Cobro de piso desde el Ayuntamiento: vendedores de Cancún acusan a Gamaliel Canto de extorsión sistemática
REPORTE MAYA | REDACCIÓN | Detrás de la afeminada voz de José Gamaliel Canto Cambranis, titular de la Dirección de Comercio y Servicios en la Vía Pública del municipio de Benito Juárez, se esconde un verdadero hampón con licencia para extorsionar; representa el “cobro de piso” institucional del Ayuntamiento de Cancún.
En las calles de Cancún el derecho a trabajar se ha vuelto, para muchos vendedores ambulantes y tianguistas, una mercancía que se negocia a diario con inspectores y mandos medios. Lo que debería ser la aplicación del Reglamento de Comercio y Servicios en la Vía Pública opera, según denuncias reiteradas en redes sociales, colectivos de locatarios y testimonios de comerciantes, como un esquema de cobro de “piso” institucionalizado: pagar una cuota informal para permanecer en el espacio público, o enfrentar el retiro, el decomiso de mercancía, las multas desproporcionadas o el hostigamiento constante de Canto Cambranis y su brazo ejecutor el coordinador general de inspectores, Manuel David Saury de la Torre y 45 oficiales enfundados en chalecos color Morena que operan al igual que el crimen organizado.
La dependencia concentra facultades de autorización, verificación y sanción sobre un padrón que oscila entre 6 mil 300 y 6 mil 400 comerciantes, de los cuales más de 3 mil 500 son tianguistas distribuidos en decenas de mercados sobre ruedas. Esa concentración de poder discrecional, en una ciudad donde el turismo exige imagen ordenada y los vecinos reclaman banquetas libres, ha generado durante años un patrón recurrente de señalamientos: exigencia de “moches” o cuotas sin recibo oficial, tolerancia selectiva a la instalación de estructuras fijas en zonas prohibidas a cambio de dádivas, operativos severos contra quien se niega a pagar, decomisos irregulares y la proliferación de falsos inspectores que se hacen pasar por personal municipal para extorsionar. Las propias autoridades han alertado en distintos momentos sobre estos impostores, pero los comerciantes sostienen que la línea entre el inspector real y el falso se vuelve borrosa cuando ambos operan bajo la misma lógica de cobro.
Comerciantes de distintos puntos de la ciudad han descrito un sistema en el que se les obliga a entregar entre 700 y 4 mil pesos mensuales por puesto para no ser desalojados. En algunos casos se mencionan cifras intermedias de mil o dos mil pesos. El dinero, aseguran, no genera comprobante, no ingresa a las arcas municipales y no aparece en ningún reporte de tesorería. Cuando grupos de vendedores se han negado a continuar con esos pagos, reportan amenazas directas de retiro forzoso, hostigamiento por parte de inspectores y la aplicación selectiva de actas. “Nos dicen que es por el permiso, pero el municipio nos ha dicho que no existen esos permisos fijos. Entonces, ¿a quién le estamos pagando realmente?”, ha cuestionado uno de los afectados que decidió romper el silencio. Los comerciantes sostienen que, sin el visto bueno del director Canto Cambranis y del coordinador Saury de la Torre, los inspectores no podrían sostener el esquema bajo amenaza de multas, decomisos o pérdida del lugar de trabajo.
La normativa local prohíbe de manera estricta la instalación de estructuras permanentes o fijas en banquetas y áreas de tránsito. Sin embargo, en zonas de alta afluencia como El Crucero, El Parián y la avenida Tulum operan quioscos metálicos encadenados, estructuras con techumbre y exhibidores pesados sin que, según las denuncias, las autoridades actúen de manera uniforme. Agrupaciones de locatarios del centro y el Frente Común de Comerciantes han señalado abuso de poder y omisión deliberada ante la invasión desmedida de banquetas, áreas verdes y zonas restringidas. Acusan que se permite la permanencia de esos puestos a cambio de dádivas, lo que genera competencia desleal para los comercios establecidos y obstaculiza el libre tránsito de peatones. Por eso la ciudadanía que si el reglamento prohíbe los puestos fijos, por qué se tolera su operación a cambio de pagos directos a inspectores y funcionarios.
Los desalojos discrecionales forman parte del mismo patrón. Comerciantes que afirman haber sido retirados de manera injustificada mediante el uso de la fuerza pública han organizado bloqueos de vialidades. En varios casos mediáticos han denunciado que las autoridades actúan en colusión con líderes de tianguistas tradicionales e ignoran resoluciones o amparos federales que ordenan su restitución o reubicación. También se acusa justicia selectiva: persecución contra familias que buscan el sustento diario en las calles, mientras grandes restaurantes y negocios establecidos invaden áreas verdes con mesas fijas en relativa impunidad en distintas zonas del municipio.
El episodio más reciente y documentado en redes gira en torno a la Supermanzana 259, en el fraccionamiento Villas Otoch Paraíso. El 4 de noviembre de 2026 se instaló una mesa de trabajo entre el director Canto Cambranis y el Movimiento de Acción Ciudadana (MAC), junto con locatarios, para buscar alternativas que permitieran mantener fuentes de empleo sin obstruir el espacio público. El encuentro fue presentado en algunos espacios como un avance de diálogo permanente. Sin embargo, el MAC denunció que no se entregó la minuta de los acuerdos alcanzados, pese al compromiso explícito de hacerlo y a la presencia del titular de la Dirección de Derechos Humanos, Edgar Ricardo Mora Ucán, quien tampoco habría recibido respuesta a sus observaciones. La Dirección General de Gobierno, encabezada por Héctor Gerardo Vladimir Vallejo Molina, junto con su asistente Jorge Campos Suazo, también ha estado involucrada en el proceso, según el movimiento, sin garantizar la documentación formal de lo tratado.
Los comerciantes enfrentan un desalojo programado para el 15 de noviembre. El MAC ha señalado que las llamadas “cartas de retiro voluntario” fueron obtenidas bajo hostigamiento y presión psicológica ejercida directamente por Canto Cambranis, en un intento, según ellos, por tapar redes de corrupción y cobros informales en el área de fiscalización. En un episodio concreto, el director citó a nueve comerciantes honestos de la SM 259 bajo la excusa de un “caso urgente”. Una vez encerrados en sus oficinas, según la denuncia, los coaccionó y obligó a firmar el supuesto desalojo “voluntario”. El movimiento, encabezado por Marco Antonio Rendón Tenorio, José Orlando Che May y Elmy María Martín Puc, ha llevado el caso ante el secretario general del Ayuntamiento, Antonio de Jesús Riveroll Ribbón, y exige la intervención inmediata de la presidenta municipal. Han propuesto una solución de corresponsabilidad: liberación voluntaria de banquetas y andadores a cambio de reubicación en un predio fijo y seguro, con compromiso de mantener el orden interno y coadyuvar al rescate de áreas verdes. Si para fechas próximas no reciben claridad ni las minutas oficiales, advierten que saldrán a las calles. Invocan el artículo 7 de la legislación en materia de responsabilidades administrativas, que obliga a todo servidor público a actuar bajo los principios de legalidad, lealtad, transparencia y rendición de cuentas, y sanciona toda omisión que impida el debido ejercicio de la función pública.
Estas denuncias se insertan en un problema estructural más amplio. Cancún enfrenta la doble presión del cobro de piso criminal que afecta a pequeños comercios formales e informales, con grupos que exigen cuotas mensuales bajo amenaza de daño y de un esquema institucional paralelo que, según los afectados, replica la misma lógica: pago discrecional a cambio de “permiso” para trabajar. La diferencia es que uno opera con violencia explícita y el otro con el poder del Estado municipal: actas, decomisos, operativos y la amenaza de perder el único ingreso familiar. Ambos generan la misma vulnerabilidad para familias de bajos recursos que carecen de capital para rentar locales comerciales privados. El dinero informal no aparece en los reportes municipales, mientras las multas oficiales sí se contabilizan. En periodos recientes la dirección ha reportado más de 3 mil verificaciones y la aplicación de multas por cientos de miles de pesos a comerciantes irregulares, junto con esfuerzos de credencialización y supervisión en turnos. Sin embargo, las acusaciones de cobros de hasta 50 mil pesos por espacios temporales en eventos como el Grito de Independencia, la falta de transparencia en las mesas de diálogo y la persistencia de estructuras fijas en zonas prohibidas mantienen viva la sospecha de que el espacio público se negocia.
Desde la dirección se ha insistido en la necesidad de ordenar el ambulantaje, atender quejas vecinales, retirar vendedores de cruceros por motivos de seguridad vial y dialogar con los sectores afectados. Canto Cambranis ha hablado de proteger el derecho al trabajo y de equilibrar el ordenamiento urbano con el sustento de las familias. No obstante, mientras no exista una auditoría independiente a la Dirección de Comercio, una investigación formal de la Contraloría Municipal sobre el destino de cualquier cuota y claridad sobre los acuerdos alcanzados en las mesas de trabajo, la percepción de un cobro de piso institucionalizado seguirá creciendo entre quienes trabajan honestamente en las calles de Cancún. El problema no se reduce a un funcionario ni a un grupo de inspectores; es la institucionalización de una práctica que convierte la regulación en renta y el derecho al autoempleo en mercancía, operando con la misma lógica extractiva que el crimen organizado, pero desde el poder público.
A ello, hay que sumar que Canto Cambranis y sus debilidades carnales también ha creado una efebocracia que le cuesta mucho y que tiene que solventar, para esos gustos no hay ‘derecho de piso’ que alcance.
