Semarnat explicará avances del Plan de Manejo en Calica; no es expropiación refrenda Claudia Sheinbaum
10 Oct. 2024 7:54 pm
CDMX | La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró hoy en su conferencia de prensa, que la situación de Calica (Sactun) no es de expropiación, sino una declaratoria de área natural protegida, donde en su interior pueden realizarse actividades, pero privilegiando el cuidado del medio ambiente.
“El presidente (Andrés Manuel) López Obrador hizo el decreto de unas muy importantes hectáreas de área natural protegida, particularmente en el Sureste… una parte de Tulum y también el caso de Calica…”, respondió Sheinbaum Pardo.
Reveló que la actual secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcenas Ibarra, cuando fue responsable de una dependencia similar en el Gobierno Federal, se negó a aprobar el proyecto de Calica en los 90, por ello renunció a su cargo, “porque sabía que iba a tener afectaciones al medio ambiente”.
Agregó que Calica no solo ha devastado lo que le autorizaron en su momento, sino que ha sacado más de lo permitido, por eso es que la Federación determinó declarar la zona área natural protegida.
“Por cierto que dijeron que había una expropiación, no es expropiación; es sencillamente el cuidado del medio ambiente; la actividad minera, particularmente en esa zona tiene afectaciones graves, entonces se decide declarar área natural protegida”, expuso la mandataria en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Anunció que invitará a Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a que acuda a la conferencia mañanera para que explique los impactos ambientales de Calica y los avances en el plan de manejo.
El pasado 24 de septiembre de este año, el entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, publicó el decreto por el que se crea una nueva Área Natural Protegida (ANP) llamada Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo, con una extensión de más de 53,000 hectáreas, entre las que se incluye la mina Calica propiedad de la empresa estadounidense Vulcan Materials en Playa del Carmen.
De las 53,227 hectáreas que abarca la nueva ANP, un pequeño porcentaje (4.4%) corresponden a las 2,387 hectáreas divididas en cuatro predios que pertenecen a la trasnacional Vulcan Materials, propietaria de Calizas Industriales del Carmen (Calica) y del muelle Punta Venado, desde donde embarcaban hasta el año pasado el material pétreo extraído del subsuelo mexicano para exportarlo a la Unión Americana.
El impacto de las actividades extractivas en la mina Calica ha llegado a tal grado que “se han expuesto nueve cuerpos de agua tras la remoción de la vegetación y la roca caliza, mientras que el polígono La Dársena de la propuesta de ANP funciona como sitio para el resguardo de banco de material y puerto marítimo”.
Horas antes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos presentaron una iniciativa de ley para imponer sanciones si el presidente concretaba su amenaza de decretar las tierras de Vulcan en reserva natural, lo cual aseguraron que se trataba de una expropiación.
Los senadores pidieron también sancionar a todas las compañías de buques de carga y pasajeros que hagan uso de la Terminal Marítima de Puerto Venado, desde donde embacarban la piedra que exportaban a la Unión Americana.
Hasta el momento no ha habido ninguna otra reacción por parte de la empresa una vez que ya se oficializó la declaratoria de ANP sobre sus tierras.
Para la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), generó descontento por parte de empresarios y políticos estadounidenses. Katie Britt, miembro del Subcomité de Asignaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos, advirtió que este conflicto “representa una expropiación flagrante de una operación legalmente permitida y propiedad de Estados Unidos, y el ataque de su administración al estado de derecho está poniendo en peligro los intereses económicos del país”.
En este sentido, Angélica Frías, presidenta de la Coparmex en Quintana Roo, externó que este tipo de acciones provocan incertidumbre entre el sector empresarial en el extranjero.
“Esas son decisiones federales, y evidentemente impactan e inhiben la inversión extranjera, por lo tanto, es fundamental que se garantice el estado de derecho, y ahí los jueces toman un rol muy importante, porque puede haber una controversia entre una empresa privada y el gobierno”, agregó.
La entrevistada refirió que las caídas del peso frente al dólar, son un indicador de cómo se encuentra la confianza en el país por parte de los inversores, sumado a ello, volvió a retomar el tema de la Reforma Judicial y su importancia para los negocios extranjeros.
“Lo hemos visto en el impacto del dólar, como ha venido perdiendo fuerza el peso, a raíz de esta reforma que se llevó a cabo, nosotros, y otros organismos hemos invitado a que se revise, se analice, ya que el nuevo gobierno, su mensaje ha sido muy explícito en que la reforma sigue”, comentó.
Finalmente, la entrevistada mencionó que espera que las leyes secundarias a la Reforma Judicial las cuales están siendo revisadas por la Cámara de Senadores, hayan sido pensadas tomando en cuenta la opinión de expertos en la materia.
“Hay puntos claves en la reforma que se deben de tomar en cuenta, como por ejemplo, saber quién decide quiénes van a estar en la boleta, qué órgano lo va a regular, esperamos que en las leyes secundarias se haya tomado en cuenta a los expertos técnicos para que podamos darle certeza jurídica a todos”, finalizó.
Con información de medios
