Mina de Vulcan Material: herencia de corrupción y tráfico de influencias de gobiernos priistas a la 4T
29 Sep. 2024 3:55 pm
PLAYA DEL CARMEN.- Independientemente de que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó la expropiación de la mina de Calica disfrazada en un decreto de Área Natural Protegida (ANP) y que provocó una amenaza velada de congresistas estadunidenses contra la presidenta electa Claudia Sheinbaum, realmente es un problema que le heredaron gobiernos priistas a través de actos de corrupción y tráfico de influencias encabezados por el ex gobernador Pedro Joaquin Coldwell.
En litigio llego a niveles de advertencias que rayan en amenazas contra México, pues los congresistas estadounidenses condenaron enérgicamente lo que calificaron como “acciones ilícitas para expropiar terrenos y puerto de la empresa Vulcan Material: “Durante años, a través de cartas, reuniones y conversaciones directas, les hemos comunicado a usted y a sus colegas que el actual maltrato a Vulcano no se mantendrá. Esta acción más reciente representa un abuso de confianza”, le dicen en una carta enviada al Embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma fechada el pasado 25 de septiembre.
Señalaron que México se había comprometido a promover y proteger las inversiones extranjeras, “pero esta acción indica a Estados Unidos y al mundo que no se puede confiar en México…Esta conducta erosionará la relación entre Estados Unidos y México en lo que respecta al comercio y a la política comercial”, agregaron los 17 congresistas estadunidenses firmantes en la misiva.
Abundaron que las acciones por parte del gobierno mexicano establecen un nuevo y peligroso precedente para la relación bilateral y socava valores fundamentales de confianza y el Estado de derecho, dos claves esenciales para las relaciones comerciales;” Las acciones de México hacia Vulcan y el deterioro del Estado de derecho serán una parte de la revisión de 2026 del Tratado Comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC)”, advirtieron.
Por último, aseguraron que estar abiertos al dialogo para arreglar estos hechos con el objetivo de hacer crecer ambas economías y mejorar las comunidades de los dos países, y expresaron su esperanza en que el próximo gobierno mexicano reevalúe las acciones.
Tras señalar que les gustaría encontrar formas productivas de hacer crecer ambas economías, indicaron que “desafortunadamente, la expropiación de una empresa estadounidense legalmente permitida que ha operado de manera irreprochable durante 40 años en México resta valor seriamente a esa visión compartida”, refirieron los legisladores estadunidenses Gary J. Palmer, Barry Moore, Beth Van Duyne, Mike Rogers, Aaron Bean, Terri A. Sewell, Dale W. Strong, Jerry L. Carl, Salud Carbajal, Robert B. Aderholt, Thomas H. Kean Jr., Maria Elvira Salazar, Chuck Edwards, Jay Obernolte, Vicente Gonzalez, August Pfluger y Jimmy Panetta.
La carta sale un día después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador negara que el gobierno de México se encuentre expropiando la minera Calica, filial de Vulcan Materials, aclarando que la zona donde se halla está declarada como Área Natural Protegida, lo que impide que la empresa estadunidense opere.
La estadunidense Vulcan Materials Company, mediante su filial Calizas Industriales del Carmen, S.A. de C.V., (Calica), hoy Sac Tun, a un costado del parque Xcaret, ha extraído durante 30 años roca caliza para ser aprovechada en Estados Unidos, devastando el medio ambiente en esa zona de la Riviera Maya. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador clausuró la mina y, en medio de un arbitraje internacional, la administración federal planeaba hacer un complejo turístico en su lugar, hoy, por decreto ya es una ANP.
Los informes sobre la instalación de esa mina se remontan al oficio 451461 del 13 de marzo de 1986, cuando la Dirección de Terrenos Nacionales, dependiente de la Dirección General de Procedimientos Agrarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, autorizó el deslinde del terreno “de presunta Propiedad Nacional denominado Punta Venados”, solicitado por el tío de Pedro y Carlos Joaquín, el señor Miguel Joaquín Ibarra, con una superficie aproximada de mil hectáreas. Así como de los terrenos colindantes, ubicados al este, propiedad de su hermano Nassin Joaquín. En ese momento, los terrenos de La Rosita y La Adelita fueron ocupados también por la familia Joaquín, hoy ambos son propiedad de Vulcan Materials.
La Cuarta Transformació difundió que el proyecto Calizas Industriales del Carmen (Calica) en Quintana Roo, ahora propiedad de la empresa estadunidense Vulcan Materials, era de interés del gobierno encabezado por el presidente Miguel de la Madrid (1982-1988), por lo que familiares de Pedro Joaquín Coldwell le vendieron predios que tuvieron en posesión por tres y cuatro décadas. Con este plan se logró la construcción de una dársena en Cozumel para dar paso a los transbordadores y así facilitar el abasto de productos a la isla, sostuvo el ex mandatario estatal.
En su defensa Joaquín Coldwell aclaró que el socio original del proyecto en 1986 era ICA y se iba a establecer en un sitio ubicado entre la caleta de Xel-Há y la zona arqueológica de Tulum. “Me opuse porque se podían obstruir los ríos subterráneos que llegan a la caleta de Xel-Há. El gobierno federal buscó otro sitio y el que encontró fue ligeramente al sur de Playa del Carmen, frente a la isla de Cozumel”.
Agregó que esa ubicación planteaba varias ventajas. La primera era que el impacto ambiental era menor, ya que era una zona ganadera que ya estaba dañada por esta actividad, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vio la utilidad de hacer un puerto de altura en ese lugar. Declaró que al enterarse de que el proyecto de explotación de piedra caliza se haría en ese sitio, “informé al gobierno federal que ahí había predios de familiares míos. Eran terrenos que tenían en posesión desde unos 30 y 40 años antes, y se podía mal interpretar el hecho. El presidente De la Madrid me dijo que avalaba mi honestidad, pero la inversión era importante para el país, ya que se iba a ganar un puerto”.
Sus familiares, los Joaquín Alcerreca, tenían tres fracciones de terreno en esa zona. El predio denominado Punta Venado con título del gobierno federal de 1963 y la posesión pública, pacífica y continua por 40 años de los predios Adelita y La Rosita, que eran ranchos ganaderos, estos dos últimos fueron regularizados en los años 80 de siglo pasado por la Secretaría de la Reforma Agraria, detalló.
Los permisos que se entregaron a la empresa para el desarrollo de la explotación fueron de las secretarías de Desarrollo Urbano y de Comunicación y Transportes, así como del gobierno estatal, indicó. Luego de la divulgación de la Semarnat en una ‘mañanera’ en el que se señala que familiares suyos se vieron beneficiados con la venta de esos terrenos, precisó: no recibí ningún beneficio personal ni lícito ni ilícito de esa operación.
Recordó que el gobierno federal exigió a ICA que se hiciera la dársena para transbordadores y, al construirse, éstos pasaron de hacer tres horas en sus trayectos a una hora, así no hay problemas de abasto en la isla, que no produce nada y todo lo obtiene de la zona continental.
Con el proyecto se ganó un puerto pero desgraciadamente Vulcan no ha compartido o contribuido con el Estado mexicano en casos necesarios, como en la importación del balastro que se requería para el tramo 5 del Tren Maya. Lo más económico era comprarlo en Cuba y traerlo a Calica, de ahí al tramo 5 era una distancia muy corta, lo que lo hacía económica y logísticamente muy barato. Calica le negó al gobierno mexicano que los barcos atracaran en sus instalaciones.
También se supo que los familiares de Joaquín Coldwell compraron en los años 80 entre 8 y mil 346 pesos la hectárea, que después vendieron hasta en medio millón de pesos por cada hectárea, según el informe. Además, Joaquín Coldwell permitió el aprovechamiento sin permisos de cambio de uso de suelo forestal, y el 6 de agosto de 1986 los gobiernos federal y de Quintana Roo firmaron un convenio para autorizar la explotación sobre y bajo el nivel freático en los predios Punta Venado y La Rosita, menciona.
Explica que los familiares de Joaquín Coldwell, quien gobernó la entidad entre 1981 y 1987, vendieron los predios a la empresa Rancho Piedra Caliza, adquirida por Vulcan Materials Company, propietarias de Calizas Industriales del Carmen (Calica), hoy Sactun, que también cuenta con los predios La Adelita, La Rosita y Corchalito.
En los años 80, el predio La Adelita fue adquirido por mil 346 pesos la hectárea y nueve años después se vendió en 18 mil 483 pesos la unidad. El predio La Rosita lo compraron en mil 250 pesos por hectárea y cuatro meses después se vendió en medio millón de pesos. El Corchalito fue comprado en menos de 8 pesos la hectárea y dos años después lo vendieron en 18 mil pesos, indica el reporte.
La Semarnat menciona que la explotación de roca caliza se prolongó por más de tres décadas y el material se exportaba a Estados Unidos. La operación es considerada el desastre ambiental más grande de la península de Yucatán. Además de los permisos otorgados en los años 80, en 2000, al final del sexenio de Ernesto Zedillo, la Secretaría de Medio Ambiente dio un permiso de aprovechamiento en El Corchalito y La Adelita por 20 años, que vencieron en 2020.
El gobierno de AMLO ha documentado que en esa zona se afectaron manglares, selvas, fauna y se destruyeron 42 millones de metros cúbicos de suelo kárstico, que requiere millones de años en formarse y equivale a mil 835 pirámides de Kukulcán en Chichén Itzá. El informe señala que quedaron devastados al menos tres cenotes, el uso de explosivos contaminó el agua y se retuvieron más de 40 millones de metros cúbicos de agua subterránea, 20 veces más el volumen autorizado a la empresa, entre otras irregularidades.
Hay que recordar que el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), donde se ventila el litigio entre Vulcan Materials y el Gobierno mexicano, admitió considerar válido dentro del juicio el testimonio de Quetzal Tzab, representante de familias indígenas que acusan a la empresa estadounidense de contaminar el agua y el aire en Playa del Carmen.
La aceptación es en base a la extracción de más de dos décadas de operación de la mina Calizas Industriales del Carmen (Calica), Quetzal Tzab, representa más de 2,500 familias de Playa del Carmen y han interpuesto diversas denuncias en México contra Calica por daños a la salud de niños, así como deterioro ambiental y contaminación del acuífero subterráneo que yace debajo de las 2,400 hectáreas que posee esta mina para extracción de roca caliza.
Este testimonio ahora formará parte de las deliberaciones del CIADI en el litigio internacional por 1,900 millones de dólares que desde 2018 inició Vulcan Materiales en el marco del Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) contra al menos tres actos de distintos órdenes del gobierno mexicano que impiden a la empresa seguir extrayendo material pétreo desde Playa del Carmen.
El primero de estos actos inicia en 2009, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo del predio La Adelita, uno de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen. El cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en ese predio, que es su principal giro económico desde su llegada México en 1986.
El segundo acto de gobierno es la imposición de impuestos por el movimiento portuario en el muelle de Punta Venado en 2014, desde donde embarcan y movilizan la piedra triturada que exportan a Estados Unidos. Por último, Vulcan reclama como tercer agravio la clausura de otro de sus predios llamado El Corchalito, en 2017.
La clausura en 2022 de otro de sus predios, La Rosita, en mayo de 2022, sumó como nuevo componente al litigio. Aunque el presidente López Obrador pidió de manera pública en sus conferencias desde Palacio Nacional a Vulcan Materials abstenerse del arbitraje internacional contra México a cambio de un acuerdo, el litigio siguió su curso y el 11 de julio de 2022, el CIADI autorizó a la empresa la presentación de una reclamación adicional, relacionada con la clausura al muelle de Punta Venado y la clausura del predio La Rosita.
Esto dio inicio a una segunda fase del arbitraje y tuvo como consecuencia dos rondas adicionales de escritos y una audiencia en la que se autorizó a la empresa ampliar el monto actualizado de compensación exigido a México de 1,500 a 1,900 millones de dólares.
En 2023, Vulcan pidió protección a la administración de Joe Biden por lo que consideró como la amenaza de una toma de control del Gobierno de la propiedad en la Riviera Maya, y acusó que la oferta de compra del Gobierno de México infravaloraba profundamente los activos.
López Obrador había argumentado previamente la existencia de daños ambientales y envió a la Marina a ocupar el territorio.
La compañía ha dicho anteriormente que las acciones del Gobierno son ilegales y que agregaría las medidas más recientes a un caso de arbitraje en curso contra México; Vulcan señaló en octubre pasado que se enteró a través de la prensa que López Obrador tenía la intención de adquirir sus 2 mi 400 hectáreas de terreno por 360 millones de dólares, pero la empresa dijo que solo había recibido una tasación inadecuada de la propiedad, que incluye el puerto de Punta Venado y la cantera Sac Tun.
El decreto de AMLO, se fundamenta en el artículo cuarto de la Constitución, que garantiza el derecho a un ambiente sano. De las 53,227 hectáreas de la ANP, solo un 4.4% corresponde a las 2,387 hectáreas de propiedad de Vulcan. Con esta declaración, se prohíben todas las actividades extractivas, lo que significa que la empresa ya no podrá seguir extrayendo material para su exportación.
Como dato, el término Calica proviene del acrónimo de Calizas Industriales del Carmen, que es el nombre de una empresa dedicada a la explotación de materiales pétreos y que se fundó en 1986. En julio de este año, se había informado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) había realizado un avalúo de los terrenos pertenecientes a Vulcan Materials Company, la empresa propietaria de Calica, ubicada en Quintana Roo. El Gobierno de México había ofrecido una indemnización de 6,500 millones de pesos.
Bajo la encomienda de recuperar la zona antes de dejar la presidencia, el mandatario refirió en su momento: “Yo no me voy a ir sin resolver esto y la mejor forma de resolverlo es que se declare zona natural protegida todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente”,.
Datos para entender el litigio del Gobierno Mexicano contra Vulcan Materials
*Vulcan Materials es una empresa productora de agregados de construcción como piedra triturada, arena y grava. También se encarga de producir materiales para esta industria como el asfalto y el concreto premezclado.
*En 2022, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) acusó a la compañía de provocar severos daños ambientales con la explotación de material pétreo en el municipio de Solidaridad, Quintana Roo, además de señalarla de violar reiteradamente los permisos y operar con irregularidades.
*“La explotación de material pétreo debajo del manto freático ha causado graves daños ambientales, como la pérdida definitiva e irrecuperable del subsuelo”, mencionó la Profepa en un comunicado de 2022.
*Tras esta denuncia, la Semarnat clausuró la extracción de piedra caliza en Playa del Carmen por parte de Calica, luego de una inspección en el predio La Rosita para verificar si la compañía cumplía o no con las normas ambientales federales.
*La Semarnat destacó que en 2017 y 2018, la Profepa ya había clausurado y sancionado a la minera Calica por el aprovechamiento de la roca caliza en El Corchalito, bajo las normas del entonces vigente Tratado de Libre Comercio de América Latina.
*En octubre de 2023, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció sus planes para declarar como Área Natural Protegida los terrenos ocupados por Vulcan, argumentando que la empresa se había negado a aceptar una oferta que le hizo su gobierno para comprar las 2 mil 300 hectáreas que tiene en Playa del Carmen.
*Meses antes, el conflicto escaló y personal de Cemex junto con la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y agentes ministeriales tomaron las instalaciones de Vulcan en Punta Venado. Esto, luego de que no llegaran a un acuerdo con Calica.
*Ante la situación, Vulcan pidió protección a la administración de Joe Biden por lo que consideró una toma hostil de sus terrenos. La compañía estadounidense acusó que el gobierno mexicano tomaba su propiedad por la fuerza para forzarlos a aceptar una oferta que implica una profunda infravaloración de los activos.
*Dicha oferta, de unos 360 mil millones de dólares por las 2 mil 400 hectáreas de terreno, fue considerada por Vulcan como una valuación inadecuada de su propiedad, que incluye el puerto de Punta Venado y la cantera de Sac-Tun.
*Esta narrativa de acusaciones por daño ambiental contra Vulcan y la mina Calica se remontan a 2021, cuando el gobierno mexicano comenzó a ser señalado por la devastación de la selva que implicó el trazo y construcción de la vía del Tren Maya en Playa del Carmen y Tulum.
*A manera de defensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador contraatacó a sus detractores llamándolos “pseudoambientalistas” por no haber actuado nunca contra el “desastre ecológico” que supuso por más de tres décadas la operación de la mina Calica, a la cual también acusó de la “destrucción del territorio nacional”.
*Estas acusaciones vinieron acompañadas de acciones legales como la clausura de la mina Calica en 2022 y del puerto Punta Venado.
*Sin embargo, Vulcan Materials ya había iniciado desde 2018 un litigio internacional, derivado de medidas en su contra tomadas por distintos órdenes del gobierno mexicano que se inician desde 2009, cuando el ayuntamiento de Solidaridad modificó el Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) y cambió el uso de suelo del predio La Adelita, uno de los cuatro que pertenecen a Vulcan Materials en Playa del Carmen. Dicho cambio de uso de suelo impide desde entonces a la empresa realizar actividades extractivas en ese predio, que es su principal giro económico desde su llegada México en 1986.
*El segundo acto de gobierno es la imposición de impuestos por el movimiento portuario en el muelle de Punta Venado en 2014, desde donde embarcaban y movilizaban la piedra triturada que exportaban a Estados Unidos.
*La clausura en 2022 de otro de sus predios, La Rosita, en mayo de 2022, sumó un nuevo componente al litigio ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá.
*Aunque el presidente López Obrador pidió de manera pública en sus conferencias desde Palacio Nacional a Vulcan Materials abstenerse del arbitraje internacional contra México a cambio de un acuerdo de compra de sus tierras, el litigio siguió su curso y el 11 de julio de 2022, el Ciadi autorizó a la empresa la presentación de una reclamación adicional, mediante el cual la tras-nacional exige al gobierno mexicano una indemnización de 1,900 millones de dólares.
*El pasado 29 de febrero de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que habían reiniciado los acercamientos con Vulcan para intentar llegar a un acuerdo de compra sobre las 2,400 hectáreas que esta empresa posee en Playa del Carmen, por un total de 6,500 millones de pesos.
*Sin embargo, apenas el pasado 27 de mayo de este año, Vulcan emitió un comunicado en el que asegura que lo ofrecido por el presidente mexicano es insuficiente en relación al costo comercial de las reservas de material pétreo que la empresa posee en Playa del Carmen.
