AMLO termina su sexenio con 199 mil 530 homicidios dolosos y más de 52 mil desaparecidos
30 Sep. 2024 9:07 am
REPORTE MAYA
REDACCIÓN
ESPECIAL | En el ocaso de su administración el presidente Andrés Manuel López Obrador dio gracias a Dios y a la suerte por “no haber cometido muchos errores” durante su sexenio, que culminará el último día de septiembre, pero unos de esos errores fue el combate a la delincuencia organizada, su estrategia de ‘abrazos no balazos’ dejó hasta la mañana de este lunes 30 de septiembre 199 mil 530 homicidios dolosos y 52 mil 52 desaparecidas.
En la conferencia matutina de Palacio nacional, López Obrador aseveró que los errores que cometió durante su tiempo en la Presidencia fueron magnificados “con todo” por sus adversarios. “Yo tengo que agradecer al Creador y a la suerte de que no cometí muchos errores…Sí se cometieron errores, pero no muchos porque los errores nuestros se magnificaban, pero con todo”, puntualizó.
El mandatario mexicano justificó los pendientes que deja a tres días de finalizar su Administración “porque fue mucho el tiempo de abandono y humillación al pueblo, hay que seguir adelante”.
López Obrador aseguró que si se hubiera respetado su triunfo en las elecciones del 2006, las cuales ganó Felip Calderón, se hubieran evitado “muchas desgracias” en el país, como la guerra contra el narcotráfico: “Nosotros no íbamos a declarar la guerra al narco, hubiésemos atendido las causas y no íbamos a someternos a recomendaciones del extranjero”, afirmó.
“Como íbamos a gobernar con legitimidad, no íbamos a tener necesidad de actuar de manera espectacular, se hubiese llevado a cabo el plan de desarrollo en beneficio del pueblo, también hubiésemos impedido las privatizaciones”, sostuvo esta mañana en el Salón Tesorería.
Pero en el colectivo nacional aún se escuchan aquellas palabras de aliento y de nuevos horizontes para los mexicanos: “Se acabará la guerra; construiremos la paz y buscaremos la hermandad entre todos los mexicanos”. Estas fueron sus palabras durante su toma de protesta el 1 de diciembre de 2018; para lograrlo impulsó la creación de la Guardia Nacional, encargada -según sus propias palabras- de “proteger a los ciudadanos que son víctimas de asesinatos, secuestros, robos y otros delitos”. Casi seis años después, su administración termina como la más violenta en la historia moderna del país; aun así, el mandatario sostiene que “la estrategia de seguridad no ha fallado”.
Desde antes de asumir la cabeza del Poder Ejecutivo el Presidente ya culpabilizaba a las administraciones pasadas por provocar una escalada de violencia y lanzar una fallida “guerra contra el narco” que duplicó los homicidios dolosos durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pues las víctimas pasaron de 60 mil 280 (con Vicente Fox) a 120 mil 463 y 156 mil 66 en los sexenios siguientes, según datos recorridos en el informe “La guerra en números” de TResearch.
“Vengo a convocarles para que juntos, de conformidad con la Constitución, que es la ley suprema, podamos enfrentar el grave problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro país”, lanzó AMLO en noviembre de 2018, cuando era candidato electo, frente a más de 32 mil militares que se concentraron en el Campo Marte.
A pesar que su administración está apunto de alcanzar los 200 mil homicidios, el presidente López Obrador sostiene que “en seguridad, funcionó la estrategia de que la paz es fruto de la justicia”, además, recalcó que hubo menos homicidios y feminicidios: 199 mil 052 (al corte del 23 de septiembre de 2024) y 5 mil 227 (al corte de julio de 2024), respectivamente.
“Ahora no se reprime al pueblo, no se ejecutan masacres, no se tortura, no se desaparece a nadie, no se tolera la violación de los derechos humanos y tampoco existe un narco-estado como el que se configuró en el sexenio antepasado (Felipe Calderón)”: dijo AMLO
Sin embargo, y contrario a la promesa del mandatario, la guerra no se acabó y justo al final de su sexenio se viven momentos de intensa violencia en varias regiones del país como Sinaloa y Chiapas, sobre todo después de la detención de Ismael Zambada García.
A pesar de que el presidente afirma que hay menos homicidios en su sexenio han sido asesinadas 40 mil 948 personas más que durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Lo que sí disminuyó -y presumió en cada oportunidad el Presidente- es la tendencia de homicidios al alza que comenzó desde que Felipe Calderón llegó a la presidencia.
“No les gusta, no me importa el que no les guste cuando digo ‘abrazos, no balazos’ (…) No se puede atender la violencia con violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede atender el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo con el bien”: dijo AMLO en febrero de 2024.
El año 2020 fue el año más violento durante la administración del presidente López Obrador, con un total de 36 mil 773 personas asesinadas, mientras que 2023 fue el menos violento con 30 mil 562 víctimas.
Cuando Felipe Calderón lanzó la “guerra contra el narco” los homicidios -según cifras oficiales, porque colectivos y opositores acusan un subregistro- pasaron de 8 mil 867 a 25 mil 967 al final de su sexenio. En ese entonces se acusó que militarizar al país no era la estrategia indicada; sin embargo, 12 años después, Andrés Manuel López Obrador no sólo no retiró al Ejército Mexicano de las labores de seguridad pública, sino que creó la Guardia Nacional con la promesa de mantener un liderazgo civil y luego reculó. Justo al momento de escribir estas líneas se discute en el Senado de la República su aprobación para que sea constitucional su paso a manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
“Si esa institución (Guardia Nacional) se deja, como pasó con la Policía Federal en Gobernación o en la Secretaría de Seguridad Pública, se va a echar a perder. Si depende de una Secretaría como la Defensa, que tiene tradición de formación a sus elementos, tiene colegios, hay doctrina, profesionalismo, disciplina, hay garantía de que no se corrompa”: dijo AMLO el pasado mes de junio.
“La Otra Militarización, Fuerzas Armadas al frente de las instituciones estatales” es un informe de la organización México Evalúa en el que se analiza la participación (entre 2011 y 2024) de los militares en las labores de seguridad pública. Entre sus conclusiones señalan que: en entidades con secretarios de seguridad provenientes de las Fuerzas Armadas tienen mayores tasas de homicidios en comparación a las encabezadas por civiles.
La organización Causa en Común incluyó las siguientes conclusiones en su informe “Observatorio de la Guardia Nacional y la militarización en México”:
La GN no ha dado resultados que incidan de manera significativa en la situación de violencia e impunidad
Se incrementa el peligro de un mayor número de violaciones a los derechos humanos
Dada la opacidad de las Fuerzas Armadas, se incrementan los riesgos de corrupción
“Afortunadamente va a haber continuidad con cambio, va a continuar la transformación y esto se va a consolidar como una estrategia para garantizar la paz y la tranquilidad, lo que es el lema de la Guardia Nacional: Justicia y Paz (…) El camino no ha sido fácil, pero hoy tenemos un cuerpo profesional que se fortalece día con día”, dijo el AMLO el 2 de junio de este año.
Desde su creación en marzo de 2019, la Guardia Nacional acumula mil 56 denuncias presentadas ante el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos, siendo los tratos inhumanos y la violación a sus derechos humanos las principales causas de las denuncias
El panorama nacional en materia de seguridad al cambio de gobierno no es nada alentador, la violencia en México y una nueva pugna interna del Cártel de Sinaloa, será el desafío principal de la nueva Presidencia de Claudia Sheinbaum, quien asume su cargo el 1 de octubre y ha prometido mantener la estrategia de “abrazos, no balazos“.
Tras su triunfo el 2 de junio, Sheinbaum Pardo, primera presidenta de la historia de México, afirmó que para reducir los índices de violencia e inseguridad en su próximo Gobierno (2024-2030) daría continuidad a la política de seguridad y militarización iniciada por López Obrador con la creación, en 2019, de la Guardia Nacional.
Precisamente el pasado miércoles, el Senado mexicano aprobó la polémica reforma para ceder al Ejército mexicano el control de la GN, un cuerpo de seguridad de más de 130 mil agentes creado por el presidente López Obrador, entre denuncias de “militarización ilimitada” de la oposición.
Para la especialista en seguridad pública Eunice Rendón, “en materia de seguridad Sheinbaum recibe un problema más difícil que lo que el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) le dejó a López Obrador”.
Rendón señaló que, en estos años (2018-2024), “algunos cárteles han crecido mucho como el de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que se ha expandido hacia distintos puntos” y puso como ejemplo la situación que se vive actualmente en Sinaloa, Chiapas o Zacatecas.
En 2023, se registraron un total de 31 mil homicidios en México, lo que supone 84 diarios, de acuerdo a cifras oficiales.
En 2022, nueve de las 10 ciudades más violentas del mundo fueron mexicanas: Colima, Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Uruapan, Juárez y Acapulco, según el reporte de la organización civil Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
“Creo que a Sheinbaum le toca un reto muy importante frente al crimen, no a un crimen organizado más fuerte de lo que estaba porque ya existía, ya estaba, pero sí siento que se empoderó el crimen y creció en estos años”, apuntó Rendón, exfuncionaria del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública del Gobierno federal.
Para el experto en seguridad nacional Clemente Romero Olmedo, de la consultora Cronem Cronem Consultores, el presidente López Obrador deja un país mucho más violento y más inseguro del que recibió en 2018″, dijo en entrevista con EFE.
Explicó que en estados como Chihuahua y Guanajuato, “donde hay altos índices de violencia, existe una expectativa de que se haga justicia en casos graves como los homicidios; pero hay otras entidades como en Guerrero o Michoacán donde la impunidad reina y no ha cambiado nada, sino que las cosas han empeorado”.
De acuerdo los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), correspondiente al segundo trimestre del presente año, casi el 60 por ciento de la población mayor de 18 años de edad -residente en 91 áreas urbanas de México- consideró que vivir en su ciudad era inseguro.
Por ello, Romero Olmedo dijo que Sheinbaum “tiene muchos frentes que atacar porque la Guardia Nacional es una estructura militar que le va a responder a sus comandantes militares y aunque ella será la comandante suprema de las Fuerzas Armadas, dicho en términos monárquicos, ella va a reinar pero no va a gobernar”.
El experto apuntó que los focos rojos que hace 15 años estaban en estados como Tamaulipas, Michoacán o Sinaloa, pero “ahora se ha extendido a más de 20 estados del país”.
Caso especial es Chiapas, subrayó, que cuenta “con graves problemas de violencia, de tráfico de personas, de gobernabilidad, de anarquía en algunas regiones y la sola presencia de Ejército o Guardia Nacional no va a disuadir a los criminales si no se les detiene”.
Otro ejemplo, dijo, es la guerra al interior del Cártel de Sinaloa, que en las últimas dos semanas acumula más de 100 homicidios en la entidad, lo que consideró “un hecho que van a aprovechar otro, particularmente el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para poder acceder nuevas rutas y territorios”.
Con Carlos salinas de Gortari se cometieron 76 mil 767 homicidios dolosos, 1 cada 41 minutos, 35 diariamente; el el sexenio de Ernesto Zedillo se cometieron 80 mil 671 homicidios dolosos, 1 cada 39 minutos, 37 diariamente; con Vicente Fox fueron 60 mil 280 homicidios dolosos, 1 cada 26 minutos, unos 55 diarios; para el de Enrique Peña Nieto los asesinatos ascendieron a 156 mil 66, 1 cada 20 minutos llegando a 71 diariamente, con Andrés Manuel López Obrador los homicidios dolosos hasta el sábado 28 de septiembre eran de 199 mil 368, 1 cada 15 minutos, unos 94 diarios.
Las desapariciones, otro flagelo de los mexicanos
En las morgues del país hay más de 72,100 cuerpos sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, sin que el gobierno les haya restituido el nombre. En una nación con 115,000 personas desaparecidas, un gran número podrían estar siendo buscadas por sus familias sin saber que yacen olvidadas en una fosa común o en un refrigerador mortuorio bajo la tutela del Estado.
De los 72,172 cuerpos sin identificar registrados desde 2006, el 48% (34,699) llegaron a las morgues durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, entre 2019 y 2023, pese a que devolverles su identidad y regresarlos a sus hogares era, según dijo, “la principal prioridad” de su gobierno, junto con la búsqueda de las personas desaparecidas.
En el actual sexenio han desaparecido 52 mil 52 personas, el 44.8% de las 115,591 víctimas de esta tragedia. Los datos oficiales muestran que desde el inicio de la administración de AMLO desaparece, en promedio, una persona cada hora. El número supera a las 32,885 víctimas registradas en el periodo de Enrique Peña Nieto, y triplica a las contabilizadas en el gobierno de Felipe Calderón, que sumaron 16,931.
Desde que Calderón ordenó la “guerra contra las drogas” en diciembre de 2006, la crisis forense ha ido en aumento. Miles de cuerpos, 10,185 (14%), que ingresaron como desconocidos a los Semefos durante el sexenio del panista, entre 2007 y 2012, siguen sin recuperar su identidad. El rezago forense de la administración del priista Peña Nieto es de 19,680 (27%) cuerpos sin nombre, correspondientes al periodo 2013-2018.
Estas inéditas cifras de cadáveres que permanecen sin identificar, obtenidas por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos mediante solicitudes de transparencia enviadas a las 32 instituciones forenses del país —solo la Fiscalía General del Estado de Morelos se negó a responder— y a la Fiscalía General de la República (FGR), abarcan los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador.
Los datos muestran que 13,272 cuerpos NN (No Nombre, en lenguaje forense), cerca de una quinta parte del total, llevan más de una década sin ser identificados. Desde 2014, el rezago forense se ha incrementado año tras año: 2023 estableció un récord, con 8,139 víctimas anónimas.
En 2020, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos revelaron por primera vez la magnitud de la crisis forense: entre 2006 y 2019 pasaron por los Semefos del país 38,891 cuerpos sin identificar. Un año más tarde, el MNDM, que agrupa a más de 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas, actualizó el número a 52,004 cadáveres que fueron recibidos por el Estado, pero se quedaron sin nombre. Los datos muestran que, en apenas tres años, de 2020 a 2023, hubo un incremento del 39% de cuerpos NN.
De las 72,172 víctimas sin identificar registradas hasta 2023, el 73% (52,414) son hombres, y el 8% (5,887) son mujeres. Del 19% (13,871) restante no se reporta el sexo.
La mayoría de los cadáveres se concentran en cinco entidades: Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua, de donde provienen 6 de cada 10 cuerpos, 43,813 en total. Baja California ocupa el primer lugar; hasta diciembre de 2023 había 13,940 personas fallecidas en espera de ser sacadas del anonimato por peritos forenses.
La crisis se agudizó en Querétaro, Quintana Roo y Sonora, tras triplicarse en 2023 el número de cadáveres sin identificar registrados en el informe del MNDM en 2020, mientras que en Nayarit la cifra se duplicó.
Los Semefos de otros quince estados —además de los de Quintana Roo, Nayarit y Sonora— han registrado más de mil cuerpos sin identificar. Solo Campeche y Tlaxcala reportan menos de cien cadáveres NN.
En las fosas comunes de los panteones del país yacen 48,108 cuerpos sin identidad, el 67% del total; en promedio, ese es el destino de 2,500 cadáveres NN al año. Su uso se ha multiplicado desde que comenzó la “guerra contra las drogas”, una estrategia que provocó el aumento de víctimas de homicidio, lo que derivó en una saturación de los servicios forenses.
Los estados con mayor número de cuerpos NN en fosas comunes son Baja California con 13,490; el Estado de México con 8,836, y la Ciudad de México con 4,817 —en el Panteón Civil de Dolores—; junto con Jalisco y Chihuahua, estas cinco entidades concentran el 47% del total. Son también los estados que acumulan más cuerpos sin identificar.
Los Semefos de algunas entidades envían a la fosa común casi la totalidad de los cuerpos que reciben. En Yucatán enterraron 479 de los 492 cadáveres que llegaron a sus morgues, el 97%, el mismo porcentaje que en Baja California, donde se inhumaron 13,490 de 13,940 víctimas anónimas. En Nuevo León y el Estado de México, se enterró el 95%.
La saturación de los Semefos a causa de la violencia provocó que las autoridades recurrieran a “morgues itinerantes”. En 2018 descubrieron en Jalisco 322 cuerpos NN en dos “tráileres de la muerte”, ubicados en Tlajomulco de Zúñiga y en el estacionamiento del IJCF.
Ante el limitado espacio en los refrigeradores de las morgues, la “solución” durante más de 15 años, desde que inició la “guerra contra las drogas”, ha sido enterrar cadáveres.
Según la investigación “Crisis forense”, publicada por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos en 2020, este drama está compuesto por diversos factores, como el incremento de los homicidios a raíz de la violencia generada por la delincuencia organizada y la confrontación de estos grupos con las fuerzas de seguridad; un insuficiente número de peritos especializados en identificación humana y la baja inversión en servicios periciales por parte de los gobiernos estatales; la falta de herramientas para compartir información entre fiscalías sobre las personas desaparecidas y los cuerpos NN, y el registro inadecuado y algunas veces nulo de cada cuerpo para saber con precisión dónde está.
Con la llegada de AMLO a la presidencia, las familias de las víctimas de desaparición renovaron sus esperanzas. El sexenio comenzó con el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación (Segob) de la existencia de una “emergencia forense” y de que México era “una enorme fosa clandestina”.
Para dar respuesta a esa crisis humanitaria, el gobierno creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) a finales de 2019, y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en mayo de 2022. El objetivo era agilizar las identificaciones que las fiscalías no habían logrado realizar.
Las otras apuestas, establecidas en la Ley General en Materia de Desapariciones, que son el Banco Nacional de Datos Forenses, los registros nacionales de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, así como el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, le corresponde implementarlas a la FGR, pero aún no existen o funcionan parcialmente. Estos instrumentos permitirán que la información de los cuerpos NN del país, y la entregada por las familias buscadoras a cada fiscalía, sea comparada periódicamente, lo que ayudará a lograr miles de identificaciones.
Terminó el sexenio de AMLO, llegó con muchas expectativas y con el aplauso del pueblo que exigía cambios, los ‘abrazos no balazos’ no funcionó y dejó cerca de 200 mil ejecutados y más de 52 mil desaparecidos. Terminó la pesadilla en su Episodio I, este primero de octubre inicia la segunda parte.En las morgues del país hay más de 72,100 cuerpos sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, sin que el gobierno les haya restituido el nombre. En una nación con 115,000 personas desaparecidas, un gran número podrían estar siendo buscadas por sus familias sin saber que yacen olvidadas en una fosa común o en un refrigerador mortuorio bajo la tutela del Estado.
