QUINTANA ROO

La Gobernadora de Quintana Roo utiliza jets privados ligados a proveedores de su gobierno, según datos evidenciados por el diario Reforma; Para contextualizar: el sueldo neto actual de la gobernadora es de 102 mil 598 pesos mensuales. Cubrir solo la estimación de 20 millones de pesos equivaldría a destinar íntegramente ese salario durante más de 13 años, sin otros gastos

CDMX | Una estimación de Reforma calcula en casi 20 millones de pesos el costo de 69 vuelos privados realizados por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, desde Cancún, Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia destinos en Estados Unidos como Orlando, Vail, Denver, Houston y Washington. El monto equivale a aproximadamente un millón de dólares y se basa en tarifas promedio de aeronaves privadas. No incluye pernoctas ni “vuelos ferry” (traslados de aviones vacíos por razones logísticas), que podrían elevar significativamente el total.

Ese cálculo —publicado este miércoles— se centra en trayectos seleccionados y no abarca la totalidad de los movimientos documentados. Según la misma investigación, basada en registros aeroportuarios y datos migratorios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Lezama acumula 97 vuelos privados y 119 movimientos internacionales de entrada y salida del país desde su etapa como presidenta municipal de Benito Juárez (Cancún) hasta su actual administración. Orlando y Vail figuran entre los destinos más frecuentes; desde el 25 de septiembre de 2022 se registran 53 entradas y salidas de Orlando.

Uno de los trayectos más costosos ocurrió el 22 de marzo de 2024: Cancún-Eagle/Vail a bordo de un Gulfstream G200 con matrícula XA-PKR, operado por PABE-TAX, con un costo aproximado de 30 mil dólares (alrededor de 540 mil pesos). Otro, el 15 de marzo de 2023, de Cancún al aeropuerto de Dulles en Washington D.C., en la misma aeronave, rondó los 24 mil dólares (más de 430 mil pesos). Para contextualizar: el sueldo neto actual de la gobernadora es de 102 mil 598 pesos mensuales. Cubrir solo la estimación de 20 millones de pesos equivaldría a destinar íntegramente ese salario durante más de 13 años, sin otros gastos.

Entre las aeronaves utilizadas aparecen dos Gulfstream G200 (matrículas XA-PKR y XA-GLF) administradas por PABE-TAX, empresa de taxi aéreo con operaciones en el Aeropuerto de Toluca. Según la investigación de Reforma (respaldada también por documentos revisados por POPLab y CONNECTAS), Lezama y miembros de su familia realizaron al menos 43 vuelos al extranjero en esas dos aeronaves entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025.

PABE-TAX forma parte de la red corporativa vinculada a Grupo Seguritech, compañía que mantiene contratos de sistemas de seguridad con el gobierno de Quintana Roo. Documentos públicos citados en el reporte identifican representantes comunes entre ambas estructuras y flujos financieros dentro del grupo. Esto no prueba que los vuelos hayan sido pagados por Seguritech ni con recursos públicos, pero sí genera preguntas sobre posibles relaciones comerciales entre operadores de las aeronaves y proveedores estatales.

Otras matrículas documentadas incluyen: Learjet 31A XA-UMV (Servicios Aéreos Dandy); Learjet 60 XA-USZ (operado por Red Wings; propiedad registrada de Cirrus Aviation Holdings; Gulfstream G280 XA-BAT (Red Wings); Hawker 800XP XA-AMI (Thebe Ingeniería y Consultoría); Hawker 750 XA-MAM (Milenium Air / SFG Equipment Leasing).

Fuentes de la industria aeronáutica consultadas por el medio digital La Silla Rota señalan que Red Wings, operadora de varios de estos jets, también ha transportado a Jorge Emilio González (“El Niño Verde”), dirigente del Partido Verde y antiguo aliado político de Lezama, así como a Eugenio “Gino” Segura, senador con licencia y aspirante a la candidatura de Morena a la gubernatura de Quintana Roo en 2027. Thebe Ingeniería tiene entre sus accionistas a Fernando Padilla, empresario cercano a Adán Augusto López, cuyos grupos han recibido contratos millonarios en gobiernos morenistas.

El recuento más amplio de Reforma indica que, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2025, Lezama, su esposo Omar Terrazas García, sus hijos, su hermano y Segura acumularon 605 movimientos migratorios, de los cuales 283 correspondieron a vuelos privados. Lezama compartió aeronave en al menos 35 ocasiones con familiares o con Segura. Su esposo registra 69 vuelos privados; Segura, 19. La alcaldesa de Cancún, Ana Patricia Peralta, también aparece como usuaria frecuente de vuelos privados a los mismos destinos, en ocasiones acompañando a Lezama.

La respuesta de la gobernadoraMara Lezama rechazó que los viajes hayan sido financiados con dinero público. En un mensaje publicado el martes, sostuvo que se trató de desplazamientos familiares o privados, cuestionó el número de vuelos atribuido (“no es real; de serlo, significaría estar de vacaciones un año completo”) y negó haber compartido vuelos con Segura, calificando esa información de “totalmente falsa”. Afirmó que trabajó más de tres décadas en la iniciativa privada antes de la vida pública y que su familia no participa en política.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que corresponde a la gobernadora aclarar las condiciones de los viajes. Legisladores del PAN demandaron una investigación formal sobre el origen de los recursos y posibles vínculos con proveedores. Algunos legisladores de Morena y PT también cuestionaron públicamente el ingreso de su correligionaria al “jet-set” de vuelos privados a destinos de lujo.

Hasta ahora, la información disponible no acredita el uso de recursos públicos. Existe un recuento documentado de vuelos, una estimación de costos basada en tarifas de mercado y una red de empresas operadoras con vínculos corporativos a proveedores del gobierno estatal.

Hasta el momento no se ha aclarado quién contrató y pagó cada traslado, bajo qué condiciones comerciales se utilizaron las aeronaves y si existió algún beneficio indebido o conflicto de interés.

Determinar el origen exacto del financiamiento es lo que permitirá establecer si se trata únicamente de desplazamientos privados o si hay elementos que merezcan una revisión más profunda por parte de las autoridades de transparencia y anticorrupción.


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