Quintana Roo: crisis carcelaria
El Estado olvida a mujeres reclusas: persisten deficiencias en los servicios de salud, en la separación masculina y femenina; urge prevención de violaciones a los derechos humanos y el hacinamiento es el mayor problema
REPORTE MAYA | REDACCIÓN | Con una calificación estatal de 6.54 a nivel nacional, Quintana Roo enfrente una grave crisis penitenciaria que tiene al borde del colapso las tres cárceles más importantes ya que en conjunto albergan 3 mil 561 reclusos de los cuales 3 mil 348 son hombres y 213 mujeres, las cuales sufren la carencia de servicios de Salud, la separación adecuada frente a los varones, una constante violación a los derechos humanos y sobre todo, padecen de un hacinamiento que va en aumento, según los últimos datos de la CNDH.
Es público que los centro spenitenciarios del estado requieren una reestructuración profunda, particularmente el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cancún, que continúa enfrentando problemas de sobrepoblación y deficiencias en infraestructura, de acuerdo con la evaluación 2024 de los centros penitenciarios del estado.
El estado que guardan los Ceresos se actualizará el mes de noviembre de este año, con censo del 2025, el año pasado las autoridades han registrado más de mil 100 detenciones por delitos de alto impacto, lo que ha desatado una presión sin precedentes sobre el sistema penitenciario. La secretaria de Gobierno, María Cristina Torres Gómez, confirmó que los traslados de reclusos a penales federales y de otros estados se han vuelto frecuentes, especialmente en reos de alta peligrosidad.
“La cárcel de Cancún está prácticamente ahogada. Se han hecho muchos traslados y remodelaciones, pero la realidad es que el flujo de detenidos no cesa”, reconoció la funcionaria.
Añadió que los números de detenidos por homicidios, extorsión, secuestros y delincuencia organizada van en aumento, producto de operativos entre fuerzas estatales, federales y la Guardia Nacional.
Aunque hay trabajo de seguridad, otras voces advierten que la estrategia aún es insuficiente porque la inseguridad sigue generando capturas masivas, mientras las cárceles enfrentan condiciones precarias y saturación.
El gobierno de Quintana Roo sigue insistiendo con el gobierno federal para la aprobación del proyecto de una cárcel federal que estaría ubicada en Leona Vicario en el norte del estado.
Esta carcel de alta seguridad es un proyecto que ya tiene muchos años y se ha ido postergando ante la poca atención que ha habido del Gobierno federal para aprobarlo. De acuerdo a Cristina Torres secretaría de gobierno en Quintana Roo el proyecto sigue y se siguen buscando las puertas para hacerlo una realidad.
En Quintana Roo las autoridades cada semana reportan detenciones de objetivos prioritarios y otros de menos valía pero que en suma llenan las cárceles. La encargada de la política interna en la entidad dijo que con los traslados de reos a otros estados se evita esa sobre población en cárceles pero de que el proyecto de crear una súper cárcel en es el estado sigue firme eso es una realidad.
En Quintana Roo, las mujeres reclusas suelen compartir instalaciones con hombres a pesar de estar en la ley que deben tener una atención y calidad de vida digna, las más de 200 mujeres en las cárceles de Quintana Roo, son más susceptibles al abandono, la violencia y al aislamiento.
Por ello, las autoridades corresponsables del sistema penitenciario nacional necesitan implementar acciones desde un enfoque de género con el fin de reducir las desigualdades vividas por estas mujeres y, de esta forma, garantizarles un acceso equitativo a sus derechos, revela el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), dependencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Uno de los problemas más grandes que enfrenta, es la maternidad en la prisión, de acuerdo al DNSP, en Quintana Roo, apenas el 75 por ciento de los infantes que viven en cárceles tienen acceso a atención médica; solo el 50 por ciento tiene acceso atención psicológica; un 75 accede a medicamentos y un 50 por ciento a diferentes vacunas.
Donde falla el Estado, es en la alimentación de calidad para los pequeños, así como en la atención escolar, acceso a ropa adecuada, calzado, juguetes y materiales escolares; “esto vulnera la calidad de vida de cualquier niño o niña que viva con su madre en la cárcel, situación que ya es difícil de comprender para los pequeños”, comenta el psicólogo Cristian Hernández Villareal, especialista en Psicología Infantil.
El pasado miércoles 06 de mayo, la secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, aseguró que son permanentes los esfuerzos para consolidar un sistema penitenciario más justo, digno y respetuoso de los derechos humanos, en estricto apego a los principios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas.
Sin embargo, las reclusas viven una situación de discriminación, explotación de todo tipo y falta de respeto a sus derechos humanos, comenta “Mayra”, que enfrenta una sentencia por intento de homicidio a quien fuera su pareja, solo porque no pudo acreditar la defensa propia.
De acuerdo con el Informe Sobre la Situación de las Mujeres Privadas de su Libertad en los Centros Penitenciarios en el Estado, emitido por la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, en los centros de reclusión de Cancún, Chetumal, Playa del Carmen, Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, los “hallazgos Críticos” son que la mayoría de las mujeres están recluidas en centros mixtos donde representan una minoría; esto provoca que la infraestructura, los talleres y las actividades diarias estén diseñados principalmente para la población varonil.
Además, las reclusas enfrentan una sobrepoblación y hacinamiento: “En años recientes, el sistema penitenciario de Quintana Roo ha presentado una sobrepoblación generalizada, lo que reduce la calidad de los espacios habitables”. A esta situación, se suman los deficientes “Servicios de Salud”, pues las internar reportan en repetidas ocasiones carencias estructurales de personal médico especializado y servicios ginecológicos o psicológicos pertinentes para ellas.
Un problema más que enfrentan, es tener hijos e hijas en reclusión: “Los espacios e instalaciones resultan insuficientes para garantizar el sano desarrollo y los derechos humanos de los menores que viven temporalmente con sus madres al interior de los centros de reinserción”.
Dichas observaciones y recomendaciones fueron hechas desde noviembre de 2020, por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pero fue hasta hace una semana cuando la Secretaría de Gobierno realizó la “videoconferencia” para atender los avances de las Recomendaciones Específicas 11/2020 “Sobre los derechos de las mujeres privadas de la libertad en centros penitenciarios del Estado de Quintana Roo”.
En su comunicado, el Gobierno del Estado explicó que “Los avances se circunscriben en atención médica general, psicológica, mastografía, optometría, audiometría, nutrición y estudios de laboratorio clínico, dirigidos a mujeres privadas de la libertad. Por igual, se ha fortalecido la capacitación laboral con talleres y cursos orientados al desarrollo de habilidades productivas”, pero a decir de Mayra, nada de eso ha llegado al centro de retención donde purga su condena.
Las áreas femeniles en los centros penitenciarios mixtos, en su gran mayoría, se componen de lugares reducidos, llamados “anexos”, dependientes de los centros penitenciarios varoniles, los cuales no cuentan con espacios indispensables como comedores, estancias infantiles o áreas deportivas, educativas y de salud, así como espacios para la visita familiar e íntima, “esto restringe y limita a la población penitenciaria femenil, su desenvolvimiento al interior del centro, al no garantizar el acceso a las actividades necesarias para su efectiva reinserción social”.
El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), dependencia de los DDHH nacional, en Quintana Roo existen ocho mujeres que tienen a sus hijos con ellas en el centro de reinserción.
De acuerdo con la Ley Nacional de Ejecución Penal, las mujeres privadas de libertad tienen el derecho de conservar la guardia y custodia de sus hijas o hijos menores de tres años.
Por su parte, la autoridad penitenciaria tiene el deber de proveerles alimentación adecuada y saludable, educación inicial, vestimenta, atención pediátrica, e instalaciones adecuadas para que reciban la atención médica. Si tiene una discapacidad, se puede solicitar a la autoridad penitenciaria la ampliación del plazo de estancia al cuidado de la madre.
No obstante, a pesar de que son derechos contenidos en la Ley, las autoridades penitenciarias de Quintana Roo no cumplen con estas obligaciones.
“Nosotras, por nuestra condición física, tenemos otras necesidades diferentes a la de los hombres que están presos; un ejemplo muy básico es que cada mes tenemos que conseguir toallas femeninas, o alguna prenda, para hacer frente a nuestro periodo menstrual; ya ni hablemos de la alimentación, los trabajos forzados a los que nos someten. A la mayoría nos hacen insinuaciones de dedicarnos a la prostitución con los internos o guardias de seguridad”, revela Mayra con la mirada perdida y sus ojos ya sin luz.
Hay que destacar que la población infantil en cárceles de Quintana Roo, tiene acceso a juguetes, alimentación, ropa, zapato, medicamentos y demás accesorios para suplir sus necesidades, depende de asociaciones civiles, grupos religiosos, familiares o mujeres liberadas que comparten con quienes se quedan. La falta de todas estas condiciones les quita posibilidad de desarrollarse como lo que son, niñas y niños con derecho a una calidad de vida.
Organizaciones Civiles y las Comisiones de Derechos Humanos, recomiendan que el Estado debe de garantizar la integridad personas de las reclusas; está obligado a observar que no existan tratos crueles, inhumanos o degradantes; debe evaluar la prevención de la violencia y extorsión.
Estancia digna: Analiza la calidad de las instalaciones, el acceso a servicios de salud, alimentación, higiene y condiciones de sobrepoblación.
Gobernabilidad y seguridad: Revisa si existe una adecuada normatividad, personal suficiente (custodios) y control real del centro por parte de la autoridad.
Reinserción social: Mide el acceso a la educación, capacitación, actividades laborales y deportivas, así como el vínculo familiar.
Atención a grupos vulnerables: Evalúa los espacios y el trato específico a mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores y menores que viven con sus madres en prisión.
El compromiso del Estado, hecho a través de la Secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, fue establecer vínculos con la Comisión de los Derechos Humanos para realizar, este mes de mayo, una capacitación con enfoque de género y perspectiva del interés superior de la niñez, dirigida al personal del Centro de Reinserción Social de Chetumal, como parte de una estrategia de formación integral a nivel estatal.
La mayoría de las mujeres reclusas en el Cereso de Cancún están recluidas por robo en supermercados.
El más reciente documento de la CNDH consigna que en el Centro Penitenciario Estatal No. 2 Cancún, con una capacidad para 839 hombres y 78 mujeres tiene una población de 1 mil 815 hombres y 174 mujeres con una Calificación Nacional de 5.76 de 10 como excelencia en administración carcelaria.
El organismo asegura que el estado debe prestar atención en los siguientes temas que garanticen la integridad de las personas privadas de la libertad.
- Deficiencias en los servicios de salud.
- Deficiente separación entre hombres y mujeres.
- Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en
caso de detección. - Hacinamiento.
- Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes
violentos. - Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los
derechos humanos. - Sobrepoblación.
- Deficiencias en la alimentación.
- Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las
personas privadas de la libertad. - Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene de la cocina y/o
comedores. - Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica.
- Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el
funcionamiento del centro. - Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones
disciplinarias. - Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
- Presencia de actividades ilícitas.
- Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
- Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.
- Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas.
- Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación.
- Deficiencia en la atención a mujeres y/o menores que vivan con ellas
Con respecto al Centro Penitenciario Estatal No. 1 Chetumal fue calificado con 6.86 % y se detectó
- Deficiencias en los servicios de salud.
- Falta de prevención de violaciones a derechos humanos y de atención en
caso de detección. - Insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes
violentos. - Insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los
derechos humanos. - Deficiencias en la alimentación.
- Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las
personas privadas de la libertad. - Inexistencia o deficientes condiciones materiales e higiene del área médica.
- Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones
disciplinarias. - Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
- Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
- Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.
- Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas.
El Centro Penitenciario Estatal No. 4 de Playa del Carmen tiene la calificación más alta con 7.00% y persisten:
- Deficiencias en los servicios de salud.
- Hacinamiento.
- Sobrepoblación.
- Deficientes condiciones materiales e higiene de instalaciones para alojar a las
personas privadas de la libertad. - Insuficiencia o inexistencia de instalaciones necesarias para el
funcionamiento del centro. - Deficiencias en el procedimiento para la imposición de las sanciones
disciplinarias. - Insuficiencia de personal de seguridad y custodia.
- Presencia de actividades ilícitas.
- Deficiente separación entre procesados y sentenciados.
- Inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad.
- Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación.
