Homicidios contra desaparecidos, la otra cifra que México todavía no ha logrado bajar
CDMX | Según los datos oficiales que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presenta cada mañana, México está viviendo un respiro histórico en materia de violencia letal, el promedio diario de homicidios dolosos cayó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 45.4 en junio de 2026, lo que representa una reducción del 48%, casi 41 vidas menos perdidas cada día y junio cerró como el mes con menos asesinatos en mucho tiempo, y el primer semestre del año registró el promedio más bajo desde 2016.
La cifras oficiales indican 28 estados mejoraron. Solo ocho concentran más de la mitad de los casos: Guanajuato sigue liderando en volumen absoluto, seguido de Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Morelos y Veracruz.
En tasas por cada 100 mil habitantes, Colima, Morelos y Sinaloa siguen siendo de los más golpeados.
El gobierno lo atribuye a una estrategia concreta: inteligencia, focalización en los generadores de violencia, coordinación entre Sedena, Marina, Guardia Nacional y fiscalías, mesas técnicas diarias con Estados Unidos, decomisos millonarios de droga y armas, y más de 59 mil detenciones.
Omar García Harfuch y el Gabinete de Seguridad presentan estos números como prueba de que “atender las causas” y operar con precisión está funcionando. Hasta aquí, la verborrea oficial es contundente y, en números crudos, innegable.
Pero hay otra historia que corre por debajo, las cifras que duelen más: desaparecidos y muertes que “no son homicidios”, ya que mientras las carpetas de homicidio doloso bajan, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas sigue engordando.
Alrededor de 135,271 personas acumuladas desde 1952 hasta mediados de 2026, cada año entran cerca de 12 mil nuevos reportes, en el primer semestre de este año ya iban más de 11 mil.
Cinco estados cargan con el 42% de esta tragedia: Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Nuevo León de los cuales el 78% de las víctimas son hombres, pero en algunos lugares como el Edomex o Tabasco, las mujeres representan hasta el 40% de los casos. Y hay más de 18 mil niñas, niños y adolescentes en esa lista.
Organizaciones como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) y la Red Lupa lo dicen claro: muchos cárteles cambiaron de estrategia y ya no dejan los cuerpos tirados en la calle o en las carreteras. Los desaparecen.
Sin cadáver, no hay homicidio que eleve las estadísticas oficiales, el caso se queda como “desaparición” o “no localización”, y la presión mediática y policial baja. Es más “limpio” para ellos.
Y aquí entra otro punto incómodo que varios analistas y organizaciones como México Evalúa y Causa en Común han documentado: la reclasificación de muertes.
Cada vez más fallecimientos con arma de fuego terminan archivados como “muertes de origen indeterminado” o en la ambigua categoría de “otros delitos contra la vida y la integridad corporal”, que ha crecido de forma sostenida en algunos periodos más del 65%.
Hay casos documentados en Sinaloa y otras entidades donde cuerpos con claros signos de ejecución o tortura fueron registrados como “causa de muerte por determinar”.
El INEGI, que trabaja con actas de defunción reales y no solo con carpetas de investigación, ofrece una foto ligeramente diferente, ya que en 2024 la tasa nacional fue de 25.6 homicidios por cada 100 mil habitantes.
El primer semestre de 2025 bajó a 11.1, pero siempre registra más casos que las cifras rápidas del SESNSP.
Esa brecha no es nueva, pero genera legítimas dudas sobre cuánto de la baja real se debe a menos violencia y cuánto a cómo se nombran las cosas. El gobierno defiende que los resultados son genuinos y que las comparaciones con años anteriores son válidas gracias a mejoras en coordinación e investigación.
Dicen que celebrar solo los homicidios dolosos es injusto porque ignoran las detenciones, los decomisos y la reducción en otros delitos de alto impacto.
Los colectivos de búsqueda y defensores de derechos humanos responden que una estadística que no incluye a los desaparecidos ni las muertes reclasificadas es una foto incompleta y, para muchas familias, ofensiva. “Menos cuerpos en la calle, más ausencias en las casas”, resumen.
Al final, México vive una paradoja dolorosa. Hay datos que muestran avances reales en varias regiones. Hay estados que respiran mejor. Pero al mismo tiempo, miles de familias siguen caminando cerros, exigiendo que se excaven fosas, que se abran carpetas, que alguien les diga dónde está su hijo, su hermano, su pareja.
La violencia no desapareció, solo cambió de forma en algunos lugares: de balazos visibles a silencios que se tragan personas enteras. Mientras las mañaneras celebran los promedios diarios más bajos en una década, en muchos hogares mexicanos la cuenta sigue en cero: ni cuerpo, ni justicia, ni paz. Esa es la otra cifra que México todavía no ha logrado bajar.
