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CHETUMAL | La gobernadora Mara Lezama Espinosa señaló que será la Fiscalía General del Estado la que deba informar sobre la detención de Lili Campos Miranda, al ser cuestionada sobre la expresidenta municipal de Solidaridad (hoy Playa del Carmen). Al concluir el desfile cívico-deportivo por el Aniversario de la Revolución, recordó que la Fiscalía es un órgano autónomo y que ella no tiene injerencia en su actuar. Afirmó que “siempre lo decimos. Somos muy claros, somos transparentes y decimos la verdad”. Destacó que en el desfile de este 20 de noviembre participaron más de 7 mil personas.

Por su parte, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, confirmó que la Contraloría del ayuntamiento (Órgano Interno de Control) mantiene expedientes contra varios funcionarios de la anterior administración y de la actual. Aclaró que la información de este caso la debe dar la autoridad competente y que el municipio solo debe coadyuvar y pedir que se respete la ley.

Opinó que lo ocurrido es un mensaje para todos quienes ejercen un cargo público, no solo los de la administración de Lili Campos, sino también los actuales: “Hay que administrar de manera correcta los recursos del pueblo y ejercer el poder de manera cercana y honesta”. Añadió que es el Órgano Interno de Control el que debe proporcionar las evidencias contra los funcionarios o exfuncionarios que “se portaron mal”.

Dijo que no quería especular sobre el caso ni violar el debido proceso, por lo que no se pronunció más al respecto, e indicó: “Nos toca seguir gobernando y estar cerca de nuestra gente. Estamos en un proceso interno, tenemos mucho trabajo”.

Lili Campos Miranda, quien gobernó Solidaridad de 2021 a 2024, fue detenida el jueves 19 de noviembre a las 19:47 horas en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México, en la colonia De la Unión Zapata, y quedó a disposición de la Fiscalía General de la República en Tacubaya, con estatus de traslado.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo la acusa del delito de uso indebido de atribuciones y facultades por el presunto pago de 62 millones de pesos a una empresa para la limpieza de vehículos de Servicios Públicos, un servicio que las investigaciones señalan como simulado, derivado de tres licitaciones otorgadas entre 2022 y 2024 para el lavado de un parque vehicular de 123 unidades, con reportes de hasta 865 servicios en un solo mes. La orden de aprehensión proviene de Quintana Roo y se prevé su traslado para que un juez de control resuelva su situación jurídica.


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