Turismo e inversión serán clave para evitar una desaceleración en Quintana Roo y el resto del país
REPORTE MAYA
REDACCIÓN
CANCÚN | México se encamina hacia un 2026 económicamente complejo, marcado por presiones fiscales internas, tensiones comerciales con Estados Unidos y desafíos estructurales en materia de seguridad. En ese contexto, el turismo emerge como uno de los pocos sectores capaces de amortiguar la desaceleración, particularmente en estados altamente dependientes de esta actividad como Quintana Roo.
Así lo expuso Ildefonso Guajardo, consultor privado, al analizar los factores que podrían definir el desempeño económico del país en el corto y mediano plazo.
Desde una perspectiva estrictamente económica, Guajardo explicó que el turismo debe entenderse como una exportación indirecta de servicios, ya que genera divisas, empleo y derrama económica sin enfrentar barreras arancelarias tradicionales. A diferencia de la industria manufacturera o agroexportadora, el turismo no puede ser gravado directamente mediante tarifas comerciales.
Incluso en escenarios de presión política desde Estados Unidos, el margen de maniobra es limitado. Restringir los viajes internacionales tendría costos internos elevados para el propio mercado estadounidense, donde la libertad de movimiento es un valor central del consumo.
Esta característica convierte al turismo en un sector anticíclico, capaz de sostener ingresos externos aun cuando otros rubros enfrenten restricciones comerciales o incertidumbre regulatoria.
No obstante, Guajardo advirtió que el principal riesgo para el desempeño económico del turismo no proviene del exterior, sino de factores internos, especialmente la inseguridad. Desde el punto de vista económico, la extorsión opera como un impuesto ilegal, que encarece costos, reduce márgenes de ganancia y desalienta la reinversión.
Organismos empresariales como Coparmex han identificado a la inseguridad como el principal obstáculo tanto para la inversión productiva como para el crecimiento del sector servicios. En destinos turísticos, este fenómeno impacta directamente en precios, competitividad y percepción internacional.
“El crimen organizado ha invadido áreas económicas que no le corresponden. Eso tiene un efecto corrosivo sobre la economía”, señaló.
En otro tema, respecto al análisis de la relación comercial con Estados Unidos, Guajardo llamó a separar el discurso político de la lógica económica. Consideró poco creíbles las amenazas de ruptura del acuerdo comercial por parte del expresidente Donald Trump, debido a la profunda interdependencia productiva entre ambos países.
Sectores clave de la economía estadounidense, como productores de maíz, carne de cerdo, pollo y fructosa, dependen en gran medida del mercado mexicano. Una ruptura tendría efectos inflacionarios, pérdida de empleos y costos políticos internos, especialmente en estados con peso electoral.
Desde esta óptica, el tratado sigue siendo el principal incentivo económico para mantener la cooperación bilateral.
Asimismo, Guajardo reconoció que México enfrenta observaciones relevantes en materia de trato a la inversión extranjera, particularmente por la forma en que el SAT interpreta reglas fiscales aplicables a empresas globales. Estas prácticas, dijo, generan incertidumbre y elevan el riesgo país percibido.
A ello se suman retrasos en compromisos relacionados con la protección de la propiedad industrial e intelectual, incluidos dentro de una lista de 54 puntos señalados por la Agencia de Comercio Internacional de Estados Unidos como parte de la revisión del acuerdo.
Desde el análisis económico, estos factores no implican una crisis inmediata, pero sí erosionan la confianza y encarecen el financiamiento y la inversión de largo plazo.
Acerca de la seguridad binacional, Guajardo advirtió que una intervención unilateral de Estados Unidos contra cárteles en territorio mexicano tendría efectos negativos en los mercados, al romper el diálogo binacional y aumentar la percepción de riesgo. En contraste, consideró que operativos conjuntos coordinados podrían fortalecer la estabilidad regional, al tratarse de un fenómeno criminal transnacional.
El consultor destacó el papel del sector privado como un amortiguador clave durante las negociaciones. Este mecanismo permitió identificar intereses económicos estadounidenses dispuestos a cabildear a favor de la continuidad del acuerdo.
Como resultado, cerca del 90% de los comentarios presentados en las consultas públicas concluidas en diciembre de 2025 fueron favorables a una revisión positiva del tratado.
Finalmente, Guajardo alertó sobre el impacto potencial del paquete fiscal 2026, al señalar que una política tributaria más restrictiva, mal implementada, podría frenar el crecimiento económico y desalentar la inversión.
Desde el análisis económico, el reto no es aumentar la carga sobre sectores cautivos, sino preservar la inversión como motor de crecimiento, evitando señales contradictorias que ahuyenten capitales.
“No podemos ahuyentar a la gallina de los huevos de oro”, concluyó.
