Estos son los 17 coordinadores de Morena para las elecciones de 2027; mucha inconformidad deja el proceso
CDMX | El partido Morena concluyó el 28 de septiembre de 2026 la designación de sus 17 coordinadores estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, una figura que antecede a la definición formal de candidaturas para las gubernaturas que estarán en juego el 6 de junio de 2027. El proceso combinó encuestas internas, sondeos telefónicos y ajustes de género, y estuvo encabezado por la presidenta nacional Ariadna Montiel Reyes y la titular de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora. Aunque las designaciones no equivalen todavía al registro oficial ante las autoridades electorales, colocan a estos perfiles al frente de la estructura partidista y los perfilan como virtuales precandidatos.
La lista quedó integrada por Nora Ruvalcaba Gámez en Aguascalientes, Julieta Ramírez Padilla en Baja California, Manuel Alejandro Cota Cárdenas en Baja California Sur, Pablo Gutiérrez Lazarus en Campeche, Cruz Pérez Cuéllar en Chihuahua, Rosa María Bayardo Cabrera en Colima, Beatriz Mojica Morga en Guerrero, Carlos Torres Piña en Michoacán, Jasmine Bugarín Rodríguez en Nayarit, Clara Luz Flores Carrales en Nuevo León, Santiago Nieto Castillo en Querétaro, Eugenio “Gino” Segura Vázquez en Quintana Roo, Elí César Cervantes Rojas en San Luis Potosí, Imelda Castro Castro en Sinaloa, Lorenia Valles Sampedro en Sonora, Ana Lilia Rivera Rivera en Tlaxcala y Verónica Díaz Robles en Zacatecas. Entre ellos destacan senadores con licencia, alcaldes, exfuncionarios federales y estatales, así como figuras que anteriormente militaron en otros partidos, como el PAN o el PRI. Diez de los 17 espacios correspondieron a mujeres y se cedieron dos coordinaciones al Partido Verde Ecologista de México, mientras el Partido del Trabajo quedó sin ninguna.
Las definiciones no se produjeron en un clima de unidad. Desde el inicio del proceso, las pugnas internas y los desacuerdos con los aliados marcaron el ritmo. En Chihuahua, la designación de Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez con trayectoria previa en el PAN y Movimiento Ciudadano, dejó fuera a la senadora con licencia Andrea Chávez Treviño, una de las figuras más visibles del proceso interno. En Baja California Sur, Manuel Cota Cárdenas, diputado federal con licencia del Verde, se impuso frente a la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, y otros aspirantes. En Nuevo León, Clara Luz Flores, quien ya había contendido por la gubernatura en 2021, prevaleció sobre Tatiana Clouthier, Andrés Mijes y otros. En Nayarit, un ajuste de género desplazó a Héctor Santana, quien había obtenido el primer lugar en la encuesta, en favor de Jasmine Bugarín, senadora del Verde. En Tlaxcala, Ana Lilia Rivera superó a Alfonso Sánchez García, y en San Luis Potosí Elí César Cervantes fue elegido en un escenario atípico: Morena competirá sin alianza con el Verde, que perfila a Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, como su candidata.
En Guerrero, Beatriz Mojica se impuso a perfiles como Esthela Damián, Abelina López, Javier Saldaña y Pablo Amílcar Sandoval. López cuestionó públicamente el procedimiento y afirmó que Mojica había ganado únicamente “la encuesta de papel”. En Michoacán, Carlos Torres Piña, cercano al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dejó fuera al senador con licencia Raúl Morón y a otras diez aspirantes registradas. En Zacatecas, Verónica Díaz Robles quedó al frente pese a las críticas por sus vínculos con la familia Monreal; el senador Saúl Monreal cuestionó su participación por las reglas internas sobre nepotismo. En Quintana Roo, Eugenio Segura prevaleció sobre otros perfiles vinculados al gobierno de Mara Lezama.
Estas inconformidades se entrelazaron con una crisis abierta con el Partido del Trabajo. Desde mediados de septiembre, el PT pausó su participación en el proceso de selección, acusó a Morena de opacidad y de incumplir acuerdos sobre mesas técnicas, encuestas espejo y la incorporación de sus perfiles. Reginaldo Sandoval, coordinador petista en la Cámara de Diputados, denunció que se sentían “pisoteados” y “maltratados”, y advirtió que sin el PT Morena podría perder hasta doce gubernaturas. La senadora Geovanna Bañuelos, desplazada en Zacatecas, reclamó que los perfiles del Trabajo no fueron contemplados y que el proceso se limitó a una dinámica interna de Morena. El PT ofreció incluso abrir la puerta a morenistas inconformes como Andrea Chávez, Raúl Morón o Ulises Mejía, y dejó abierta la posibilidad de competir por separado en varios estados. El Verde, por su parte, obtuvo dos coordinaciones —Nayarit y Baja California Sur—, pero en San Luis Potosí se consolidó la ruptura: Ruth González Silva descartó la alianza y el Verde irá solo, con lo que la entidad se convierte en el único escenario de confrontación directa entre los socios de la 4T.
Las consecuencias para las elecciones de 2027 ya se perfilan. La alianza Morena-PVEM-PT, que había funcionado como bloque hegemónico, muestra fisuras que podrían fragmentar el voto oficialista en entidades competitivas. El PT ha advertido que, aunque no tenga fuerza para ganar por sí solo, sí puede restar lo suficiente para hacer perder gubernaturas. En estados como Zacatecas, Michoacán, Guerrero, Chihuahua y San Luis Potosí, las divisiones internas y las rupturas con aliados elevan el riesgo de que la oposición capitalice el desgaste. Ricardo Monreal ha reconocido un “desgaste real” del partido y ha ubicado seis entidades de mayor competencia. La presidenta Claudia Sheinbaum ha llamado a la serenidad y a priorizar el proyecto, pero la operación cicatriz que se anuncia desde la dirigencia enfrentará el reto de reincorporar a los desplazados antes de que las candidaturas formales se definan, con plazo límite en diciembre de 2026.
Con las 17 coordinaciones definidas, Morena entra en una nueva fase. El proceso de selección y registro formal de candidaturas deberá cerrarse en un clima de negociaciones intensas con los aliados y de contención de las inconformidades internas. De no lograrlo, las grietas abiertas en septiembre de 2026 podrían traducirse en un costo electoral concreto el 6 de junio de 2027, cuando el oficialismo busque retener y ampliar su dominio sobre los gobiernos estatales.
