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Análisis de la información pública revela fragmentación presupuestal, contratos reservados y adjudicaciones directas

VILLAHERMOSA | El Gobierno del Estado de Tabasco ejerció durante 2025 cientos de millones de pesos en el arrendamiento de vehículos mediante un esquema caracterizado por opacidad, fragmentación presupuestal y reservas de información, lo que impide conocer con precisión no sólo el gasto total ejercido, sino, incluso, el número de unidades rentadas, sus características y el costo real del servicio.

Un análisis realizado por la Red por el Derecho a Saber A.C. estima que el gasto total podría superar los 600 millones de pesos, cifra que casi triplicaría el presupuesto aprobado originalmente por el Congreso del Estado para este concepto y que supera ampliamente los 283.9 millones de pesos ejercidos en 2024.

El reporte, elaborado a partir de presupuestos públicos, contratos administrativos y respuestas a solicitudes de acceso a la información, documenta un patrón sistemático de opacidad que combina ampliaciones presupuestales, centralización del gasto, dispersión de pagos en distintas fuentes de financiamiento y la clasificación como “secreto burocrático” de información clave en contratos administrativos.

Presupuesto ampliado y gasto sin claridad

El Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco para 2025 contempló inicialmente 252.7 millones de pesos para arrendamiento de equipo de transporte. Sin embargo, para el tercer trimestre el monto ya había sido incrementado en más de 100 millones de pesos, y al cierre del ejercicio el gasto acumulado con recursos estatales alcanzó 376.9 millones, lo que representa un sobreejercicio del 49.1% respecto del monto autorizado.

Esto podría representar un sobreprecio potencial superior al 150%, sin que exista un estudio de mercado público que lo justifique.

Un patrón de opacidad institucional

El análisis identifica que no se trata de hechos aislados sino de un patrón sistemático, caracterizado por:

  • centralización del gasto en la SAF
  • adjudicaciones directas a un grupo de empresas
  • ampliaciones y recalendarizaciones presupuestales
  • uso de participaciones federales para financiar contratos
  • respuestas evasivas a solicitudes de información
  • reserva de anexos técnicos de contratos
  • ausencia de concentrados públicos del gasto anual

Como resultado, ni siquiera revisando contratos, facturas y documentos disponibles es posible conocer con precisión cuántos vehículos fueron arrendados por el gobierno estatal en 2025.

Recomendaciones

Ante estos hallazgos, la Red por el Derecho a Saber A.C. recomienda:

  • publicar concentrados anuales de gasto en arrendamiento vehicular por
    dependencia usuaria
  • transparentar anexos técnicos completos de los contratos
    limitar el uso excesivo de reservas de información en contratos administrativos

• garantizar que el gasto en arrendamiento sea identificable y trazable en los presupuesto público.

La organización subraya que la transparencia debe convertirse en una práctica institucional efectiva y no únicamente en un discurso político.

Esto podría representar un sobreprecio potencial superior al 150%, sin que exista un estudio de mercado público que lo justifique.
Un patrón de opacidad institucional
El análisis identifica que no se trata de hechos aislados sino de un patrón sistemático, caracterizado por:

  • centralización del gasto en la SAF
  • adjudicaciones directas a un grupo de empresas
  • ampliaciones y recalendarizaciones presupuestales
  • uso de participaciones federales para financiar contratos
  • respuestas evasivas a solicitudes de información
  • reserva de anexos técnicos de contratos
  • ausencia de concentrados públicos del gasto anual
    Como resultado, ni siquiera revisando contratos, facturas y documentos disponibles es posible conocer con precisión cuántos vehículos fueron arrendados por el gobierno estatal en 2025.
    Recomendaciones
    Ante estos hallazgos, la Red por el Derecho a Saber A.C. recomienda:
  • publicar concentrados anuales de gasto en arrendamiento vehicular por
    dependencia usuaria
  • transparentar anexos técnicos completos de los contratos
    limitar el uso excesivo de reservas de información en contratos administrativos
  • garantizar que el gasto en arrendamiento sea identificable y trazable en los
    presupuestos públicos

a organización subraya que la transparencia debe convertirse en una práctica institucional efectiva y no únicamente en un discurso político.


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