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LUGANO, SUIZA | En una de las avenidas más transitadas de esta ciudad turística del cantón del Tesino, una casa de tres pisos pintada de rojo se alza sobre el resto. Tiene alberca en la terraza superior y un comedor al aire libre con vistas que, en otras circunstancias, invitarían a la ostentación. Pero Jorge Amílcar Olán Aparicio, el empresario tabasqueño cuyo nombre ha atravesado investigaciones periodísticas sobre contratos públicos en México, rara vez sale. Según el relato del reportero Irving Pineda, de Azteca Noticias, pasa horas encerrado, contestando mensajes en su teléfono, mientras sus dos hijos van solos a la escuela y una empleada doméstica se ocupa de las labores de limpieza. Su esposa comparte el retiro. Él, dice el periodista, “anda literalmente escondido”.

El hallazgo no fue fruto de una investigación de meses en archivos suizos ni de una filtración diplomática. Fue una llamada anónima la que alertó a Pineda sobre la presencia del empresario en el país europeo. El reportero esperó siete días. Confirmó el nombre en el buzón de correspondencia —sin el “Amílcar” por el que se le conoce en México— y observó los movimientos rutinarios: el descenso ocasional a una banca, las conversaciones telefónicas, la vida familiar marcada por la discreción. Cuando finalmente se acercó, mientras Olán regresaba de la escuela con uno de sus hijos, la escena se tensó. El empresario respondió primero con monosílabos. Al escuchar la mención de los escándalos que rodean su nombre en México, advirtió que llamaría a la policía, forcejeó por el equipo de grabación y se alejó sin declarar. Las imágenes difundidas por el noticiero lo muestran en esos momentos de reclusión voluntaria: acostado, mirando el teléfono; sentado en la banca, hablando.

El episodio llega en un momento en que el nombre de Olán vuelve a ocupar espacio en la conversación pública mexicana. No por una sentencia judicial firme, sino por la acumulación de reportajes que lo vinculan a una red de contratos millonarios otorgados durante los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación y por su cercanía de años con Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y Gonzalo “Bobby” López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Una trayectoria marcada por contratos y cuestionamientos
Olán Aparicio, originario de Tabasco, emergió en el radar periodístico como proveedor de medicamentos y de balasto —la piedra triturada que sostiene las vías ferroviarias—. Entre 2020 y 2022, una de sus empresas, Romedic, obtuvo contratos para el suministro de material médico y de curación con gobiernos estatales gobernados por Morena. Investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documentaron asignaciones por más de 490 millones de pesos en Quintana Roo, bajo la administración de Mara Lezama, y en Tabasco, durante la gestión de Adán Augusto López. Los recursos, según esos reportajes, provenían del entonces Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el organismo creado para ampliar la cobertura de atención médica y medicamentos a población sin seguridad social, y que después fue absorbido por el IMSS-Bienestar.

MCCI señaló que Romedic era una empresa de reciente creación y que había sido señalada por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) como distribuidora irregular. Los contratos se otorgaron, de acuerdo con la organización, mediante mecanismos de adjudicación que generaron interrogantes sobre la competencia y las condiciones. En diciembre de 2023, el reportaje “Del Insabi a gobiernos morenistas: así beneficiaron recursos federales a empresa de amigo de Andy López Beltrán” detalló esas operaciones.

Otras investigaciones del mismo medio ampliaron el mapa de negocios. En diciembre de 2023 se documentó la compra, por un millón de pesos, de un terreno de 180 hectáreas que había sido rentado por ICA Flour, contratista de la refinería de Dos Bocas. La operación se cerró el 7 de diciembre de 2018, seis días después de la toma de posesión de López Obrador. En enero de 2024 se reportó la adquisición de otro predio de mil metros cuadrados, por un millón y medio de pesos, a un propietario vinculado a una empresa que había obtenido contratos con Pemex. En abril de ese año, MCCI publicó un audio en el que Olán habría afirmado que uno de los hijos del entonces presidente le había prometido minas en Oaxaca para producir balasto, el material utilizado en los proyectos del Tren Maya y del Tren Interoceánico. Un contrato reportado para la Línea K del Interoceánico se situó en 47.6 millones de pesos.

Estas revelaciones no han derivado, hasta ahora, en una condena judicial pública contra Olán. Constituyen, en cambio, un cuerpo de reportajes que han puesto bajo escrutinio la velocidad de su expansión empresarial y su acceso a adjudicaciones en un contexto de obras prioritarias del gobierno federal.

La relación con los hijos de López Obrador y las defensas públicas
La amistad de Olán con Andy y Bobby López Beltrán ha sido un hilo recurrente en las coberturas. Reportajes han señalado gestiones presuntas a favor de negocios del empresario, aunque esas versiones permanecen en el terreno de las indagatorias periodísticas y no han sido confirmadas por resoluciones judiciales. En 2024, el entonces presidente López Obrador salió en defensa de su hijo Andy. Cuestionó la existencia de pruebas de que éste fuera socio de las empresas o de que hubiera solicitado contratos a funcionarios. “¿Qué tiene que ver mi hijo?”, preguntó en una de sus conferencias. “Si demostraran que él es socio de la empresa, que hay un escrito donde él le pide al gobierno de Quintana Roo que le den el contrato… Nada. Es nada más porque supuestamente es amigo del que recibió el contrato”. Comparó las acusaciones con espionaje y rechazó que su familia fuera corrupta.

La presidenta Claudia Sheinbaum ha adoptado un tono distinto. Ha señalado que, de existir pruebas de corrupción, la Fiscalía General de la República (FGR) debe proceder. Ha confirmado que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno contaban con información relacionada con Olán, sin precisar que existiera una acusación penal directa en su contra dentro de determinados expedientes.

A inicios de este septiembre, circularon versiones sobre una posible orden de aprehensión. La fiscal general Ernestina Godoy las negó de manera categórica. “No, no hay nada”, respondió cuando se le preguntó por Olán. Sobre Andy López Beltrán, contestó: “Tampoco”. Meses antes, en marzo de 2026, Olán había promovido un juicio de amparo por temor a una detención. El recurso fue cancelado en mayo, después de que un juez determinara que no existía una orden de aprehensión que pudiera combatirse por esa vía.

Un expediente separado, relacionado con Portacelis Gas and Oil, ha mantenido el nombre de Olán en la órbita de las autoridades fiscales. El Servicio de Administración Tributaria presentó una declaratoria de perjuicio ante la FGR por operaciones de importación de combustibles que, según la autoridad, generaron un daño superior a 834 millones de pesos. El documento, de acuerdo con la información pública disponible, solicita proceder contra cinco personas. El nombre de Jorge Amílcar Olán no figura entre ellas.

La localización en Lugano no resuelve las interrogantes jurídicas ni periodísticas. Olán no enfrenta, según las declaraciones oficiales más recientes, una orden de captura pública. Vive, según el reportaje de Azteca Noticias, en un aislamiento deliberado, lejos de los focos que durante años acompañaron su nombre en México. La llamada anónima, el seguimiento de siete días y el forcejeo frente a la cámara han convertido un retiro privado en un hecho noticioso de alcance nacional.

El caso ilustra las tensiones que persisten en la transición política mexicana: la frontera entre amistad personal, acceso a contratos públicos y rendición de cuentas; la velocidad con que ciertas empresas crecieron al amparo de obras emblemáticas; y la dificultad de convertir reportajes de investigación en procesos judiciales concluyentes.

Mientras tanto, en una casa roja de Lugano, un empresario que prefirió no hablar camina poco, habla por teléfono y espera, quizá, que el ruido que generó su nombre en México se disipe con la distancia. La distancia, sin embargo, no ha borrado las preguntas y denuncias sobre sus presuntos actos de soborno y corrupción.



Fuente: TV/Azteca/Archivo Reporte Maya


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