La reforma judicial defendida por Sheinbaum agudiza la desolación del Poder Judicial
3 Oct. 2024 12:36 pm
El Fénix del Derecho | Pablo Andrei Zamudio Díaz | La propuesta de elegir a jueces y magistrados por voto popular, defendida por la presidenta Claudia Sheinbaum en su discurso de toma de protesta, representa una amenaza para la esencia de la justicia al debilitar los principios fundamentales de objetividad, imparcialidad e independencia que deben guiar al Poder Judicial. Presentar la idea como un acto democrático que “permite que el pueblo decida” no solo es engañoso, sino que pone en riesgo la integridad del sistema judicial.
La objetividad, indispensable para un juez, se basa en la capacidad de decidir conforme a hechos, pruebas y la ley, sin influencias externas. Al someter a los jueces al escrutinio del voto popular, esta objetividad se ve comprometida, ya que los candidatos quedarían expuestos a las presiones e intereses de partidos políticos o de quienes financian sus campañas. La justicia perdería su esencia al estar sujeta a influencias que podrían alterar los fallos en favor de ciertos sectores.
En cuanto a la imparcialidad, al convertir a los jueces en figuras que compiten por votos, se corre el riesgo de que tomen decisiones que agraden a la mayoría o a grupos de poder, en lugar de garantizar la protección de derechos, especialmente de aquellos menos populares o de las minorías. Esto socava la idea de un sistema de justicia que actúa con equidad y protege a quienes más lo necesitan.
La independencia del Poder Judicial es el pilar que le permite actuar sin estar subordinado a intereses políticos o económicos. Al ser electos por voto popular, los jueces quedarían atrapados en las mismas dinámicas y presiones que enfrentan los políticos, poniendo en peligro su autonomía y convirtiéndolos en instrumentos de quienes detentan el poder.
A pesar de que la presidenta Sheinbaum afirmó que la elección popular de jueces no es autoritaria y que la convocatoria y selección de candidatos evitarían la corrupción, la realidad es que esta reforma abre la puerta a la politización del Poder Judicial y permite la influencia de intereses que podrían seleccionar perfiles afines a agendas partidistas.
La verdadera democracia y lucha contra la corrupción no radican en someter a jueces al voto popular, sino en garantizar que el Poder Judicial sea un espacio donde prevalezca la capacidad, experiencia y compromiso con la justicia. Debilitar los principios de objetividad, imparcialidad e independencia institucionaliza la corrupción y destruye uno de los pilares fundamentales del Estado de derecho, poniendo en peligro la protección de los derechos de todas las personas.
