….Los Pinos me dan la sombra: De Miguel de la Madrid hasta López Obrador, la protección presidencial a los grandes capos de México
23 Sep. 2024 9:15 am
Arturo Beltrán Leyva, mejor conocido como ‘El Botas blancas’, en los años 90 comenzó a operar para el naciente Cártel de Sinaloa como uno de sus colaboradores, por lo que con apenas 30 años, los Tigres del Norte le compusieron un narcocorrido en el que hablan de sus inicios. Al inicio del tema, habla de la cosecha de marihuana y adormidera, la cual se daba en la sierra de Sinaloa, Chihuahua y Durango, misma que él transportaba hasta su destino Estados Unidos, cuando apenas se comenzaba a dar a conocer con los que después se convertirían en sus socios. “Me gusta andar por la sierra, me crie entre los matorrales, ahí aprendí a hacer las cuentas, nomás contando costales, me gusta burlar las redes, que tienden los federales”, comienza el tema de los Tigres del Norte. “Muy pegadito a la sierra, tengo un rancho ganadero, ganado sin garrapatas, que llevo pa’l extranjero, qué chulas se ven mis vacas, con colitas de borrego”, continúa la canción. Se supo que se trataba de Arturo Beltrán Leyva debido a que el personaje no habla de sus apellidos, los cuales son muy famosos en el mundo del narcotráfico, al ser parte de una las dinastías más famosas en México. “Los pinos me dan la sombra, mi rancho pacas de a kilo, soy mediano de estatura, amigo de los amigos, perdonen que no acostumbro, decirles mis apellidos”, relata el tema que no expone el nombre del personaje.
CDMX | REDACCIÓN | Y sí, parafraseando a Los Tigres del Norte, desde Miguel de la Madrid Hurtado hasta Andrés Manuel López Obrador de una u otra manera han estado señalados y acusados de pactar con narcotraficantes, de favorecer al crimen organizado para su expansión y sobre todo, cada sexenio a existido un capo o cártel dominante donde los nombres de Ismael Mario “El Mayo” Zambada García y Joaquín Archivaldo “El Chapo” Guzmán Loera son preponderantes, referentes de sobornos, compra de autoridades y de Presidentes de México…Los Pinos siempre otorgan ‘sombra’ al crimen organizado…Sobre todo al Cártel de Sinaloa, controlado hasta hace un mes por el “Mayo” Zambada.
Fue en los años 80 cuando los sobornos del narcotráfico comenzó a corromper instituciones importantes, como la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Defensa o la Policía Judicial Federal. En esos años el secretario de la Defensa, Juan Arévalo Gardoqui, fue acusado en dos juicios en tribunales federales estadounidenses de haber recibido jugosos sobornos del narcotráfico. El presidente Miguel De la Madrid, respondió diplomáticamente contra Washington por haber puesto en duda la honorabilidad de su ministro y no tomó ninguna medida al respecto.
Pero hay datos que refieren que los vínculos del narco con el poder se remontan a finales de la década de los 70 del siglo pasado, cuando fue abatido el legendario Pedro Avilés Pérez, “El León de la Sierra”, un personaje que desde los años cuarenta del siglo XX tendió los primeros puentes con la mafia italo-estadounidense para el tráfico de heroína y marihuana. Se dice que Miguel Ángel Félix Gallardo, con poder y a su muerte asumió el liderazgo de una organización que fue bautizada como Cártel de Guadalajara por el gobierno de Estados Unidos.
Antes de convertirse en capo de la droga Félix Gallardo, trabajó como policía judicial de Sinaloa y escolta personal del gobernador del estado, Leopoldo Sánchez Celis entre 1965 y 1968. Su función principal era cuidar a los hijos del mandatario, lo que derivó en una buena amistad, por lo que cuando formó su imperio en el mundo del narcotráfico, Sánchez Celis lo siguió apoyando. El gobernador fue intermediario para que “El Jefe de jefes” se aliara con otros mandatarios estatales y permitieran el paso de la droga.
Antonio Rocha Cordero, entonces procurador general de la República constantemente denunciaba ante el presidente Gustavo Díaz Ordaz las relaciones de Sánchez Celis con Félix Gallardo: por eso cuando el gobernador terminó su mandato el presidente lo echó del país hasta que Carlos Hank González lo rescató y lo llevó de colaborador al Estado de México. Después, el capo del narcotráfico tuvo como protector al gobernador Antonio Toledo Corro. Para el 8 de abril de 1989, cayó Félix Gallardo de la mano del policía Guillermo González Calderón, su compadre y hasta entonces uno de sus protectores. Fue encarcelado en el Reclusorio Sur por la muerte del agente de la Agencia Antidrogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés) Enrique “Kiki” Camarena, Rodolfo.
Según especialistas en temas de seguridad desde inicios de los años 80 había un arreglo implícito entre traficantes de drogas y los gobiernos locales y estatales que consistía en permitir el libre tránsito de cargamentos de droga desde Sudamérica a Estados Unidos por rutas fronterizas definidas, principalmente por tierra, a cambio de grandes cantidades de dinero a manera de soborno; además, se toleraba la producción de cultivos ilegales de marihuana y amapola principalmente en los estados de Sinaloa, Durango, Chihuahua, Guerrero, Chiapas y Veracruz.
Los narcotraficantes más poderosos de la historia moderna de México y que conformaron la estructura de los cárteles de la droga tal y como las conocemos hoy en día son Rafael Caro Quintero (”El narco de narcos”), Ernesto Fonseca Carrillo (“Don Neto”) y Miguel Ángel Félix Gallardo (”El jefe de jefes”), dejaron una herencia criminal que persiste hasta nuestros días, todos fincarnos raíces desde Miguel de la Madrid.
El trío de narcos que dominó la década de 1980 y que operó en gran parte de la administración del expresidente Miguel de la Madrid (1982-1988) se hizo rodear de otros personajes como Pablo Acosta “El Zorro de Ojinaga” o Juan José Esparragoza Moreno “El Azul” para consolidar lo que más tarde se conocería como el Cártel de Guadalajara; sin embargo, fueron Caro Quintero, “Don Neto” y Félix Gallardo quienes ostentaron todo el poder y también a quienes apuntaron todos los reflectores de la ley. A los primeros dos los apresaron en abril de 1985 y los acusaron, entre otros delitos, por el secuestro, tortura y asesinato de Enrique Camarena, el exagente de la DEA que demostró el poderío de los cárteles mexicanos a cambio de su vida.
Carlos Salinas, cómplice del Cártel del Golfo
Con Carlos Salinas de 1988 a 1994, los sobornos del narcotráfico llegaron hasta la familia presidencial: Raúl, el hermano del mandatario fue sentenciado por enriquecimiento ilícito para más tarde ser puesto en libertad sin que nunca se llegara a saber qué ocurrió realmente. Paralelamente, bajo el mandato de Salinas se creaba la Subprocuraduría de Investigación y Lucha contra el Narcotráfico, se decomisaban y destruían grandes cantidades de drogas ilícitas, se emprendían campañas con el Ejército para disuadir del desarrollo de actividades relacionadas con el narcotráfico, se aumentaba la cooperación bilateral con los países vecinos y el país participaba en la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, aprobado por el Senado mexicano en noviembre de 1989.
Pero el final de los 80 y el inicio de los 90 fueron años prósperos para el crimen organizado. El Cártel de Tijuana o de los Arellano Félix creció durante el cobijo de los Gobiernos de Salinas y Ernesto Zedillo (1994-2000), mientras que el Cártel de Juárez alcanzaría un poder inmenso de la mano de su conocido líder, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, bautizado como el capo más poderoso, superando a los narcotraficantes colombianos, por la DEA. A la muerte de Carrillo Fuentes en 1996, la organización se debilitó, pero sus principales integrantes no tardaron en crear una nueva formación con base en Sinaloa. Algunos de los nombres se vienen repitiendo desde entonces: Ismael el Mayo Zambada, Juan José Esparragoza Moreno el Azul, Ignacio Coronel Villarreal, los hermanos Beltrán Leyva y Joaquín el Chapo Guzmán Loera. El Cártel de Sinaloa se convirtió entonces en el más poderoso en México junto al Cártel del Golfo.
Durante el sexenio de salinas, se realizaron las primeras investigaciones por lavado de dinero. En 1994 se asestó un golpe a la estructura financiera del Cártel del Golfo, en ese entonces también conocido como Cártel de Matamoros. Además, se realizaron detenciones de narcotraficantes de alto rango, algunos de los cuales se habían convertido en objetivos prioritarios de EU debido a su implicación en el trasiego de drogas.
“Mi administración actuó con la certeza de que esa lucha era fundamental para garantizar el futuro del país. Fueron aprehendidos, procesados y sentenciados miembros y dirigentes de las bandas de narcotraficantes más peligrosas”, señala Salinas en su libro México, publicado en el 2000.
En el capítulo número 12 de su libro, titulado “El combate al narcotráfico: salvaguarda de la seguridad nacional y del proyecto democrático”, Salinas destaca la detención de cinco sujetos que en aquel entonces eran considerados como los capos de la droga de más alto rango en todo México. Dichos narcotraficantes fueron: Miguel Ángel Félix Gallardo. El fundador del extinto Cártel de Guadalajara fue detenido el 8 de abril 1989 en una lujosa casa de Guadalajara. Aunque era buscado por su implicación en el secuestro y asesinato de Enrique Camarena, agente de la DEA, su orden de aprehensión fue por un caso distinto.
Miguel Ángel Caro Quintero. El hermano menor de Rafael Caro Quintero fue detenido el 18 de enero de 1992 en Sonora. Aunque para esos años era reclamado por el país vecino por su implicación en el trasiego de enervantes, recuperó su libertad al poco tiempo.
Francisco Rafael Arellano Félix. El hermano mayor del clan familiar que opera en la ciudad fronteriza de Tijuana fue detenido en 1993. Posteriormente fue sentenciado a 11 años de prisión por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército y cohecho. A mediados de septiembre de 2006 fue extraditado a EU por vender tres kilos de cocaína a un agente encubierto de la DEA, dos años después, Francisco fue deportado a México. En su cumpleaños número 63, celebrado en el año 2013, el capo fue asesinado por un sicario disfrazado de payaso en un hotel de Baja California.
Humberto García Ábrego. El cabecilla del Cártel del Golfo fue detenido el 14 de enero de 1996 y al cabo de 72 horas fue extraditado a EU. “Por ese hecho, un alto funcioanario del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos le llamó a su homólogo de la Secretaría de Hacienda de México para felicitar al equipo de gobierno; en su opinión se había detenido al miembro más importante de la banda”, indica Salinas en su libro.
Entre 1989 y 1994 se destruyeron 128 mil hectáreas de marihuana y 250 tonelada de cocaína. Asimismo, fueron encarcelados alrededor de 102 mil personas relacioandas con el narcotráfico, sin embargo
El golpe del 8 de abril de 1989 con la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, supuso un paso importante para el declive del Cártel de Guadalajara, entre las altas esferas de la política mexicana y del narcotráfico se rumoró que dicha acción encabezada por la entonces Procuraduría General de la República (PGR) tenía como objetivo favorecer a otra naciente organización criminal: el Cártel del Golfo.
De acuerdo con la investigación realizada por la periodista Anabel Hernández y publicada en su libro Los Señores del Narco, en aquella época era pública la relación que Raúl Salinas Lozano -padre del expresidente priísta Carlos Salinas de Gortari- mantenía con Juan Nepomuceno Guerra, uno de los primeros contrabandistas de alcohol, drogas y personas que comenzó su carrera criminal en los años 30′s.
Conocido como una leyenda del contrabando en el noreste de México, Nepomuceno Guerra siempre se presentaba como un hombre de negocios y fue gracias a la influencia política que tuvo que logró dominar ya no solo el tráfico de alcohol y tabaco a EU sino también el de drogas a mediados de la década de los setenta junto a su sobrino Juan García Ábrego, marcando así el precedente de la fundación del Cártel del Golfo, organización criminal que en la actualidad continúa sembrando terror en el estado de Tamaulipas.
El periodista francés Jean Francois Boyer reveló en su libro La Guerra Perdida Contra las Drogas una faceta poco conocida de la historia de la familia Salinas que, aunque se mantuvo como rumores entre la opinión pública, quedó constatada en documentos de agencias de seguridad de Estados Unidos. La investigación del periodista, citada por el semanario Proceso, da cuenta de que Raúl Salinas Lozano se desempeñó como Secretario de Comercio durante el sexenio del presidente Adolfo López Mateos, cargo con el que logró establecer una estrecha relación con el tamaulipeco Juan Nepomuceno Guerra.
Investigaciones del gobierno suizo sobre la familia del expresidente priísta consultadas por el político tabasqueño Humberto Hernández Haddad apuntan a que en 1989 Raúl Salinas Lozano se reunió con Juan Nepomuceno Guerra y su sobrino Juan García Ábrego para hacer un pacto y establecer en Villahermosa la sede financiera del Cártel del Golfo, según lo expuesto en un artículo publicado por Proceso en 2003: “Así se estableció que la protección política estaría a cargo de Salinas Lozano, la logística de distribución de narcóticos de García Ábrego y la de servicios financieros fuese responsabilidad de Carlos Cabal Peniche”, mencionó el político tabasqueño en una mesa de discusión sobre la influencia de la familia Salinas en la política mexicana.
Pese a dichos precedentes y especulaciones sobre si la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo habría sido para beneficiar a la organización criminal cercana a la familia Salinas, la periodista Anabel Hernández expuso en su libro Los Señores del Narco que pese a su buena relación con los capos del Cártel del Golfo, años más tarde se demostraría que los familiares del expresidente Carlos Salinas de Gortari tenían mayor inclinación por establecer negocios con el naciente y poderoso Cártel de Sinaloa. Los testimonios fueron presentados en el juicio contra el ex subprocurador general de la República mexicana Mario Ruiz Massieu, en relación con los 9,5 millones de dólares que tiene depositados en el Texas Commerce Bank y que las autoridades suponen que provienen del narcotráfico.
Ernesto Zedillo, aliado del Cártel de Juárez
Ernesto Zedillo Ponce de León, llegaría en 1994 a la Presidencia de México, en una visita del expresidente Bill Clinton en 1997, ambos Gobiernos firmaron un pacto de cooperación sin precedentes para la luchar contra el narcotráfico. Zedillo tampoco salió indemne de los escándalos familiares relacionados con el narcotráfico. En 1998 un hermano del presidente reconoció haber firmado un negocio inmobiliario con personas que resultaron ser testaferros del ya fallecido Carrillo Fuentes, jefe del Cártel de Juárez. Además, durante el mandato de Zedillo, el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien era el zar antidrogas de aquel momento, también fue acusado de sostener vínculos con Carrillo Fuentes. El general acusó a su vez al entonces secretario de Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, de proteger a altos cargos militares que tenían ensuciadas las manos con el narcotráfico.
Cuando el Cártel del Golfo aún dominaba el mundo criminal, del lado oeste del país aparecieron varios cárteles que comenzaron a disputar por las rutas de la droga: los Arellano Félix, el Cártel del Milenio, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de los hermanos Amezcua o también llamado de Colima, fueron los principales protagonistas de balaceras, masacres y detenciones bajo la administración de Ernesto Zedillo Ponce de León, pero un sólo narco acaparó casi toda la atención de las autoridades mexicanas y estadounidenses: “El señor de los cielos”, Amado Carrillo Fuentes, no sólo se convirtió en el líder del Cártel de Juárez, también logró posicionarse como el narco que más cocaína enviaba a Estados Unidos y pelear con el Cártel del Golfo a pesar del apoyo gubernamental -así se presume- que éste grupo criminal tenía. Pero todo terminó en julio de 1997 cuando el capo que operaba una flotilla de aviones cargados de droga desde Colombia hasta EU murió en una sala de operaciones en una clínica de la Ciudad de México. Dicen que se quería cambiar el rostro.
De esa relación criminal que mantuvo la familia política del expresidente Zedillo con ese grupo de narcotraficantes hay pruebas documentales, testimonios y grabaciones de intervenciones telefónicas –autorizadas por jueces– a los hermanos Amezcua Contreras. Uno de esos documentos confidenciales archivados en la PGR –y en poder de Contralínea– tiene el logotipo de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud (FEADS), y bajo el título “Organización de los hermanos Amezcua Contreras. Tráfico internacional de efedrina”, refiere que al investigar a ese cártel con sede en Colima –estado de donde es oriunda la familia de Nilda Patricia Velasco–, agentes federales especiales descubrieron los vínculos que tenía ese grupo criminal con Fernando Velasco Márquez, padre de la esposa del expresidente y los hermanos de ésta, Fernando y Francisco Velasco Núñez. A pesar de las evidencias que incriminaban a esa familia, los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón se negaron a investigar esos delitos de complicidad.
Todo comenzó cuando el entonces Instituto Nacional de Combate contra las Drogas intervino –en 1996 y 1997–, en plena administración presidencial de Ernesto Zedillo, los teléfonos de varios integrantes del Cártel de Colima, liderado por los hermanos Jesús, Luis y Adán Amezcua Contreras, conocidos en la década de 1990 como Reyes de las Metanfetaminas, lo que permitió a la PGR grabar miles de horas de conversaciones de esos narcotraficantes actualmente presos. Al frente del INCD estaba el general Jesús Gutiérrez Rebollo, quien después de revelar al secretario de la Defensa, general Enrique Cervantes Aguirre, que en esas grabaciones había conversaciones de narcotraficantes con miembros de la familia política del presidente Zedillo, el militar fue detenido y encarcelado hasta su muerte. Ello, luego de que se descubrió que había recibido regalos del entonces jefe del Cártel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Ya preso, Gutiérrez Rebollo reveló que tenía pruebas de los vínculos de los hermanos Amezcua Contreras con el padre y los hermanos de la esposa de Ernesto Zedillo, pero sus acusaciones fueron negadas por la PGR y por la misma Secretaría de la Defensa Nacional, a pesar de que había grabaciones que así lo confirmaban.
En el documento confidencial de la FEADS, dependiente de la PGR, se confirma esa relación de la esposa, cuñados y suegro de ese expresidente priísta con el grupo de narcotraficantes que operaba en Colima y Estados Unidos. Se trata de un reporte confidencial de 43 páginas y en una de las intervenciones telefónicas del 2 de diciembre de 1996, segundo año de gobierno de Ernesto Zedillo, el narcotraficante Jesús Amezcua Contreras fue informado por el licenciado Constantino Tirado, otro miembro de la banda, sobre la intervención directa de Nilda Patricia Velasco para ayudar al cártel en un problema de posesión de tierras.
En dicha conversación telefónica, Tirado le dice a Jesús Amezcua: “Ya se ordenó la ejecución de la sentencia, para efectos de poder escriturar terrenos de La Providencia y que solicitaron una suspensión. Que el magistrado Jesús Cantero Aguilar, de la Tercera Sala, le indicó que era orden directa de la esposa del señor presidente de la República: “Por lo que había hablado con un amigo de la Presidencia, que es abogado personal del presidente, quien habló con Luis Téllez, que es director de la Oficina de la Presidencia, lo que era antes [José María] Córdoba Montoya, que finalmente se arregló la cosa. Que mandaron a la chingada a la esposa del señor presidente de la República, pero resulta que autorizaron la suspensión, siempre y cuando se depositaran 200 mil pesos como garantía por daños y perjuicios y que solicitó que revocaran eso.
“Que el conflicto en sí, es que el yerno de don Luis, Armando Magaña, es amigo de un señor de nombre Salvador Olivares, de Tuxpan, Jalisco, y Salvador Olivares es compadre de Luis Amezcua y éste es amigo de Fernando Velasco, cuñado del señor presidente de la República [Ernesto Zedillo], por lo que deduce que Armando le solicitó el favor a Salvador Olivares, o sea al hermano de Jesús Amezcua, y él le pidió el favor a Fernando Velasco y éste a su hermana [Nilda Patricia], la esposa del presidente de la República”. El amplio expediente de la FEADS detalla quién era esa familia de criminales que traficaban con efedrina, integrada por tres hermanos Amezcua Contreras y apoyados en la década de 1990 por el Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix.
La peligrosidad de las sustancias que traficaban para la elaboración de estupefacientes químicos y que operaban en las ciudades de Tijuana, Guadalajara, Colima, Monterrey y el entonces Distrito Federal, así como San Diego y Iowa, en Estados Unidos, llevó a los gobiernos de ambos países a realizar múltiples operativos para combatir a esas bandas, hasta que se toparon con la familia presidencial de Zedillo y de pronto las investigaciones y el intercambio de información cesaron. Este expediente que se quedó en los archivos de la PGR, a cargo de Jorge Madrazo Cuéllar.
Vicente Fox, el nacimiento de los Zetas
Con el cambio de milenio, el Partido de Acción Nacional (PAN) llega a la presidencia con Vicente Fox (2000-2006). En el primer año de su gobierno presumió el decomiso de un 340% más de psicotrópicos que en el mandato anterior, así como de destruir miles de hectáreas de cultivo de marihuana y amapola. De nuevo, se lanzó una ofensiva exitosa contra algunos de los principales capos; sin embargo, durante este periodo surgen nuevos cárteles, Los Zetas y la Familia Michoacana.
Vicente Fox tenía poco más de un año de haber tomado posesión como mandatario cuando ocurrió un hecho que daría la vuelta al mundo y marcaría su presidencia: la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán de un penal catalogado como de “máxima seguridad”. La escena parecía sacada de una película: la noche del 19 de enero de 2001, el narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera se escondió en un carro de lavandería de la prisión de Puente Grande, ubicado en el estado de Jalisco, y con la ayuda de un empleado de la cárcel, cruzó seis controles de seguridad hasta quedar libre.
Tras su escape, “El Chapo” se convirtió en una especie de leyenda y a partir de ese momento fue considerado el delincuente más buscado del país, pasaron 13 años para que volviera a ser capturado (22 de febrero de 2014), pero de nueva cuenta se escapó de “El Altiplano” otra prisión de “máxima seguridad”, ahora a través de un túnel. Su captura final ocurrió el 8 de enero de 2016 en Culiacán Sinaloa. Fue extraditado a Estados Unidos y ahora una cumple una sentencia de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad.
La sombra de la primera fuga de “El Chapo” puso en entredicho la administración de Vicente Fox. Surgieron acusaciones contra el mandatario y contra el entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, de corrupción y de recibir sobornos millonarios por parte del narcotráfico. Luego del término de su sexenioFox Quesada se refugió en su rancho de San Cristóbal, ubicado en el estado de Guanajuato. En el año 2014, se refirió a los señalamientos sobre narconexiones en su contra: “Es de sonsos los que piensan eso. Es precisamente la falta de inteligencia de cómo se manejan los temas públicamente. Creo que es claro que es una tontería de quienes argumentan que fue el presidente Fox quien lo dejó salir o quien negoció su salida”.
En noviembre de 2018, durante el juicio contra “El Chapo” en Nueva York, Jesús “El Rey” Zambada García, identificado como exjefe de operaciones del cártel de Sinaloa y hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, testificó bajo juramento que a comienzos de la década de 2000 –durante el Gobierno de Vicente Fox– personalmente gastó $300,000 dólares al mes sobornando a militares y funcionarios de México. “El Rey” Zambada aseguró que los sobornos fueron para funcionarios a nivel estatal y federal, así como a la policía internacional, la Interpol.
Después llegó el turno del colombiano Alex Cifuentes, quien vinculó a Vicente Fox y otros ex presidentes de México con el narco, por lo que se desataron una serie de reacciones, entre ellas la de Fox Quesada que volvió a negar las acusaciones. En enero de este año, el ex mandatario le aseguró a CNN que nunca tuvo un ofrecimiento de acuerdos o pagos de parte de narcotraficantes y que no lo hubiera aceptado, en todo caso. “Nunca se me acercó ningún criminal”, declaró.
Luego del testimonio del colombiano, llegó el turno de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo de “El Mayo” y sobrino de “El Rey”, quien negó que el ex mandatario originario de Guanajuato hubiera recibido sobornos por parte de “El Chapo” Guzmán. “La prensa dijo que ‘El Chapo’ sobornó al presidente Fox y al director del penal de Puente Grande, pero eso no fue verdad”, dijo el hijo del “Mayo” Zambada durante su participación en el juicio contra el ex líder del Cártel de Sinaloa. Pero justo esas últimas declaraciones de “El Vicentillo” se contradicen con lo que le dijo a la periodista mexicana Anabel Hernández, a quien además, le entregó el diario que lleva en la prisión.
Lo dicho por Zambada Niebla quedó plasmado en el libro “El Traidor”, escrito por la comunicadora experta en temas de narcotráfico. Ahí “El Vicentillo” aseguró que funcionarios de seguridad por varios sexenios recibieron sobornos para dar protección y dejar pasar los cargamentos de droga del Cártel de Sinaloa, incluyendo altos mandos federales allegados a Vicente Fox. Jesús “El Rey” Zambada García, hermano de “El Mayo”, fue quien entregó 3 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Fox, a través del titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, para que se nombrara a Norberto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán, Sinaloa, quien ya estaba “comprado” por el cártel. Así lo explicó “El Vicentillo”. Su testimonio revela que incluso la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) sabía las actividades de los líderes del Cártel de Sinaloa, y en algunos casos usaron la información entregada por los propios criminales para atrapar a capos rivales, entre ellos a Francisco Arellano Félix y Arturo Beltrán Leyva.
Felipe Calderón, declaración de guerra
En 2006 llegó a la presidencia el panista Felipe Calderón Hinojosa recibiendo el país con un panorama donde los cárteles ya no se dedican solo a vigilar y proteger el tránsito de los cargamentos de droga, sino que estaban en conflicto para controlar el territorio. Al poco de llegar al poder, el presidente tomó la decisión de involucrar a la Policía y al Ejército en una lucha frontal contra el narcotráfico bautizada como la “guerra contra las drogas”. El exmandatario incrementó en un 50% el gasto en seguridad del Gobierno al tiempo que fortalecía la Secretaría de Seguridad Pública Federal y la Policía Federal, impulsando una guerra no declarada del Estado contra el crimen organizado y protagonizó uno de los períodos más sombríos de la historia de México.
Esta ofensiva se saldó con alrededor de 70.000 víctimas mortales sin que sirviera para nada. Más aún, se exacerbó la violencia y las organizaciones criminales aumentaron su presencia. Calderón dejó de informar sobre el número de personas fallecidas en hechos relacionados con el crimen organizado en 2011 y, cuando fue cuestionado por el número de víctimas, dijo que se trataba de “daños colaterales”. El ahora expresidente se defiende diciendo que, cuando llegó a la presidencia, se encontró varios estados, municipios y ciudades donde había un proceso de captura del Estado.
Sobre el tema Sandra Ávila Beltrán, conocida como ‘La Reina del Pacífico’, dijo que Felipe Calderón Hinojosa, presidente de México de 2006 a 2012 estaba “metido” con el crimen organizado cuando era mandatario nacional. En entrevista con la periodista Adela Micha, Ávila Beltrán explicó que lo que hace posible que en México veamos imágenes de niños cargando armas es el gobierno.
La periodista explicó que una de las intenciones de Felipe Calderón era no permitir el desarrollo del narco en México, a lo que la Reina del Pacífico respondió con un rotundo “no”.
“¿Felipe? Felipe estaba bien metido con el narco”, fue la respuesta de la mujer que pasó siete años en prisión. De inmediato fue cuestionada sobre las pruebas que señalen su afirmación y su respuesta fue que “si yo ahorita entrego una tonelada de droga, le voy a decir ‘¿dame un recibo?’ No, entonces no tengo pruebas”.
Las declaraciones de ‘La Reina del Pacífico’ aparecieron meses después de que Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón, fuera declarado culpable en Estados Unidos por cuatro cargos relacionados con el narcotráfico y uno más por declaraciones falsas. Luego de que la resolución de la Corte apuntara a que García Luna era culpable, Felipe Calderón insistió que él no tenía ningún tipo de vínculo con el narotráfico y que no utilizó a la Presidencia para abogar por sus intereses: “Niego categóricamente las absurdas declaraciones que reporta la prensa que hicieron”, escribió el expresidente en su cuenta de Twitter. “Lo que señala sobre mí es una absoluta mentira. Nunca negocié ni pacté con criminales”.
García Luna está acusado de aceptar millones de dólares para permitir que el Cártel de Sinaloa operara con impunidad mientras enviaba toneladas de cocaína a territorio estadounidense, tal y como han relatado en detalle varios testigos en las dos semanas que lleva en marcha el proceso penal. Su juicio ha suscitado enormes expectativas en México por la eventual información que se pueda hacer pública y que podría implicar a más altos funcionarios mexicanos, entre ellos a Calderón, ya que muchos consideran muy difícil que García Luna pudiera tener ese nivel de colaboración con el cártel de Sinaloa sin que el presidente tuviera conocimiento de ello.
También está en cuestionamiento si Washington supo de sus vínculos con el narcotráfico cuando las autoridades estadounidenses le consideraba un policía modelo. Sin embargo, todavía está por ver si los fiscales estadounidenses pueden aportar pruebas contundentes —más allá de meras declaraciones de testigos, casi todos criminales confesos— que convenzan al jurado.
Hay que recalcar que “EL Chapo” Guzmán en libertad y de la mano de los dos sexenios panistas se originó el florecimiento del Cártel de Sinaloa; sin embargo, bajo la administración de Felipe Calderón Hinojosa, fue el primo de Guzmán Loera, quien se convirtió en uno de los narcos más poderosos de México. Arturo Beltrán Leyva. Los pactos entre “El Barbas” y Genaro García Luna contribuyeron a que el primero obtuviera un poder similar a los grandes líderes del narcotráfico del momento; pero también le trajeron consecuencias que terminaron con su vida en diciembre del 2009 durante un enfrentamiento con marinos en la ciudad de Cuernavaca. Se rumora que el propio Chapo Guzmán comenzó la cacería contra sus primos los Beltrán Leyva.
Terminada la guerra entre Sinaloa y los Beltrán Leyva, parecía que el cártel liderado por el Chapo Guzmán tenía el camino libre para consolidarse como el único y más poderoso del país; sin embargo, con la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) también apareció el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y su líder Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.
Enrique Peña Nieto, a la sombra del Cártel de Sinaloa
En 2012 cuando el priista Enrique Peña nieto llegó al poder, propuso un abandono de la estrategia frontal de la “guerra contra las drogas” de Calderón contra las organizaciones del narcotráfico, con la intención de reducir los niveles de violencia. Según aseguró Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, no solo se capturaría a los líderes de los cárteles, sino también a los principales operadores.
En el juicio contra “el Chapo” Guzmán en los EU se conocieron detalles que vincularon a Peña Nieto con el líder del cartel de Sinaloa. De acuerdo con Jorge Cifuentes, que trabajó para ‘el Chapo’ entre 2007 y 2013, el capo le habría pagado millonarias cantidades a Peña Nieto a través de un intermediario, que identificó como “comadre María”, según reseñó el diario mexicano ‘El Universal’. Durante su tercer día de testimonio en el proceso judicial contra Guzmán por narcotráfico, el testigo colombiano detalló que fue el expresidente quien contactó a ‘el Chapo’ en 2012, para pedirle 250 millones de dólares a cambio de suspender una búsqueda nacional contra él, a lo que el capo contestó con una contraoferta de 100 millones de dólares.
Cuando a Cifuentes le preguntaron si le había notificado a las autoridades en 2016 que Guzmán había conferido este soborno, respondió: “eso es correcto” y agregó que el pago ocurrió el mismo año en que Peña Nieto se juramentó como presidente, es decir, siete años atrás. También explicó que Guzmán le dijo una vez que había recibido un mensaje del ex Jefe de Estado diciendo que ya no tenía que vivir escondido. El colombiano aclaró que no fue testigo de esa operación, sino que fue Guzmán el que le contó los detalles. Por su parte, el exjefe de personal del expresidente Peña Nieto, Francisco Guzmán, salió al paso de las afirmaciones y las desmintió.
Peña Nieto, que fue presidente de México desde diciembre de 2012 hasta noviembre de 2018, terminó su mandato como una figura debilitada, golpeada por escándalos de conflictos de intereses, corrupción, altos índices de violencia, una economía diluida y vínculos con el narcotráfico. Aunque en febrero de 2014 se adjudicó la operación de captura de ‘el Chapo’, Guzmán se escapó de la cárcel 17 meses después, a través de unos túneles subterráneos. El hecho minó la credibilidad del Gobierno de Peña Nieto, quien luego se encargó de anunciar personalmente que el capo fue nuevamente arrestado en el noroeste de México en enero de 2016.
Con Peña Nieto, sin duda alguna el Cártel de Sinaloa se fortaleció pero también propició el nacimiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y son estos dos cárteles los que en plena era de la 4T dominan la mayoría de las plazas en el país y mantienen una guerra a muerte por el control de las rutas para el trasiego de drogas a EU, entre otros delitos como extorsiones, secuestros, homicidios, robo de combustible y tráfico de migrantes.
López Obrador, los herederos del Cártel de Sinaloa
Al tercer intento, Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia en 2018 y con él, hay un grupo criminal que parece haber adquirido un gran poder: Los Chapitos, La Chapiza, Los Menores o los hijos de El Chapo Guzmán, parecen estarse separando poco a poco del Cártel de Sinaloa y tomar sus propias decisiones, sabedores de la fuerza y alcance que tienen sus actividades criminales concentradas en Sinaloa -principalmente en Culiacán-, Sonora y Baja California.
En la lista se quedaron fuera cárteles como La Familia Michoacana, La Unión Tepito, Los Zetas entre otros; así como narcos de la talla de Héctor Beltrán Leyva, Benjamín Arellano Félix, Heriberto Lazcano e Ismael El Mayo Zambada, para algunos el verdadero líder del Cártel de Sinaloa que jamás había pisado la cárcel.
La DEA en su último informe anual, detalla el avance del Cartel de Sinaloa y el CJNG, a quienes señala como los principales responsables de la epidemia de drogas sintéticas que cada año se cobra decenas de vidas en territorio estadounidense, según las autoridades sanitarias. “Están detrás de la peor crisis de drogas en la historia de Estados Unidos”, sostiene la agencia.
En un documento de 57 páginas, la fuerza antidrogas sostiene que las ganancias de los grupos criminales por la venta de fentanilo están en el orden de los miles de millones de dólares cada año y que ambos carteles ya tienen presencia en al menos 40 países. Entre otras revelaciones polémicas, en el reporte se señala que Los Chapitos, la facción del Cartel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, libran una guerra interna por el control de la organización con la célula que comandada Ismael El Mayo Zambada, antiguo socio de El Chapo y quien, según la DEA, el modelo de negocios de ambos grupos y su colusión con las autoridades mexicanas para operar “con libertad”.
Durante una ‘Mañanera’, López Obrador proyectó el video de una entrevista con Mike Vigil, un exagente mexicoamericano de la DEA, que sostiene que la información publicada se sabía desde hace por lo menos cinco años. En la grabación, Vigil también cuestiona el modelo de seguridad del Gobierno mexicano, al asegurar que la política conocida como “abrazos, no balazos” no está dando resultados. El presidente desechó las críticas y dijo que la estrategia “lleva su tiempo”. “Hay quienes sostienen, y yo los respeto, que lo que hay que hacer es usar la fuerza o que es con medidas coercitivas como se va a resolver el problema, yo pienso que no se puede enfrentar el mal con el mal”, comentó.
La relación entre la agencia antidrogas y las autoridades mexicanas ha sido rispida en los últimos meses. López Obrador acusa a la DEA de estar detrás de varias investigaciones periodísticas que han señalado supuestos vínculos entre su círculo cercano y las organizaciones criminales. Los trabajos parten de declaraciones capos que aseguran haber dado dinero para financiar las actividades políticas del actual presidente. El mandatario ha negado los señalamientos y ha cuestionado que la agencia antidrogas lo haya investigado e inclusive en esta semana que concluye acusó a los EU de ser causantes de la violencia que se vive actualmente en Sinaloa tras la detención de “El Mayo” Zambada.
No es de ahora que se acusa a López Obrador de estar ligado a los cárteles mexicanos, la periodista Anabel Hernández afirmó en ‘Aristegui En Vivo’ que fue en el 2010 cuando por primera vez se tuvo conocimiento de que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba relacionado con el narcotráfico, pues en ese año Sergio Enrique Villarreal Barragán, alias ‘El Grande’, quien era miembro del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Puebla y testificó que entregó dinero al actual mandatario en un motel de paso en la Comarca Lagunera.
El dinero fue entregado a nombre de los principales integrantes de la organización criminal: Beltrán Leyva, Joaquín Guzmán Loera alias “El Chapo”, e Ismael Zambada García alias “El Mayo”: “El Grande”, en su declaración ante PGR, explicó que el contexto de la reunión con el hoy presidente fue el cónclave llevado a cabo a fines de 2005 y principios de 2006 en Nuevo Vallarta organizado por él y Francisco León, candidato al senado en Durango de la coalición Por el Bien de Todos. En dicho encuentro, dijo, estuvo un integrante del equipo de campaña de AMLO, con Arturo Beltrán Leyva, El Grande, Edgar Valdés Villarreal alias “La Barbie” y otros miembros de la organización criminal.
El propósito de esa reunión fue que el cartel financiara las aspiraciones políticas de López Obrador. A cambio del dinero ilegal el candidato presidencial ofreció dejarlos influir en la designación del titular de la PGR y altos funcionarios, favorecer sus negocios criminales y obstaculizar las operaciones de la DEA en México.
El mismo día que “El Grande” habló en la PGR de la entrega de dinero a AMLO, también confesó que la misma organización criminal daba millones de dólares al entonces Secretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
En su confesión estuvieron presentes Marisela Morales, entonces titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) y su colaboradora Guillermina Cabrera. Por parte del gobierno de Estados Unidos asistieron los agentes de la DEA Joe López y Miguel Madrigal con el fin de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos evaluara la calidad de información que “El Grande” podía dar en caso de ser extraditado.
Anabel Hernández afirmó que no tiene dudas de que las tres campañas presidenciales de AMLO fueron financiadas por el Cártel de Sinaloa: “He publicado reportajes, información sólida, confirmada, documentada de que Andrés Manuel López Obrador, sus tres campañas presidenciales, la del 2006, 2012 y la del 2018 fueron financiadas por el Cártel de Sinaloa”, acusó en Aristegui En Vivo.
Esta semana, desde la cárcel en Estados Unidos, Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública con Felipe Calderón asegura que existen audios, videos y registros de comunicación que ligan al presidente López Obrador, y sus operadores, con narcotraficantes. No especifica si una dependencia o agencia del gobierno de los Estados Unidos los tiene en su poder, y tampoco los muestra.
“Es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y EU, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés López Obrador y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias; en el particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputan al Presidente López Obrador, y sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico”, dice en la carta de cuatro páginas, escrita a mano, que le envió al periodista Keegan Hamilton, a través de su abogado.
Aseguró que la Fiscalía de Nueva York le ofreció un trato para inculparse por delitos de narcotráfico a cambio de estar detenido 6 meses, con esto recibiría beneficios económicos, y se convertiría en testigo protegido. Según su versión, la acusación contra López Obrador es corroborada en la reciente captura de Ismael “El Mayo” Zambada y la carta que envió en la que señala vínculos con el actual gobierno y el “desmantelamiento del Poder Judicial de México (jueces, magistrados, ministros, Corte) cuyos principales beneficiarios son los criminales”, escribió.
Un hecho que marcó el sexenio de AMLO y que el pueblo en general lo interpretó como una protección al Cártel de Sinaloa fue cuando ordenó liberar Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Ocho meses después de que integrantes del Cártel de Sinaloa tomaran la ciudad de Culiacán y pusieran en jaque al ejército mexicano, el presidente López Obrador reconoció que la decisión de liberar a Ovidio Guzmán, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, la tomó él: “Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente”, dijo el mandatario.
El 17 de octubre de 2019 las fuerzas armadas iniciaron un operativo para detener a Ovidio Guzmán pero la acción acabó en una derrota del Ejército mexicano luego de que los integrantes del cártel tomaron las calles de la ciudad fuertemente armados, sembraron el caos con tiroteos, tomaron de rehenes a militares y acabaron por forzar la liberación del hijo del capo, todo en cuatro horas de terror.
El secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, dijo en un primer momento que el operativo fallido había sido una “acción precipitada”, pero cuando se supo que había sido planeada durante al menos una semana habló de un “tropiezo táctico”.
El cronograma presentado por el gobierno tras los sucesos mostró que los EU había pedido el arresto de Guzmán en septiembre y que ocho días antes una unidad antinarcóticos del ejército mexicano había viajado de Ciudad de México a Culiacán para prepararse. Ese mismo cronograma, junto con un video en el que se veía a Guzmán detenido pidiendo a sus hermanos que detuvieran los disparos, no dejaba claro entonces que hubiera sido el presidente quien dio la orden de retirada. López Obrador había abordado un vuelo comercial a Oaxaca minutos antes de que el operativo fuera oficialmente cancelado.
La captura y posterior liberación de Ovidio Guzmán demostró el poder que todavía mantiene el Cartel de Sinaloa en la estructura política de México. La guerra que se vive al interior del Cartel de Sinaloa desde hace una semana y la pasividad del Gobierno de AMLO, desata muchas especulaciones.
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