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REPORTE MAYA
REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN | Los recientes cambios en la estructura del Poder Judicial en la región han generado una etapa de ajuste que ya se refleja en los tiempos de respuesta de los tribunales, particularmente en la admisión de nuevas demandas y en la emisión de acuerdos, según Leopoldo Cruz Navarro, ex presidente de la Barra de Abogados de la Riviera Maya.

Señaló que los procesos se han vuelto más lentos en comparación con años anteriores, debido principalmente a la curva de aprendizaje de nuevos jueces y a la falta de personal suficiente para atender la carga laboral.

Explicó que el relevo en diversas posiciones era previsible y que la transición traería consecuencias operativas.

“Sucedió lo que todos sabíamos que iba a suceder. Muchos de los que llegaron no tenían experiencia ni carrera judicial. Ese periodo de aprendizaje se ha notado, porque los acuerdos y las audiencias han sido muy lentos”, afirmó.

De acuerdo con el litigante, actualmente una demanda puede tardar al menos dos meses en ser admitida, e incluso hasta tres o cuatro meses en algunos casos. Este retraso inicial impacta en todo el procedimiento, alargando la duración de los juicios y aumentando los costos para las partes involucradas.

Más allá del cambio de perfiles, Cruz Navarro sostiene que el rezago tiene una raíz estructural: el presupuesto.

“Lo he dicho durante 25 años, el problema de las fiscalías y del Poder Judicial pasa por un tema de presupuesto. Mientras no les den un presupuesto realmente relevante, importante, que permita ampliar el número de personal, mejorar salarios e instalaciones, vamos a seguir con los mismos resultados”, señaló.

Explicó que la carga de trabajo ha crecido de manera constante, mientras que el número de trabajadores prácticamente se mantiene igual. Esto provoca acumulación de expedientes y mayor presión sobre el personal operativo.

Uno de los cambios que más se ha notado, según el abogado, es la dinámica interna en los juzgados.

Tradicionalmente, el juez era quien revisaba y corregía los proyectos elaborados por los secretarios de acuerdos, sin embargo, en esta etapa de transición, en algunos casos el proceso se ha invertido.

“Se invirtieron los papeles. Antes el juez era el de la experiencia, el que revisaba el proyecto y hacía correcciones. Ahora muchos jueces se están basando en la experiencia y conocimiento de los secretarios de acuerdos, y eso lleva tiempo”, destacó.

Ese intercambio técnico, en el que el secretario elabora y el juez revisa con mayor detenimiento, prolonga la emisión de resoluciones y acuerdos, lo que se traduce en mayores tiempos de espera para litigantes y ciudadanos.

Ante este panorama, el fortalecimiento de los Métodos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) ha cobrado relevancia. Entre ellos destaca la mediación privada certificada por el Poder Judicial.

Cruz Navarro reconoció que en este rubro se han impulsado acciones para reducir la carga en tribunales.

“Se ha hecho un extraordinario trabajo en promover alternativas para que el tribunal no tenga tanta carga de trabajo, como los mediadores privados certificados”, indicó.

La mediación permite que las partes dialoguen con el acompañamiento de un especialista neutral, quien facilita acuerdos sin necesidad de llegar a juicio. El convenio que se firma ante un mediador privado tiene efectos legales similares a una sentencia firme, es decir, adquiere carácter de cosa juzgada y puede ejecutarse directamente en caso de incumplimiento.

Este mecanismo aplica en materias civil, mercantil, familiar y comunitaria, mientras que en ámbitos laboral y penal existen esquemas específicos de conciliación y justicia alternativa.

Indicó que la mediación puede contribuir a disminuir el rezago, siempre que exista disposición de las partes para conciliar. No obstante, advierte que la solución de fondo requiere mayor inversión pública, fortalecimiento institucional y capacitación continua.

“El desafío para el sistema judicial en la Riviera Maya será encontrar equilibrio entre la incorporación de nuevos perfiles, la eficiencia operativa y la garantía de resoluciones técnicamente sólidas”, agregó.


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