Mara Lezama esquiva acusaciones y blinda al Secretario de Salud ante red de extorsión
TULUM | En el marco de la conferencia “mañanera” encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum en este municipio, un cuestionamiento directo sobre la corrupción en el sector salud estatal provocó una evidente evasión por parte de la gobernadora Mara Lezama, dejando al descubierto un manto de protección política sobre el secretario de Salud de Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado.
Al ser cuestionada formalmente sobre si existirá una investigación en contra de Carlos Rosado por su presunta complicidad u omisión en una red de extorsión operada por su subordinado directo en Tulum, la mandataria estatal decidió no dar una respuesta afirmativa sobre el estatus del secretario.
Lezama justificó el señalamiento argumentando que en la entidad se vive un “momento político” y que el caso obedece a un “golpeteo” mediático. Intentó calmar las críticas detallando que el ejecutor directo del esquema, Emigdio Morales Mezquita (presunto coordinador de Cofepris en Tulum), ya fue separado de su cargo y es investigado por el grupo de élite “Centurión”.
La controversia en torno a Flavio Carlos Rosado escaló más allá de las fronteras del estado debido al fuerte contraste entre sus aspiraciones personales y la realidad de su gestión. Mientras empresarios locales se preparan para formalizar denuncias en su contra, sectores de la sociedad civil y trabajadores sanitarios acusan al funcionario de mantener una intensa campaña política adelantada.
Su objetivo es buscar la candidatura de Morena para la alcaldía del municipio de Isla Mujeres. De acuerdo con las denuncias públicas vertidas por la ciudadanía, el titular de la Secretaría de Salud (SESA) ha priorizado eventos proselitistas y la promoción de su imagen utilizando recursos del erario, mientras el sistema hospitalario de la entidad enfrenta una crisis profunda.
Entre las deficiencias más graves señaladas bajo su cargo se encuentran el grave desabasto de insumos, la falta recurrente de medicamentos básicos y materiales clínicos elementales en las clínicas públicas del estado.
Auditorías internas revelaron recientemente toneladas de medicamentos e insumos médicos caducados o echados a perder en el almacén central debido a la falta de distribución y supervisión oportuna.
Además, familias quintanarroenses se ven obligadas a costear tratamientos de su propio bolsillo ante la inoperancia de los servicios de salud del estado y pese a que la gobernadora reiteró en el micrófono el discurso oficial de que “no habrá tolerancia a la corrupción”, la falta de claridad sobre si se investigará a la cabeza de la SESA ha sembrado serias dudas entre el gremio empresarial y la opinión pública, quienes interpretan la respuesta gubernamental como un blindaje directo para proteger el proyecto político del funcionario.
Así le preguntaron a la Gobernadora de las extorsiones que su secretario de salud presuntamente comteía a través de terceros.
A lo largo de esta semana, en Milenio se publicó un trabajo de mi compañero Omar Brito, quien vino aquí a Tulum a hablar con comerciantes. Se detectó que un funcionario estatal se hacía pasar por un empleado federal; afortunadamente ya fue destituido, pero lo que destacaba la investigación es que esta extorsión ya no la cometía el crimen organizado, sino funcionarios públicos.
Quiero preguntarle su opinión respecto a esto y si la gobernadora podría decirnos si este funcionario será procesado penal o administrativamente. Asimismo, saber si el secretario de Salud estatal tendría que separarse del cargo, ya que, según funcionarios municipales, él estaba al tanto de lo que hacía este trabajador que se hacía pasar por miembro de la Cofepris federal. Muchas gracias”.
Mara Lezama respondió
“Yo misma verifico este tipo de información; estoy todos los días en la mesa de seguridad y mantengo contacto con las y los empresarios, no solo de Tulum, sino de todo el Estado. Lo estamos investigando, porque también hay un tema de golpeteo político debido al momento actual que vive Quintana Roo, donde suele circular mucha información.
Quiero dejar algo sumamente claro: cuando hay una denuncia o un delito de extorsión, investigamos de inmediato. Por ello contamos con un gran equipo en la materia, como el Grupo Centurión, encargado específicamente de estos casos.
Como ejemplo, hace unos días recibimos una denuncia por parte de una cónsul de Noruega sobre una presunta extorsión a un ciudadano de su país por parte de elementos de tránsito. Nos dimos a la tarea de investigarlo a detalle; estuvimos alrededor de tres horas revisando videos porque no teníamos el lugar exacto. Al final, con base en las grabaciones y platicando con los denunciantes —a quienes siempre les pedimos que formalicen su queja—, concluimos que ciertos elementos eran responsables. Ya fueron detenidos con todo completamente comprobado.
Respecto al caso que mencionas, el funcionario ya fue separado de su cargo y lo estamos investigando a detalle con los expertos del Grupo Centurión. En caso de comprobarse un delito, seremos los primeros en exigir que se cumpla la ley.
Eso es lo correcto. Estamos apegados a la justicia y a lo que creemos: un gobierno honesto donde no se tolera ningún ápice de corrupción.
Si me preguntaran si ha sido fácil, diría que no. Lamentablemente, a lo largo de los años se normalizó lo incorrecto; no ponían orden y, en vez de señalar al delincuente, se hacían de la vista gorda. Por eso tenemos el tema sobre la mesa con un grupo especializado, verificando las versiones para determinar si existió la extorsión y, de ser así, fincar responsabilidades.
También hemos encontrado denuncias contra otros servidores públicos y hay que investigarlas a fondo. El objetivo es que cuando llegue una denuncia, se elabore un Informe Policial Homologado (IPH) o se presenten los elementos, se tengan todas las pruebas necesarias para que el caso o la puesta a disposición no se caigan.
Aunque en esta ocasión no contamos aún con una denuncia formal —la cual necesitamos—, no por eso hemos dejado de investigar.
Lo primero que hacemos al detectar este tipo de señalamientos en un medio de comunicación o en redes sociales es separar del cargo a la persona señalada.
El funcionario ya fue apartado de sus funciones, pero seguimos investigando en el marco de la comunicación constante que mantenemos con las y los empresarios”.
