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La transformación bajo la lupa: menos pobreza, mejores salarios y nuevos retos en salud, seguridad y empleo.

FILIBERTO JIMÉNEZ J.

México vive una etapa política que ya forma parte de su historia contemporánea. Desde diciembre de 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia de la República, el movimiento de la Cuarta Transformación comenzó a modificar las prioridades del gobierno federal. La llegada de Claudia Sheinbaum en octubre de 2024 representó la continuidad de ese proyecto político, ahora frente a una nueva etapa de exigencias sociales y económicas.

Ocho años después, el balance no puede reducirse a una celebración de los resultados ni a una condena generalizada. La realidad exige reconocer los avances, señalar los errores y, sobre todo, identificar aquello que todavía no se ha resuelto.

En materia de pobreza, los resultados muestran una disminución significativa. México pasó de 51.9 millones de personas en situación de pobreza en 2018 a 38.5 millones en 2024. El incremento de los salarios, las transferencias sociales y la recuperación de los ingresos laborales forman parte del contexto de esta mejoría.

Pero hay otra cara de la moneda: millones de mexicanos continúan sin acceso suficiente a derechos fundamentales. La reducción de la pobreza no significa que se haya alcanzado el bienestar generalizado.

El caso de la salud resulta particularmente preocupante. La carencia de acceso a servicios médicos pasó de 20.1 millones de personas en 2018 a 44.5 millones en 2024. Aunque hubo una recuperación respecto de 2022, el indicador permanece muy por encima del nivel anterior a la llegada de Morena al gobierno.

En seguridad también existe un panorama de contrastes. Las cifras oficiales registran una disminución importante de los homicidios dolosos durante los últimos dos años. Sin embargo, la extorsión, las desapariciones y la violencia que padecen numerosas comunidades siguen siendo problemas que demandan atención permanente.

En el terreno laboral, el crecimiento del empleo formal y la recuperación del salario mínimo constituyen cambios relevantes. No obstante, más de la mitad de la población ocupada continúa en la informalidad. Trabajar no siempre significa tener estabilidad, seguridad social o posibilidades de construir un patrimonio.

La pregunta que debe acompañar este balance es si los avances económicos están llegando de manera equitativa a todas las regiones y sectores de la sociedad.

Para el sureste mexicano, la discusión adquiere una dimensión especial. Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo tienen realidades distintas, pero comparten desafíos relacionados con infraestructura, servicios médicos, oportunidades laborales, desarrollo rural y desigualdad territorial.

La transformación nacional debe medirse también en las comunidades más alejadas de las capitales, donde una carretera en buenas condiciones, un hospital abastecido, un empleo digno o una escuela equipada pueden representar una diferencia decisiva.

UNA TRANSFORMACIÓN QUE DEBE SEGUIR RINDIENDO CUENTAS

Ocho años después, Morena puede presentar resultados favorables en reducción de pobreza, salarios y empleo formal, pero también enfrenta cuestionamientos legítimos en materia de salud, seguridad y calidad de los servicios públicos.

La continuidad de un proyecto político no elimina la obligación de corregir sus deficiencias. Por el contrario, aumenta la responsabilidad de demostrar que las decisiones tomadas están produciendo beneficios duraderos.

México no necesita gobiernos que solamente defiendan sus cifras ni oposiciones que únicamente desacrediten los resultados. Necesita instituciones que midan, ciudadanos que cuestionen y autoridades que respondan.

La verdadera transformación no se determina por el nombre de un movimiento, la popularidad de un presidente o la fuerza de un partido. Se determina por la posibilidad de que una familia viva con tranquilidad, tenga acceso a la salud, consiga un empleo digno y encuentre oportunidades para sus hijos.

Ocho años después, la historia todavía está escribiéndose. Los avances deben reconocerse, los errores deben corregirse y las deudas sociales deben atenderse. Porque el bienestar de México no puede ser una promesa permanente: debe convertirse en una realidad cotidiana.


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