En plena crisis Guillermo Brahms defiende renta de Jeeps por 48 mdp: “Es más barato que comprar”, asegura
REPORTE MAYA | REDACCIÓN | Playa del Carmen atraviesa una de las etapas más tensas de sus finanzas públicas. La calificación crediticia ha sido rebajada a niveles de alto riesgo por retrasos en pagos, las deudas de corto y largo plazo se mantienen por encima de los 500 millones de pesos, los pasivos circulantes superaron en su momento los 889 millones y el anterior tesorero renunció en medio de auditorías y señalamientos por presuntas irregularidades. En ese escenario, el actual tesorero municipal, Guillermo Brahms González, salió este día a “dar la cara” por un contrato de arrendamiento de vehículos de lujo que compromete hasta 48 millones 528 mil 595 pesos del erario hasta agosto de 2027.
El funcionario confirmó la existencia del convenio multianual —identificado como DAL/LP/ARR/006/2025— firmado con Arrendadora de Bienes y Muebles e Inmuebles, S. de R.L. de C.V., representada por Gabriela Evelia Vélez. El instrumento contempla ocho Jeep Wrangler Unlimited Sahara 4×4 Turbo 2.0 litros y cuatro Toyota Hilux DSL TA automáticas, modelo 2024. Una vez entregadas todas las unidades, la mensualidad asciende a un millón 565 mil 438 pesos con 56 centavos, IVA incluido. Se trata de un arrendamiento puro: al término del contrato el municipio devuelve las camionetas y no conserva ningún activo ni valor residual. No hay anticipo. El documento lleva las firmas de la presidenta municipal Estefanía Mercado, del entonces tesorero Javier Regalado Hendricks y del propio Guillermo Brahms, quien en ese momento fungía como oficial mayor.
Entrevistado durante la sesión extraordinaria de Cabildo en la que se avaló la iniciativa de Ley de Ingresos, Brahms González fue claro: “Desde que llegué a la Tesorería no se ha pagado nada de ese contrato. Estamos revisando precios”. Añadió que llegó al cargo con la instrucción expresa de la alcaldesa de investigar todos los contratos adquiridos. El asunto, reconoció en otros momentos, “está muy caliente” y había que salir a explicar. Sin embargo, lejos de rechazar el esquema, lo defendió. Sostuvo que en las instancias de gobierno es usual rentar vehículos bajo contrato precisamente por todos los gastos que implica el desgaste de las unidades. El proveedor, dijo, se encarga de las refacciones, llantas, posibles daños, seguros y otros conceptos. Por ese motivo negó que sea más viable comprar estos vehículos.
La defensa se produce en un contexto en el que el propio tesorero ha reconocido las dificultades financieras del municipio y la necesidad de ordenar proveedores y contratos. El contrato fue suscrito antes de su llegada a la Tesorería, pero con su firma como oficial mayor. La empresa arrendadora tiene un objeto social amplio y heterogéneo, y su domicilio registrado ha sido cuestionado por no mostrar actividad comercial visible, lo que alimenta las dudas sobre la procedencia y la conveniencia de la asignación. Analistas y ciudadanos han señalado que el monto total representa entre 3.5 y más de 4 veces el valor comercial de las unidades, dependiendo de las cotizaciones de referencia, y que con esa cantidad se habrían podido adquirir las camionetas —o unidades más austeras— y aún sobraría para mantenimiento durante varios años, dejando un patrimonio al municipio.
Brahms insistió en que el contrato se revisa a fondo y que existen mecanismos de terminación anticipada, pero al mismo tiempo sostuvo la lógica de que rentar resulta más conveniente por los servicios incluidos. La presidenta municipal le encomendó revisar “todos y cada uno de los contratos”, y el tesorero repitió que no se ha erogado un peso desde su arribo. No obstante, el reconocimiento de la vigencia del instrumento y la justificación de que “es mejor rentar que comprar” llega en el momento en que Playa del Carmen enfrenta presión de liquidez, elevado gasto operativo, deudas heredadas y el escrutinio de calificadoras que mantienen al municipio en zona de alto riesgo crediticio.
El contraste resulta evidente. Mientras se argumenta la necesidad de disciplina financiera y se revisan contratos heredados o firmados bajo la administración actual, se mantiene la disposición a cubrir un compromiso millonario por el uso temporal de doce camionetas de alta gama destinadas, según el contrato, a distintas áreas del gobierno municipal. El uso operativo concreto no ha sido detallado públicamente. En un municipio que ha registrado retrasos en obligaciones, ha tenido que liquidar de forma anticipada créditos de corto plazo y aún proyecta amortizar deudas de largo plazo superiores a los 500 millones, la decisión de priorizar la renta de vehículos de lujo —y la aceptación expresa de que se pagará porque resulta más barato que adquirirlos— ha reavivado las acusaciones de opacidad y de asignación cuestionable de recursos públicos.
Guillermo Brahms González ha dicho que el tema se investiga y que no se ha pagado. También ha dicho que el esquema es normal y que conviene más rentar. En Playa del Carmen, donde las arcas municipales cargan con el peso de crisis crediticia, pasivos elevados y la sombra de irregularidades previas, esa doble declaración convierte el contrato de 48 millones en el centro de un escándalo que no se disipa con la sola afirmación de que “estamos revisando”. El erario, por ahora, sigue comprometido.
