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REPORTE MAYA | REDACCIÓN | Carlos Alberto Canabal Ruiz, de 52 años, abogado y empresario originario de Tabasco, fue detenido la tarde del 16 de noviembre de 2026 en la colonia Altabrisa de Mérida, sobre la calle 22 entre la 15 y frente a las instalaciones de DHL. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Yucatán, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y fuerzas federales, ejecutaron una orden de aprehensión emitida por un juez de control de la Ciudad de México por el delito de administración fraudulenta, en perjuicio de una empresa. Tras la captura, quedó bajo resguardo de las autoridades yucatecas en espera de su traslado a la capital del país para enfrentar la audiencia inicial.

La orden corresponde a un expediente distinto del proceso penal que ya enfrentaba por un presunto quebranto de 531 millones de pesos en perjuicio de la empresa LV. El abogado Xavier Olea Trueheart, representante legal de LV, precisó que la nueva investigación gira en torno a contratos celebrados entre Inteligencia México (o Intelligencia México) y la financiera Unifin. LV y Canabal figuraban como accionistas de esa empresa, que en 2017, durante la administración municipal de Remberto Estrada (Partido Verde Ecologista de México), obtuvo la concesión del servicio de recolección y disposición de residuos sólidos en Benito Juárez (Cancún) por un plazo de hasta 20 años, con vigencia a partir de 2018.

La compañía carecía de capital propio suficiente para operar. Recurrió a préstamos y al arrendamiento de alrededor de 68 camiones recolectores que no liquidó, acumulando adeudos superiores a 270 millones de pesos con sociedades financieras, entre ellas Unifin. Esta última, una de las arrendadoras más grandes del país, anunció en agosto de 2022 que no podía cumplir sus obligaciones tras detectarse irregularidades en el manejo de sus fondos y colapsó con una deuda superior a 80 mil millones de pesos, en el contexto de la crisis de las sociedades financieras de objeto múltiple no bancarias.

La concesión enfrentó irregularidades documentadas desde su origen: cláusulas favorables en exceso a la empresa, vicios en el proceso de licitación y cesión de derechos. En 2020, bajo la administración de Mara Lezama, el Ayuntamiento intervino el servicio por incumplimientos operativos que provocaron acumulación de basura y una crisis de salud pública en Cancún. Aunque la empresa obtuvo amparos favorables que le permitían retomar el servicio, este ya había sido reasignado a Red Ambiental. El conflicto municipal se resolvió posteriormente con un acuerdo de indemnización de alrededor de 10 millones de pesos, muy por debajo de las cifras que en algún momento reclamó la empresa o que Canabal ha mencionado públicamente (hasta 900 millones). Canabal ha sostenido que el municipio le adeuda esa suma por una terminación unilateral y ha calificado las acciones judiciales en su contra como persecución política y fabricación de carpetas.

Su trayectoria incluye el breve paso como presidente municipal interino de Benito Juárez entre 2004 y 2005, cuando sustituyó a Juan Ignacio “Chacho” García Zalvidea (PRD), quien solicitó licencia para contender por la gubernatura. Ambos enfrentaron inhabilitación de un año por irregularidades en declaraciones patrimoniales; en el caso de Canabal hubo además señalamientos de enriquecimiento inexplicable que él desmintió con documentos de adquisiciones previas al cargo. Durante esa gestión se modificó el Programa de Desarrollo Urbano, facilitando cambios de uso de suelo y edificaciones de mayor altura en la zona hotelera, lo que generó críticas por sobredensificación.

Después de la política, consolidó negocios en medios (propietario y director del periódico La Verdad en Quintana Roo y Yucatán, y de Meta Medios) y en residuos. Auditorías de la Auditoría Superior de la Federación señalaron contratos de Meta Medios con la Sedatu por más de 35 millones de pesos en 2017 por material audiovisual sobre acciones post-sismo que no se acreditó que se hubiera prestado; otras operaciones de medios también fueron observadas. Su nombre apareció en investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera por posible enriquecimiento inexplicable.

En el frente penal, fue detenido el 9 de febrero de 2024 en la zona de Tulum (carretera Playa del Carmen-Tulum) por la administración fraudulenta de 531 millones contra LV, vinculada a la operación de Inteligencia México. Fue procesado en Nuevo León, recluido inicialmente en el penal de Apodaca y después, por razones de salud, en prisión domiciliaria en San Pedro Garza García con brazalete electrónico y custodia. En marzo de 2025 un juez federal de Zacatecas ordenó el retiro del geolocalizador. El 26 de abril de ese año dejó el domicilio. Un juez lo declaró sustraído de la justicia y se giró orden de reaprehensión, que no se ejecutó por un amparo en trámite. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo lo investiga por delincuencia organizada, blanqueo de capitales, operación con recursos de procedencia ilícita y encubrimiento de operaciones financieras irregulares, en el marco del mismo expediente de 531 millones.

La detención en Mérida cierra 19 meses de sustracción a la acción de la justicia, aunque por una causa distinta. El caso ilustra el cruce entre concesiones municipales de servicios públicos, financiamiento privado sin garantías suficientes, incumplimientos operativos que afectaron a la ciudadanía y litigios mercantiles convertidos en causas penales en distintas jurisdicciones. Las reclamaciones de persecución política coexisten con un rastro documental de deudas no pagadas a socios y financieras, observaciones de auditorías federales, crisis de servicio público y uso de amparos y medidas cautelares que permitieron la fuga. Las autoridades no han precisado el monto exacto imputado en el nuevo expediente de Unifin. Canabal será puesto a disposición del juez de la Ciudad de México, mientras el proceso de Quintana Roo permanece en suspenso por el amparo.


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