Desapariciones en México podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, señala un Comité de la ONU; Gobierno lo rechaza
La entidad solicita a la Asamblea General que considere tomar medidas y cita el hallazgo de 4500 fosas clandestinas en el país, donde se han encontrado unos 72.000 restos humanos no identificados.
CDMX | El Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada ha decidido solicitar al Secretario General que remita a la Asamblea General la situación de las desapariciones en México para que tome medidas destinadas a apoyar al Estado en la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
El Comité concluyó que hay “indicios fundados” de que en el país se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas que podrían equivaler a crímenes de lesa humanidad, alegando que se han producido ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes partes del país.
Autoridades desbordadas por la magnitud de la crisis
La entidad subrayó que no encontró pruebas de una política a nivel federal para cometer desapariciones y tomó nota de la postura de México de que muchas desapariciones en el país son perpetradas por grupos delictivos y no por agentes del Estado.
Sin embargo, el Comité destacó que, en algunos de los casos denunciados, recibió información fundamentada que apuntaba a la participación directa de funcionarios públicos, o a su autorización, apoyo o aquiescencia.
El Comité aclaró que el derecho internacional no exige que los crímenes de lesa humanidad se produzcan a escala nacional o sean orquestados en las más altas esferas del Gobierno. “Lo que importa es la magnitud, el patrón de los ataques y el hecho de que se dirijan contra la población civil”, afirmó el presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro.
La magnitud de los casos registrados pone de relieve la gravedad de la situación. También citó el continuo hallazgo de fosas clandestinas en el país, estimando que se han encontrado más de 4500 fosas, que contienen más de 6200 cadáveres y 4600 restos humanos, además de unos 72.000 restos humanos no identificados.
A pesar de las medidas adoptadas en los últimos años, la situación no ha mostrado una mejora sustancial, según los datos oficiales y públicos disponibles.
Las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas.
Apoyo técnico y financiero
El Comité solicitó a la Asamblea que considere adoptar medidas para proporcionar la cooperación técnica, el apoyo financiero y la asistencia especializada que el país requiere para las operaciones de búsqueda, análisis forense e investigación de las desapariciones y de los vínculos entre funcionarios públicos y el crimen organizado.
Asimismo, pidió que se estableciera un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad y prestar asistencia y protección a las familias, las organizaciones y los defensores que buscan a los desaparecidos.
Antes este anuncio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió este sábado un pronunciamiento en el que señala que difiere de las conclusiones del Comité de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Desaparición Forzada, que solicitó llevar la situación de México ante la Asamblea General.
En el pronunciamiento DGDDH/004/2026, el organismo expresó su desacuerdo con el dictamen del Comité, que consideró la existencia de indicios de desapariciones forzadas de forma generalizada o sistemática en México.
La CNDH indicó que el Comité tomó su decisión a partir de peticiones de organizaciones y colectivos, y cuestionó que no se hayan agotado las instancias nacionales antes de solicitar la intervención internacional.
También señaló que el Comité no consideró los esfuerzos institucionales, financieros y presupuestales realizados por el Estado mexicano en los últimos años, ni los cambios legales recientes en la materia
De acuerdo con el documento, el organismo autónomo consideró que el análisis del Comité omitió información sobre acciones emprendidas por autoridades mexicanas y que se basó en interpretaciones de organizaciones civiles.
Sostuvo que el Comité incurre en contradicciones al señalar, por un lado, que no hay evidencia suficiente de una política estatal deliberada, y por otro, que las desapariciones podrían ocurrir en el marco de políticas públicas.
La Comisión refirió que el Comité estableció una relación entre la estrategia de seguridad implementada durante la llamada “guerra contra el narcotráfico” y el aumento de desapariciones desde 2006.
Indicó que ha documentado desapariciones ocurridas durante la llamada “Guerra Sucia” y el periodo de 2006 a 2012, y señaló que los casos atribuibles a autoridades federales han disminuido desde 2018.
Asimismo, afirmó que la desaparición forzada dejó de ser una política de Estado y que los casos actuales deben analizarse con base en su contexto y evolución histórica.
La CNDH indicó que ha emitido recomendaciones por hechos recientes, lo que, señaló, muestra que las violaciones graves, en particular la desaparición forzada, han ido a la baja en los últimos dos gobiernos. Añadió que los casos se resuelven en plazos más cortos en comparación con periodos anteriores.
De acuerdo con el organismo, en el pasado prevalecieron el encubrimiento y la falta de atención, lo que impidió la búsqueda y localización de personas desaparecidas, así como la implementación de mecanismos de reparación integral. También refirió que en ese contexto no hubo pronunciamientos de organismos internacionales.
Señaló, a su vez, que equiparar la situación actual con la del pasado reciente representa un error analítico y una decisión política. Indicó que el Comité reconoce la participación de organizaciones criminales en desapariciones, pero no incorpora un análisis más amplio sobre dinámicas regionales y globales relacionadas con el consumo de sustancias, tráfico de armas y lavado de dinero.
La CNDH informó que la decisión del Comité de llevar el caso mexicano a instancias como la Asamblea General de la ONU, con propuestas de cooperación técnica, asistencia especializada, apoyo financiero y mecanismos de esclarecimiento, no cuenta con sustento suficiente.
Indicó que estas medidas retoman esquemas aplicados en el pasado que, según la institución, no derivaron en mejoras en materia de derechos humanos. También señaló que dichas propuestas no consideran la realidad nacional ni los avances reportados por autoridades federales y la propia Comisión.
El informe de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la desaparición forzada en México es “inaceptable, tendencioso e injerencista”, consideró el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, quien se sumó al rechazo del gobierno federal a ese documento que se elaboró, dijo, sin tomar en cuenta las cifras reales y los avances en la materia logrados por las administraciones de la 4T.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo) resaltó que la ONU “guarda silencio cómplice ante las tragedias de Gaza, Ucrania y Líbano, por decir de algunos casos”, mientras “pone una lupa exagerada sobre México”.
Por ello, se une a la postura del gobierno mexicano, expresada por las secretarías de Relaciones Exteriores (SRE) y de Gobernación en contra del informe del Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de Naciones Unidas, por su falta de rigor y seriedad.
“La ONU emite informes con una miopía alarmante”, expresó el senador Mier e informó que propondrá que la Jucopo formule una protesta por esa actitud injerencista de la ONU.
Por separado, el senador de Morena Manuel Huerta Ladrón de Guevara deploró el sesgo de ese informe del CDF sobre los desaparecidos en México, que se centró en datos de los anteriores a los de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum.
“Es muy poco serio que ese informe, que se pretende llevar a la Asamblea General de la ONU, no tenga un soporte real, ya que no tomaron en cuenta el gran esfuerzo que se ha hecho en los últimos dos sexenios en materia de desaparición forzada y del que dio cuenta recientemente la Presidenta de la República”, expuso Huerta Ladrón de Guevara.
Se ha llevado a cabo, dijo, un trabajo territorial para depurar el padrón de desaparecidos, en el que figuraban personas ya encontradas, datos imprecisos y “es verdad hay una cifra dura, que nos duele a todos, pero que en parte proviene de gobiernos anteriores, especialmente de la administración de Felipe Calderón, a partir de su guerra contra el narco”.
Pero, agregó, “más allá de tendencias políticas, hay un compromiso real de buscar a los desaparecidos, que se refleja en las las cifras, que el comité de la ONU no quiso ver”.
México rechaza informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances contra desapariciones forzadas desde 2018
Si bien el informe se refiere principalmente a hechos ocurridos en el periodo 2009-2017 -administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– y se circunscribe a cuatro estados, la decisión del Comité es parcial y sesgada. Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución.
El propio Comité reconoce en los párrafos 117 y 118 de su decisión que no existen indicios fundados de una política federal para cometer ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil por acción u omisión. Dichos señalamientos reflejan la situación actual del país, diferente a la de periodos anteriores.
Es de resaltar la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas —incluyendo su interpretación del vínculo con el Estatuto de Roma, agravada por conflictos de interés de algunos de sus integrantes; en específico, existe evidencia de que al menos uno de ellos trabajó para organizaciones que han presentado quejas en contra del Estado mexicano.
El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo.
Fruto de un proceso dialogado y con participación de las familias, en julio de 2025 se aprobaron reformas sustanciales a la ley. Herramientas y obligaciones que el CED no consideró debidamente:
La Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas.
La obligación de abrir carpeta de investigación ante el primer reporte.
La Base Nacional de Carpetas de Investigación.
La Plataforma Única de Identidad.
La obligación de fiscalías especializadas estatales.
El fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
El robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con especialistas y equipo.
La obligación de registros oficiales con datos mínimos de identificación.
La coordinación garantizada entre comisiones de búsqueda, fiscalías estatales y la FGR.
La incorporación de las comisiones de víctimas al Sistema Nacional de Búsqueda.
Como ha reconocido el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, México mantiene una política de cooperación cotidiana con los sistemas internacionales y regionales, lo cual ha sido valorado por diversas agencias.
México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual.
Reafirmamos el compromiso absoluto de este gobierno con la erradicación de las desapariciones forzadas, el fortalecimiento de la búsqueda e identificación, y la garantía de verdad y justicia para las víctimas y sus familias, como parte central de la transformación nacional.
