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REPORTE MAYA | REDACCIÓN | El Cabildo de Playa del Carmen aprobó de forma unánime la reforma a la Ley de Hacienda que eleva el Derecho de Saneamiento Ambiental de 30 a 65 por ciento de una Unidad de Medida y Actualización y lo convierte en un cobro fijo por habitación y por noche a partir de 2027. La medida, que aún debe ser avalada por el Congreso del Estado, también se extiende de manera explícita a las rentas vacacionales y exige el pago anticipado al momento del registro o de la salida para cerrar posibles vacíos legales. El municipio calcula que con el nuevo esquema recaudará 711 millones de pesos por este concepto, alrededor de un 25 por ciento más de lo estimado para el año en curso, dentro de una Ley de Ingresos que proyecta un presupuesto superior a los 5 mil millones de pesos, de los cuales 4.5 mil millones provendrán de recursos propios.

En pesos corrientes, con el valor vigente de la UMA de 117.31 pesos, el nuevo cobro equivale a aproximadamente 76 pesos por cuarto cada noche. Antes, una pareja pagaba el equivalente a 50 por ciento de la UMA, cerca de 59 pesos; ahora el cargo sube a 76 pesos, un incremento de unos 17 pesos por noche. Para una sola persona el salto es mucho mayor: de poco más de 35 pesos a los mismos 76. Cuando entre en vigor la UMA de 2027, estimada en torno a 121 o 122 pesos, el derecho se ubicará cerca de los 79 pesos por habitación. Aunque las notas oficiales hablan de un alza de más del 110 por ciento por el cambio de porcentaje, el impacto real depende del número de ocupantes: resulta moderado para habitaciones dobles y elevado para las de ocupación individual, que son frecuentes entre viajeros independientes y en estancias cortas.

La aprobación llega en un momento de clara fragilidad. Durante 2025 y buena parte de 2026 el destino enfrentó una combinación de sargazo persistente, un peso fuerte que encareció México para el mercado estadounidense, preocupaciones de seguridad y una caída en la llegada de visitantes internacionales. Pequeños hoteles reportaron ocupaciones tan bajas como 18 o 30 por ciento en los meses más duros, mientras en la Quinta Avenida cerraron negocios y la actividad comercial se contrajo. Fitch Ratings advirtió alto riesgo crediticio y probabilidad de incumplimiento en la deuda de corto plazo, con un saldo de deuda ajustada cercano a los 736 millones de pesos, gasto operativo elevado y una dependencia extrema de los ingresos propios ligados al turismo, que representan alrededor del 86 por ciento de los recursos municipales. Aunque noviembre de 2026 ha mostrado signos de recuperación, con ocupaciones que en varios segmentos alcanzan entre 70 y 85 por ciento impulsadas por turismo canadiense y europeo, la base sigue siendo frágil y la temporada baja continúa siendo sensible.

Los recursos adicionales se destinarían al fideicomiso del Derecho de Saneamiento Ambiental, que ya contempla proyectos de monitoreo de la calidad del agua, estudios de contaminación del subsuelo y del acuífero, y refuerzo del combate al sargazo. Esa inversión es necesaria para preservar el principal activo del destino. Sin embargo, el alza se suma a otros cargos que ya pesan sobre el visitante, como el Visitax estatal y el Derecho de No Residente federal, que también aumenta. En un mercado que compite con destinos caribeños más baratos o menos afectados por el sargazo, cualquier incremento en el costo final de la estancia puede reducir la estancia promedio, desalentar reservas de viajeros sensibles al precio o desviar parte del flujo hacia otras playas.

Para la economía local el efecto es de doble filo. Por un lado, el municipio obtiene más ingresos propios en un momento de presión financiera y puede solventar servicios, seguridad y el mantenimiento ambiental que sostiene la competitividad del producto. Por otro, si el volumen de turistas o la duración de las estancias se resienten, se pierden ingresos por licencias, predial, consumo y empleo en restaurantes, comercios, transporte y servicios. Los pequeños hoteles y las rentas vacacionales, que ahora quedan plenamente incorporadas al esquema, son los que más sentirán el peso relativo del cargo. La formalización de las plataformas nivela la competencia con el sector hotelero formal, pero también encarece una oferta que ha sido importante para atraer a ciertos segmentos. Históricamente ha habido quejas sobre la transparencia y la visibilidad de los resultados del dinero recaudado; si las playas y el entorno no muestran mejoras proporcionales, el costo adicional puede percibirse como una carga sin retorno y erosionar aún más la confianza de operadores y visitantes.

La aprobación unánime del Cabildo refleja un consenso político local sobre la necesidad de fortalecer los recursos propios. No obstante, el sector hotelero ya ha mostrado resistencia a aumentos similares en otros cargos turísticos, precisamente porque el Caribe mexicano atraviesa una recuperación incompleta y enfrenta competencia regional. El resultado final dependerá de si el Congreso estatal confirma la reforma, de cómo se comunique y aplique el cobro, y de si los recursos se traducen en mejoras visibles que justifiquen el costo adicional ante un turista que ya paga por varios conceptos y que puede elegir otros destinos. En un municipio cuya economía gira casi por completo alrededor del turismo, subir el derecho ambiental en más del doble en términos de tasa, aunque el impacto por noche sea de decenas de pesos, constituye una apuesta por recaudar más hoy a cambio de no debilitar más la demanda que genera esos mismos ingresos.


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