A pesar del “NO” rotundo, publican ‘ley chaleco’ en Quintana Roo
27 Jul. 2024 11:45 am
Chetumal.- Para protestar en contra de la rotulación de las placas a los cascos y chalecos, grupos de motociclistas realizaron marchas en los 11 municipios de Quintana Roo; sin embargo, la normatividad aprobada por el Congreso del Estado el miércoles pasado, ya fue publicada en el Periódico Oficial del Estado.
Los protestantes aclararon que el hecho de portar las placas como lo sugiere el gobierno del estado, no significa que bajará el índice delincuencial “porque el delincuente no sólo anda en moto, para delinquir son muchas maneras”.
De acuerdo con los manifestantes, esta obscura y perversa medida, proveniente de otros países y que ahora es propuesta generada en varias entidades de la República Mexicana por algunos políticos oportunistas en busca de reflectores debido a la sensibilidad del tema, quienes sin contar con ningún estudio técnico que compruebe su eficiencia para resolver problemas relacionados con la inseguridad y la violencia, buscan implementar esta medida contraria a la democracia, la cual no ha demostrado ser la solución, como así lo han comprobado los resultados de los países donde se ha implementado esta medida, pues la inseguridad debe atenderse de manera integral y no solo con políticas que lejos de solucionar un problema de la sociedad, crean uno más grave sin solucionar el primero.
Mientras otras normas permanecen archivadas durante meses, “la ley chaleco” ya fue publicada por el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
Asociaciones de “moto repartidores”, “moto taxistas” y clubes de “bikers” preparan actos de protesta social y acciones legales para combatirle.
La noche del miércoles reciente la XVII Legislatura aprobó con celeridad reformas a la Ley de Movilidad de Quintana Roo.
Ahora ya se regulariza la operación de moto taxis en islas y todos los motociclistas quedan obligados a portar un chaleco y casco matriculado.
El reducir la inseguridad, pues según la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y Fiscalía General del Estado (FGE) el 85 por ciento de los delitos de alto impacto en Quintana Roo son cometidos en motocicletas; fue el argumento para aprobarle.
Por primera ocasión, el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (Imoveqroo) dotará del chaleco. Se destinarán 42 millones 156 mil 103 pesos para la adquisición de los aditamentos. Después deberán ser adquiridos por los motociclistas.
Al ser considerada normatividad recaudatoria, ha habido movimientos de protesta social, que derivaron en bloqueos carreteros, los cuales quedaron desactivados mediante la instalación de mesas de diálogo iniciadas ayer.
A ese encuentro realizado en el C-5 de Cancún acudieron integrantes de un moto club, pero los motociclistas de la entidad no se sintieron representados, por eso desarrollarán sus movimientos alternos, afirmó el representante de Moto Servicio León, Alberto Flores Andrade.
“Nos están dando atole con el dedo y nosotros vamos a defendernos por nuestra parte, porque estuvimos dispuestos a las negociaciones, pero los diputados no”, advirtió.
En tanto, el uso del chaleco y casco “matriculados” ya es obligatorio, pues a menos de tres días de su aprobación, ya fue publicada la Ley sin ninguna modificación.
De darse cambios en los reglamentos serán en función de las negociaciones con los motociclistas.
Es de llamar la atención que esta norma haya sido publicada con celeridad y todo indica hay intereses diversos detrás.
Y es que hay leyes aprobadas desde hace meses y no han sido publicadas. Una de ellas es la cual sanciona hasta con pena corporal el conducir bajo influjos del alcohol, que continúa archivada en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.
El representante de la Asociación de Motociclistas Chetumal, Víctor Pérez Sourcia, adelantó esta noche sostendrán reunión en el Parque Renacimiento, para definir estrategias y combatirle.
Habrá protestas y se promoverán amparos porque la fundamentación de la “ley chaleco” es injustificada.
Inclusive, el diputado Julián Ricalde Magaña ya anticipó que tal reforma será abrogada.
El grave problema que se genera, atenta contra los derechos de aquellos que son los más vulnerables del tejido social, aquellos que utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo, para trasladarse a sus labores, para ir o llevar a sus hijos a la escuela, aquellos que a partir del uso de la motocicleta han logrado mejorar su calidad de vida, gracias a su bajo costo y reducido consumo de gasolina, aquellos que no pueden darse el lujo de que por una nueva “infracción” de tránsito que genera corrupción y abusos con el pretexto de la seguridad pública, tengan que entregar su moto a un depósito vehicular, pues los costos que esa multa genera significarían que no tuviera el dinero suficiente para algo tan básico como llevar el alimento a su familia al final de la semana, por lo cual al no poder generar más ingresos esa semana, pues ya no pueden apretar más el presupuesto que gasta en salud, alimentación y el propio transporte de ellos y sus familias, termina por nunca recuperar la motocicleta del depósito y verse afectado en su patrimonio y muchas veces conservando la deuda de la moto aun.
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