Nuevas disposiciones de emplacamiento del SATQ, son una carga burocrática más
REPORTE MAYA
REDACCIÓN
CANCÚN | Las nuevas disposiciones para el emplacamiento vehicular en Quintana Roo a partir de este año no solo implican más trámites, sino una carga burocrática adicional para miles de ciudadanos, advierte el Observatorio Legislativo de Quintana Roo A.C., al analizar los recientes cambios fiscales publicados a finales de 2025.
De acuerdo con esta asociación, las medidas, impulsadas por el Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (SATQROO), obligan a que cualquier persona que tenga un vehículo con placas del estado, aunque no realice actividad empresarial, deba inscribirse en el Registro Estatal de Contribuyentes como requisito previo para emplacar o cambiar placas.
En la práctica, según Observatorio, esto significa que antes de acudir a Tránsito, los ciudadanos deberán pasar por una ruta administrativa más larga: inscripción fiscal estatal, presentación de constancia fiscal actualizada, documentos de identidad, comprobantes de domicilio y, en algunos casos, trámites ante el SAT federal, para después iniciar el proceso vehicular.
ADULTOS MAYORES Y TRABAJADORES, ENTRE LOS MÁS AFECTADOS
El Observatorio alertó que estas disposiciones no toman en cuenta la realidad de personas adultas mayores, muchas de ellas sin actividad económica, quienes ahora deberán enfrentarse a trámites fiscales que antes no eran necesarios, así como a filas, sistemas digitales saturados y procesos poco claros.
A su consideración, tampoco existe claridad sobre qué ocurrirá con empleados de empresas que utilizan vehículos registrados a nombre de personas morales, ya que el acuerdo no precisa si deberán inscribirse de manera individual en el padrón estatal, lo que abre la puerta a interpretaciones discrecionales.
Más requisitos, más riesgos
Otro de los puntos que genera preocupación es la exigencia de presentar una constancia de no infracción emitida por la autoridad de Tránsito para poder realizar el cambio de placas.
De acuerdo con el análisis ciudadano, esta medida exhibe la falta de coordinación entre dependencias y traslada al contribuyente la responsabilidad de resolver esa desarticulación.
A esto se suma que el incumplimiento de los nuevos requisitos puede derivar en multas que van de 10 a 700 UMAs, de acuerdo con el Código Fiscal del Estado, lo que eleva la presión económica sobre los propietarios de vehículos.
FALLAS, RETRASOS Y POSIBLES EFECTOS COLATERALES
Además, subrayó que en los primeros días de implementación ya se han reportado fallas en los sistemas y una capacidad de atención limitada, lo que podría traducirse en retrasos generalizados, inconformidad ciudadana y un escenario propicio para actos de corrupción en la vía pública, durante revisiones o inspecciones vehiculares.
El Observatorio advirtió que, lejos de incentivar la regularización, estas medidas podrían provocar que algunos ciudadanos opten por emplacar sus vehículos en otros estados o frenen decisiones de inversión ante un entorno fiscal más complejo.
“El habituarse a estas nuevas disposiciones llevará tiempo y quizas generará decisiones de emplacar los vehiculos en otros estados y seguramente actos de corrupción en las calles por parte de los agentes de transito e inspectores de movilidad”, recalcó finalmente.
