México: Las desapariciones del Bienestar
Félix Sarracino | El régimen de Morena acumula más de 70,000 nuevas desapariciones en siete años. El dato es espeluznante: una persona desaparecida cada hora, miles de fosas clandestinas, más de 50,000 cuerpos sin identificar y un sistema médico forense colapsado.
¿Crees que lo descrito es una crisis del sistema? Para nada. Es una maquinaria que opera sin descanso por conveniencia política. Es (parafraseando la mitología romana) la cara oscura de Jano, cuya otra cara —la de los programas sociales— brilla hacia el electorado. La mayoría no se da cuenta, pero es la tensión entre el pragmatismo electoral y la legitimidad, en el pantano de impunidad del régimen.
Lo que sucede en México tiene rasgos inequívocos de crimen de lesa humanidad: un “sistema de desapariciones” persistente en todo el territorio, con participación o aquiescencia de agentes estatales e impunidad casi total. Y un gobierno que permanece indolente ante la tragedia.
Por eso la ONU expone el caso a su Asamblea General. Las desapariciones no ocurren “a pesar” del Estado mexicano, sino porque este lo permite. La violencia es brutal y consecuencia directa de la política de “seguridad” del régimen morenista que se combina con la narrativa de Bienestar.
Pero hay otra arista. El delito de desaparición forzada en estas proporciones, permitidas o prohijadas por el propio régimen, es un “mea culpa”: la confesión de indolencia del gobierno federal ante un crimen que erosiona su legitimidad política y la expone ante la comunidad internacional.
Esta es la condición que el organismo multinacional considera “inaceptable”, porque evidencia un Estado fallido. Ante ello no queda más que la intervención del organismo multilateral. Y aunque esto no sea en verdad una condena, sí lo es como sustento. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben.
Implica que la ONU reconozca la responsabilidad por acción u omisión del Estado mexicano. Y que pueda determinar medidas eficaces de combate a la impunidad; apoyo internacional para la búsqueda, protección y verdad de las víctimas; y ayuda para corregir políticas de seguridad y justicia ineficaces.
Existe crimen de lesa humanidad cuando un pueblo sabe que las desapariciones tienen que ver con policías municipales que detienen arbitrariamente, policías estatales corruptos y fuerzas federales que actúan por consigna. Todo bajo un manto de complicidad oficial.
Que el gobierno culpe al crimen organizado es como decir que el drogadicto es culpable del delito de tráfico de drogas. Es acusar al monstruo de “Frankenstein” de la culpa de su creador. Es olvidar que las desapariciones florecieron bajo la política de “abrazos”.
Lo que es un Estado fallido ante los ojos del mundo, es un cálculo electoral para el régimen morenista: una operación aritmética entre el “haber” de la inversión supermillonaria en programas sociales y el “debe” de una economía oscura que se entroniza sin piedad. O viceversa.
El gobierno puede rechazar informes, acusar sesgos y repetir que “todo es culpa del crimen organizado”. Pero los hechos son visibles: desapariciones al alza, fosas que se multiplican, familias desmembradas y autoridades que no cumplen su obligación, pero que se regodean en los resultados electorales.
La ONU no cuestiona sólo la violencia, sino la incapacidad del régimen morenista para proteger a su población, la participación de servidores públicos que permite la continuidad del horror y la creciente ola de dolor que atraviesa a las familias mexicanas.
Y aunque no advierta que esa falla es, en realidad, vocación y diseño del régimen morenista, la atención de la ONU es hoy una luz en la oscuridad de las desapariciones en México.
