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CANCÚN | Cada día los quintanarroenses destinan 3 millones 479 mil 890 pesos únicamente al arrendamiento de automóviles el traslado y seguridad de la gobernadora María Elena Hermelinda Espinosa Lezama y su familia; esa cifra, multiplicada por el año, sostiene un esquema que Lezama Espinosa ha expandido con el respaldo de la XVIII Legislatura. Para 2026 el presupuesto original de la gobernadora en ese rubro fue modificado. La Secretaría de Finanzas dispone de 462 millones de pesos de recursos federales para arrendamiento de vehículos, bajo la protección del Poder Legislativo, diputados de Morena, PVEM y PT y con la Auditoría Superior del Estado controlada por el propio Congreso, el Ejecutivo estatal amplió el gasto estatal.

Mara Lezama contaba con mil 148 millones 745 mil 764 pesos autorizados para arrendar Suburbans blindadas y automóviles. El Congreso le sumó, fuera de la luz pública, 106 millones 344 mil 074.65 pesos. El total disponible de recursos estatales quedó en mil 255 millones 089 mil 838.65 pesos. En nueve meses la administración morenista erogó 939 millones de pesos en arrendamientos de vehículos. La revisión del Portal de Transparencia no arroja los contratos que justificarían ese desembolso. En el portal de SEFIPLAN, área de licitaciones, solo aparecen documentos de 2024; de 2025 y 2026 no hay rastro de cómo se aplicó, peso por peso, el dinero de los impuestos de las familias quintanarroenses. El gasto se ejecutó sin dejar el rastro que la ley exige.

Ese patrón de opacidad no es exclusivo del nivel estatal. En Playa del Carmen, la alcaldesa Estefanía Mercado firmó un contrato multianual para arrendar ocho Jeep Wrangler Unlimited Sahara y cuatro Toyota Hilux modelo 2024. El municipio de Solidaridad se comprometió a pagar hasta 48.5 millones de pesos, IVA incluido, hasta agosto de 2027. La mensualidad, una vez entregadas las unidades, supera 1.56 millones de pesos. El costo de renta multiplica entre tres y cuatro veces el valor de compra; al término del plazo el ayuntamiento devuelve los vehículos y no conserva ningún activo. La empresa arrendadora opera en giros que van de bienes raíces y construcción a la venta de ataúdes, alhajas y bebidas. El tesorero municipal reconoció que el asunto “está muy caliente”.

Meses antes, el mismo municipio presentó, con la presencia de Mara Lezama, una inversión de más de mil 200 millones de pesos en 334 patrullas, unidades de apoyo y un helicóptero Agusta Westland. El contrato, adjudicado a Grupo Turbofin, permanece sin detalles públicos sobre tarifas, alcance real y destino operativo. Denuncias locales señalan unidades estacionadas mientras colonias carecen de vigilancia. El helicóptero, más cercano a un taxi aéreo ejecutivo, elevó costos por hora a cifras de entre 18 y 25 mil pesos. Lo que en Solidaridad se presentó como “inversión histórica” en seguridad funciona hoy como antecedente del esquema estatal: recursos públicos convertidos en rentas, contratos opacos y ausencia de rastro en los portales de transparencia.

Mientras las familias quintanarroenses sostienen diariamente casi 3.5 millones de pesos en arrendamientos de automóviles, los portales oficiales no muestran cómo se gastaron 939 millones en nueve meses. El festín se realizó con el dinero del pueblo, protegido por la misma estructura política que debería fiscalizarlo. La opacidad no es un accidente administrativo; es el mecanismo que permite que el gasto continúe sin que el ciudadano pueda verificar, contrato por contrato, a dónde fue cada peso. Con datos de Información Sin Límites


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