Defraudadores inmobiliarios pretenden construir en el corazón verde al norte de Playa del Carmen, un megaproyecto inmobiliario que amenaza con talar 251 hectáreas de bosque tropical para levantar viviendas, un hotel y una playa artificial donde el mar nunca ha existido

REPORTE MAYA
Ángel Ek’ Balam
PLAYA DEL CARMEN | En el corazón de la península de Yucatán, donde la selva mediana subperennifolia aún resiste el avance implacable del concreto y el asfalto, se despliega un drama silencioso que podría redefinir el futuro de uno de los últimos reductos verdes al norte de Playa del Carmen. Allí, a nueve kilómetros de la vibrante costa caribeña, en un predio conocido como San Francisco, al poniente de la carretera federal 307 a la altura del kilómetro 300, un megaproyecto inmobiliario llamado HAZUL amenaza con transformar 424.85 hectáreas de vegetación en un enclave de viviendas, comercios, un hotel de 280 habitaciones y, en un gesto de ironía casi poética, una playa artificial. El terreno no tiene frente al mar. Para compensar esa ausencia, los promotores proponen crear más de once mil metros cuadrados de arena artificial conectados a un sistema de lagos inducidos que suman más de novecientos mil metros cuadrados, cuerpos de agua surgidos de la antigua extracción de roca caliza que alcanzó el manto freático. Lo que una vez fue un banco de materiales ahora se presenta como el escenario de un paraíso privado, construido a costa de la selva que aún se recupera.
El gobierno de Mara Lezama, a través de su Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, otorgó desde el 26 de octubre de 2023 la autorización estatal SEMA/DS/SGPA/DIRA/2431/2023 para obras de urbanización. Esa luz verde estatal abrió la puerta a un desarrollo que ahora solicita ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales el cambio de uso de suelo forestal sobre 251.11 hectáreas de selva mediana subperennifolia en proceso de recuperación. Talar el arbolado, eliminar la vegetación, fragmentar el hábitat y desplazar a las criaturas que lo habitan: ese es el precio de convertir un paisaje vivo en un complejo de nueve etapas, cada una estimada en cinco años. La superficie total del proyecto equivale a casi cuarenta veces el terreno que ocupa el Estadio Azteca, un coloso de concreto que cabe con holgura en el mapa de esta porción de selva que se pretende urbanizar.
Detrás de HAZUL está Arquitectoma Playa, brazo de un grupo con más de cuatro décadas en el negocio inmobiliario. Uno de sus principales socios y directivos ha sido Francisco Martín del Campo Souza, arquitecto cuya trayectoria incluye proyectos de alto perfil en la Ciudad de México. En 2020, él y otros tres empresarios de la constructora fueron vinculados a proceso por fraude genérico en el caso de Tlalpan 550, un conjunto de cuatrocientos departamentos que sufrió daños graves durante el sismo de 2017. Los peritajes revelaron deficiencias constructivas, el uso de un coeficiente sísmico inferior al exigido y materiales que no resistieron como debían. En 2023, un acuerdo reparatorio extinguió la acción penal. Arquitectoma entregó 122.7 millones de pesos, pero la reconstrucción costó alrededor de 380 millones. La diferencia fue cubierta con recursos públicos a través de la Comisión para la Reconstrucción del Gobierno de la Ciudad de México. Dos terceras partes del costo de reparar el daño terminaron pagadas por los ciudadanos. Ese mismo año, mientras el conjunto se entregaba en la capital, el gobierno de Quintana Roo autorizaba las obras de urbanización en la selva.

El expediente ambiental del proyecto no oculta la riqueza que se pretende sacrificar. Entre la flora aparecen especies sujetas a protección especial: la palma chit, el nacax, el k’an lool, el jobillo y la despeinada. En la fauna se registran el pavo ocelado, la iguana rayada, la tortuga de monte mojina, el perico pecho sucio, el maullador negro, el vireo manglero y el tucancillo collarejo. Y, en el dato que más enciende las alarmas, la posible presencia del jaguar, el gran felino catalogado en peligro de extinción. El registro no proviene de un avistamiento directo de los consultores, sino de entrevistas con el personal de vigilancia del predio. Aun así, su mera mención obliga a considerar la fragmentación del hábitat, la interrupción de corredores biológicos y el desplazamiento de una especie que ya lucha por sobrevivir en un paisaje cada vez más dividido por carreteras, hoteles y fraccionamientos.
La selva mediana subperennifolia de esta región no es un simple telón de fondo para el turismo. Es un sistema vivo que regula el clima local, captura carbono, filtra el agua que recarga los acuíferos del Caribe y sostiene una red de vida que incluye desde insectos polinizadores hasta mamíferos de gran tamaño. Convertir 251 hectáreas de esa vegetación en recuperación en lotes residenciales, zonas comerciales y lagos artificiales no es un acto neutro. Es una decisión que altera el equilibrio hidrológico, aumenta la presión sobre el manto freático ya intervenido por la extracción previa de caliza y genera un nuevo polo de demanda de agua, energía y servicios en una zona donde el crecimiento urbano ha avanzado más rápido que la planeación.
Ahora la decisión final recae en la Semarnat, encabezada por Alicia Bárcena. La secretaria ha sostenido que la política ambiental debe priorizar “prevenir antes que reparar”. Ese principio cobra una relevancia especial en este caso. Autorizar primero la destrucción de la selva para después hablar de restauración, de árboles plantados en otro sitio o de hectáreas recuperadas en compensaciones lejanas sería contradecir el espíritu de esa máxima. La prevención exige evaluar no solo el impacto puntual del proyecto, sino el efecto acumulativo de múltiples desarrollos que, uno tras otro, van comiendo el tejido verde de la Riviera Maya. Cada autorización aislada parece menor; juntas, configuran la pérdida de un corredor biológico esencial.

HAZUL se presenta como un desarrollo de uso mixto, con vivienda horizontal y vertical, townhouses, áreas comerciales y un hotel. Sus promotores argumentan que el predio ya contaba con autorizaciones previas para el aprovechamiento de roca caliza y que la zonificación estatal lo permite. Sin embargo, el cambio de uso de suelo forestal es una competencia federal precisamente porque la ley reconoce el valor de los terrenos forestales más allá de los límites municipales o estatales. La selva no conoce de fronteras administrativas. Su valor ecológico, cultural y climático trasciende los planos de lotificación.
En las noches de la península, cuando el viento mueve las hojas de la selva y el llamado de algún ave nocturna se pierde entre los árboles, aún es posible imaginar un paisaje donde el jaguar camina sin tropiezos. Ese paisaje no es un lujo nostálgico. Es un patrimonio que sostiene la vida humana tanto como la de las especies que lo habitan. Destruirlo para construir una playa artificial donde los turistas puedan sentir la arena bajo los pies, lejos del verdadero mar, es una elección que revela prioridades. La pregunta que enfrenta ahora la autoridad federal no es solo técnica. Es ética y de visión de futuro. No queremos legar a las generaciones una Riviera Maya más caliente, más seca y más fragmentada.
La selva de San Francisco todavía respira. Sus árboles todavía filtran la lluvia. Sus animales todavía encuentran refugio. El expediente de HAZUL está sobre la mesa de la Semarnat. La decisión que se tome no solo determinará el destino de 251 hectáreas. Determinará si, en el delicado equilibrio entre progreso y conservación, México elige prevenir el daño o repararlo cuando ya sea demasiado tarde.

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