Huachicol: más de 27 millones de litros incautados; Pemex con pérdidas por 5 mil 500 mdp y la mafia de chupaductos intocable
REPORTE MAYA
REDACCIÓN
CDMX | Omar García Harfuch ha delineado varios frentes de lucha contra la delincuencia organizada, uno de ellos es el combate al ‘huachicol’ que revela la anatomía de un Estado que aún disputa territorio con el crimen organizado; el robo y la venta irregular de combustibles resulta en un quebranto para el gobierno mexicano, tanto la variante tradicional, el robo directamente de los ductos transportadores, como la fiscal, el contrabando de gasolinas desde EU, mediante el falseo de la documentación arancelaria que implica la pérdida de miles de millones de dólares al año, pero hasta el momento las cabezas de esta mafia internacional de narcos y políticos sigue intocable.
Pemex tuvo pérdidas por 5 mil 471 millones de pesos en el primer trimestre del año debido al robo de combustibles (huachicol), de acuerdo con el último informe de resultados de la empresa; el monto es 17.4 por ciento superior respecto a los 4 mil 659 millones registrados en el mismo periodo de 2024, según el reporte financiero de Pemex.
De acuerdo con los datos, desde que empezó el gobierno de la Cuarta Transformación, las pérdidas entre enero y marzo representan la segunda cifra más alta para un periodo similar. Con la finalidad de combatir este problema, la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum busca establecer un sistema de trazabilidad obligatorio para que el gobierno pueda identificar con precisión cada litro de gasolina que es vendido en el país, ya sea producido en territorio nacional o importado.
La guerra contra estos delitos ha ocupado la agenda de las autoridades de seguridad y de la presidenta Claudia Sheinbaum. La semana pasada, un operativo terminó con la desarticulación de una banda dedicada al huachicoleo, con 32 detenidos, casi 16 millones de pesos incautados, decenas de vehículos decomisados, además de varios animales exóticos rescatados.
Expertos cifran en unos 177.000 millones de pesos al año, unos 9.200 millones de dólares, el quebranto por el huachicol fiscal. En 2024, Pemex calculó en 20.000 millones de pesos, algo más de 1.000 millones de dólares, las pérdidas por el huachicol tradicional.
El estallido de Tlahuelilpan en 2019, con 137 muertos, marcó el punto más trágico del huachicol, pero no su final. Seis años después, México enfrenta una versión evolucionada del saqueo energético: redes que perforan ductos, ordeñan buques y montan refinerías artesanales mientras extienden tentáculos financieros.
El gobierno de Claudia Sheinbaum declaró el combate al huachicol como prioridad estratégica desde su primer consejo de seguridad. Las medidas van desde una reestructuración corporativa de Pemex -que busca trazabilidad obligatoria para cada litro- hasta operativos conjuntos con ejército y Guardia Nacional, cada golpe descubre la misma realidad: los grupos delictivos se adaptan con rapidez, explotan la precariedad económica de comunidades rurales y cuentan con complicidades oficiales.
De acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Hacienda, el huachicol provocó en 2024 un boquete fiscal cercano a 9.000 millones de dólares entre pérdidas directas y evasión de impuestos. Esa sangría complica la viabilidad de un Pemex ya asfixiado por una deuda que rebasa los 101.000 millones de dólares. Analistas advierten que un incremento sostenido del robo de combustible podría obligar al Gobierno a recortar programas sociales o incrementar deuda soberana.
Las cifras esconden un segundo impacto: el medioambiental. Cada toma clandestina implica riesgo de fuga, incendio o contaminación de suelos agrícolas. Expertos del Instituto de Ecología calculan que el costo de remediar un solo derrame mayor supera los 250 millones de pesos.
Por otra parte, lejos de operar como células aisladas, las bandas huachicoleras funcionan como cárteles logísticos. El CJNG controla corredores en Jalisco y Colima; el cártel de Santa Rosa de Lima mantiene presencia en Guanajuato e Hidalgo; mientras células independientes han instalado refinerías clandestinas en Veracruz y Nuevo León. Estas organizaciones diversifican riesgos: combinan diesel adulterado con metanfetamina, invierten utilidades en compra de armas y corrompen autoridades municipales.
En Tabasco y Campeche, células independientes como La Barredora y Zeta Vieja Escuela son quienes controlan el tráfico de huachicol y donde se mantienen una encarnizada lucha con grupos aliados del CJNG. Norte de Veracruz y Tamulipas, el Cártel de Noreste y del Golfo, son quienes operan las rutas y trasiego del huachicol fiscal y el tradicional.
La rentabilidad explica la tenacidad: perforar un ducto de diésel cuesta menos de 200.000 pesos y puede dejar ganancias de hasta 1,5 millones por día. Con esos márgenes, la violencia escala. Los homicidios vinculados al huachicol crecieron 12 % en 2024, según datos de la Fiscalía General, y las extorsiones a gasolineras independientes se duplicaron en diez estados.
Entre los ejes centrales del plan federal destaca la verticalización de Pemex: integrar comercialización y logística bajo un mismo mando para sellar fugas internas. El proyecto incluye sensores IoT e inteligencia artificial en más de 8.000 kilómetros de ductos, con expectativa de reducir en 30 % las pérdidas a mediano plazo. A ello se suma la suspensión -desde abril- de importaciones por carretera desde EU, medida que busca frenar el contrabando fronterizo.
Para cientos de comunidades rurales, el huachicol representa empleo, acceso a combustible barato y, en muchos casos, la única fuente de ingreso ante la ausencia de inversión pública. Sin alternativas tangibles, la legitimidad estatal se ve erosionada por la presencia de cárteles que reparten gasolina a mitad de precio y financian fiestas patronales.
En el frente político, el desgaste para Sheinbaum es palpable. Encuestas colocan el combate al huachicol entre los tres temas que más preocupan a la ciudadanía, solo detrás de la inseguridad y el costo de vida. Un fracaso visible antes de 2026 podría traducirse en costos electorales y presiones fiscales que limiten la agenda social del Ejecutivo.
La guerra contra el huachicol es, ante todo, una prueba de gobernabilidad energética. Sin seguridad en su infraestructura y sin una Pemex financieramente sana, México compromete su autonomía y su capacidad para financiar políticas públicas. Las medidas de trazabilidad y la reforma interna apuntan en la dirección correcta, pero su eficacia dependerá de factores externos: la coordinación con EU, la depuración de autoridades locales y la creación de alternativas económicas que desactiven el atractivo del mercado negro.
En definitiva, el huachicol revela la anatomía de un Estado que aún disputa territorio con el crimen organizado. La estrategia federal necesita combinar tecnología, inteligencia financiera y desarrollo social para romper el círculo vicioso. Si lo logra, reducirá la sangría fiscal y restablecerá un mínimo de confianza. Si fracasa, el costo no será solo contable: se medirá en legitimidad, en vidas humanas y en la capacidad del país para decidir su destino energético.
Los últimos golpes al huachicol evidencian el nivel de esta red criminal
El 6 de julio, en Tejocotal, Hidalgo, Agentes de la Guardia Nacional, en Puebla, recuperaron dos tanques con más de 63 mil litros de combustible robados. Los guardias federales realizaban patrullajes de seguridad, inspección y vigilancia, correspondientes al Operativo Balam, en la carretera Apizaco – Tejocotal, cuando recibieron el reporte por el robo de los semirremolques cargados con hidrocarburo.
Durante el despliegue de búsqueda, localizaron sobre el acotamiento los dos tanques con capacidad aproximada de 31 mil 800 litros de combustible, así como el dolly, los cuales coincidían con las características que señalaba el reporte. El hidrocarburo, los tractocamiones y el dolly fueron puestos a disposición del ministerio público, para continuar las investigaciones.
El 2 de julio se informó de un nuevo golpe al robo de combustibles en el país, cuando elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con otras dependencias del Gabinete de Seguridad decomisaron más de 880.000 litros de hidrocarburos robados almacenados en dos predios que fueron asegurados en el municipio de Cunduacán, en el Estado de Tabasco.
El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, informó en sus redes sociales del aseguramiento, en el lugar se localizaron siete vehículos, dos montacargas y más de 1.000 contenedores con el combustible.
En Tabasco se han realizado ya varios decomisos de combustibles robados. Tan solo este año, la entidad suma varios decomisos de huachicol, el más importante de ellos, en mayo, sumó más de tres millones de litros de hidrocarburo sustraídos ilegalmente. Poco antes, otro operativo acabó con el aseguramiento de 1,5 millones en otro predio, además de máquinas para procesar y refinar petróleo crudo. Esta entidad encabeza la lista de los estados con decomisos más relevantes de hidrocarburo robado en lo que va de año.
El 5 de julio, en un operativo conjunto contra el robo de hidrocarburos, fuerzas de seguridad aseguraron una pipa de doble remolque cargada con diésel de dudosa procedencia y una camioneta, además de detener a tres hombres que presuntamente intentaban vender el combustible de manera ilegal.
Los hechos ocurrieron sobre la carretera Poza Rica–Cazones, a escasos metros del punto conocido como El Caracol, en el entronque hacia la autopista Tuxpan–Totomoxtle. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y personal de Seguridad Física de Pemex, implementaron un dispositivo de revisión que derivó en el aseguramiento.
Durante la inspección, los uniformados detectaron una pipa con logotipos de la empresa Carsa Logistic División Petroleum, misma que transportaba diésel sin la documentación necesaria para comprobar su legalidad. En el sitio también fue localizada una camioneta relacionada con los hechos.
El mismo día 5, fue detectada una nueva toma clandestina de hidrocarburo en un terreno de cultivo ubicado en la junta auxiliar de San Juan Acozac, municipio de Los Reyes de Juárez, Estado de México. Con este hallazgo, suman ya seis tomas ilegales registradas en lo que va del año en el mismo tramo del ducto de Pemex.
El descubrimiento fue realizado por elementos de la Guardia Nacional durante un patrullaje de rutina. De acuerdo con el informe, los uniformados detectaron un fuerte olor a combustible y al inspeccionar el área hallaron una conexión ilegal a la red de ductos, a escasos 200 metros de la autopista Puebla–Orizaba.
Tras el hallazgo, se notificó a Seguridad Física de Pemex, que procedió con el sellado de la toma y el aseguramiento del sitio. Para garantizar la seguridad de los habitantes y de los trabajadores agrícolas cercanos, las autoridades implementaron un acordonamiento de 500 metros alrededor del punto afectado.
La zona ha sido catalogada como un punto crítico por las autoridades debido a su ubicación estratégica, la cercanía con otros municipios como Acatzingo y Huixcolotla, y la facilidad de acceso que ofrecen los campos de cultivo, los cuales son utilizados por grupos dedicados al robo de combustible como cobertura para sus operaciones.
También ese día autoridades federales y estatales localizaron y clausuraron una toma clandestina de alta sofisticación en Ecatepec, Edomex, de donde se extraía turbosina.
El hallazgo se produjo en un predio federal en la zona del Río de los Remedios, específicamente en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, en Ecatepec, una ubicación estratégica por su colindancia con la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.
La alerta se activó después de que vecinos y trabajadores de una empresa que realizaba obras en la zona reportaran un fuerte e inusual olor a combustible en la esquina de las calles Refugio Vilchis y Dallas Texas.
El área fue acordonada por la Dirección de Protección Civil y Bomberos para prevenir cualquier riesgo para la población, mientras los técnicos de Pemex realizaban las delicadas maniobras para sellar la perforación ilegal en el ducto. En el sitio se descubrieron mangueras y equipo presuntamente utilizado para la extracción del hidrocarburo. Por estos hechos, no se reportaron personas detenidas en el lugar.
Este descubrimiento es particularmente alarmante porque sugiere la operación de una red criminal altamente organizada y con conocimientos técnicos avanzados. La extracción de turbosina es más compleja y peligrosa que la de gasolina, lo que descarta a ladrones improvisados y apunta a grupos con una infraestructura consolidada.
Además, este golpe al huachicol ocurre en un contexto significativo. Según datos de Pemex, la zona limítrofe entre Ecatepec y la Gustavo A. Madero es un foco rojo en el robo de combustible. De hecho, seis alcaldías de la CDMX, incluyendo la GAM, concentran el mayor número de tomas clandestinas: Tlalpan, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Iztacalco y Miguel Hidalgo.
Los grandes golpes a la mafia huachicolera anunciados por Omar García Harfuh suman un total de 27 millones, 80 mil litros de combustible ilegal asegurados en los últimos 3 meses sin que se reporten detenciones importantes de los cabecillas de esta red criminal, mucho menos de quienes desde el gobierno federal, estatal y municipal les brindan la protección. Una mafia de chupaductos que recaudan diariamente millones de pesos que dejan una estela de sangre y muerte con total impunidad.
