federales como parte del entorno que permitió la consolidación del grupo.

Daniel Hernández Montejo, también llamado Yeison Daniel Hernández Montejo, El H o Chichirria, no fue un sicario de segunda línea. Ingresó a la organización como brazo armado de Gabriel Gómez Vázquez “Indeco” y ascendió hasta quedar bajo las órdenes directas de Bermúdez Requena, a quien el hampa tabasqueño conocía como Comandante H, El Abuelo o El Munra. Fue él quien, según el testigo de la FGR, empezó a bautizar las mantas con la leyenda “Atentamente La Barredora” y a quien se le atribuye la autoría del nombre mismo del grupo. Su función principal combinaba el control del narcomenudeo en zonas clave —Cárdenas, Nacajuca, Centla, Tacotalpa, Centro, Macuspana, Jalapa, Paraíso y varias colonias de Villahermosa— con la desaparición o ejecución de quienes se oponían a las decisiones internas. Llegó a tener a su cargo entre doscientos y trescientos personas dedicadas a la venta de droga y de treinta a cuarenta siempre armados. También participó en el huachicol, en extorsiones y en el control de rutas.

La Barredora no nació de la nada. Documentos militares de 2019 a 2022 y las investigaciones posteriores de la FGR sitúan su consolidación en paralelo al gobierno de Adán Augusto López Hernández (2019-2021). Bermúdez fue nombrado secretario de Seguridad en diciembre de 2019 y permaneció en el cargo durante la administración interina de Carlos Merino. Informes de inteligencia del Cenfi y el Cerfi ya vinculaban entonces a Bermúdez y a otros mandos —incluido, en algún momento, a Nicolás Bautista Ovando cuando era vicefiscal— con estructuras previas derivadas de Los Zetas, en particular con la figura de Trinidad Alberto de la Cruz Miranda “El Pelón de Playas”. El grupo se dedicó al robo de combustible, al tráfico de migrantes, a la extorsión, al secuestro, a la venta de drogas y al control de penales. En diciembre de 2023 se produjo la fractura interna más violenta: un enfrentamiento en la casa de Bermúdez en el Campestre de Tabasco 2000 derivó en balaceras, quema de vehículos y negocios, y ataques en Villahermosa y otros municipios. De esa ruptura emergieron facciones. Una quedó más alineada con Bermúdez; otra, en la que El Prada asumió un papel cada vez más central, mantuvo disputas y, en ciertos momentos, contactos o rivalidades abiertas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Entre 2023 y 2024 el propio CJNG difundió videos amenazándolo directamente y acusándolo de tener compradas a las autoridades.

Tras las detenciones de 2025, El Prada quedó como el eslabón de la cúpula original que seguía prófugo. Reportes de seguridad federal lo señalaron como objetivo prioritario y como el hombre que, desde la sombra, coordinaba los remanentes de la estructura, integrada todavía por ex policías estatales. En julio de 2026, después de la captura de Bermúdez, el grupo envió el mensaje de que “aquí seguimos” y que El Prada permanecía al mando de células. Las lonas de noviembre no solo cuestionan si está muerto: plantean que la simulación habría servido para protegerlo mientras la organización se reacomodaba y mientras las investigaciones federales y estatales avanzaban contra otros. El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, minimizó los mensajes como “amenazas entre ellos”. La Guardia Estatal retiró algunas lonas y la Fiscalía abrió indagatoria. Pero la minimización choca con el historial documentado: un testigo protegido que describe la cirugía y el cambio de identidad, un acta de defunción localizada en operativos, y la persistencia de violencia atribuida a los remanentes del grupo en la zona metropolitana y en municipios de la Chontalpa.

En Tabasco, El Prada representa algo más que un apodo. Encarna el momento en que una célula criminal dejó de ser un grupo de sicarios y pasó a operar con cobertura institucional, con control de plazas de droga y de hidrocarburos, y con la capacidad de colocar mantas firmadas que las autoridades tardaron años en investigar de fondo. Su presunta muerte simulada, si es cierta, ilustra hasta qué punto la impunidad puede fabricar certificados de defunción para que un operador de primer nivel desaparezca de los expedientes sin dejar de mover la estructura. Si es falsa, las lonas son otra pieza de la guerra de mensajes entre facciones que disputan el territorio. En cualquiera de los dos escenarios, el fenómeno revela la misma fragilidad: una delincuencia que aprendió a usar el aparato de seguridad estatal como plataforma y que, años después de que sus principales protectores cayeran o renunciaran, sigue capaz de hacer aparecer, de noche, en jardines de niños y en puentes peatonales, la pregunta que las instituciones aún no han contestado con un perfil genético y con una investigación que no se detenga en la superficie de las lonas.

Las rancherías de Centro no son el centro del poder. Son el lugar donde el poder criminal y el poder político se cruzan de manera visible cuando las estructuras se sienten amenazadas. Las lonas de este mes no resolvieron nada. Solo devolvieron a la calle, con letras grandes, una duda que lleva años circulando en declaraciones ministeriales, en documentos de Sedena y en los expedientes federales: si el hombre que bautizó a La Barredora y que controló parte de sus zonas de venta sigue o no entre los vivos, y quién, dentro de las instituciones que debieron perseguirlo, tuvo interés en que el mundo creyera lo contrario.


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