La incapacidad administrativa y corrupción no se pueden ocultar: 4T acumula 250 mil millones de pesos en irregularidades
REPORTE MAYA | REDACCIÓN | Durante 2025 y lo que va de 2026, el gobierno federal reportó que el huachicol fiscal, es decir la evasión del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios en la importación y comercialización de combustibles, generó un desbalance estimado en 61 mil 785 millones de pesos en 2025, correspondiente a irregularidades detectadas en alrededor de 8 mil 824 millones de litros. La mayor parte de ese desbalance se concentró en el segmento de comercialización, con 6 mil 352 millones de litros equivalentes a 44 mil 468 millones de pesos, seguido por los expendios y la importación. En 2026 las autoridades informaron una recuperación de aproximadamente 48 mil millones de pesos adicionales en recaudación de IEPS asociada al combate de estas prácticas, junto con la cancelación de miles de empresas y gasolineras y la baja de importadores. Análisis independientes, como el del Observatorio Ciudadano de Energía, calcularon afectaciones económicas acumuladas superiores a 274 mil millones de pesos entre enero de 2025 y agosto de 2026 al sumar el robo de combustibles, el contrabando y la desaparición de petróleo crudo, con pérdidas atribuidas tanto a Pemex como a la Secretaría de Hacienda. Estas cifras reflejan un fenómeno que combina el robo tradicional de ductos con la evasión fiscal sistemática en la cadena de valor de los hidrocarburos.
En la revisión de la Cuenta Pública 2024, correspondiente al último año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Auditoría Superior de la Federación identificó irregularidades por 67 mil 174.7 millones de pesos. De ese monto se recuperaron cerca de 2 mil millones de pesos y quedaron pendientes de aclaración alrededor de 65 mil 169 millones, de los cuales 59 mil 363 millones correspondían a gasto federalizado ejercido por estados y municipios y el resto a la administración pública federal. La Cámara de Diputados aprobó el dictamen con mayoría de Morena y sus aliados. Las observaciones incluyeron pagos en exceso, falta de documentación comprobatoria y recursos no aplicados en sectores como salud e infraestructura. Legisladores de oposición estimaron que el acumulado de irregularidades sin justificar a lo largo del sexenio de López Obrador alcanzaría cerca de 99 mil millones de pesos al incorporar las cuentas de años anteriores. Estas cifras representan observaciones de auditoría que no necesariamente equivalen a desvíos plenamente acreditados, pero sí a recursos cuyo destino no quedó completamente justificado ante el órgano fiscalizador.
Amílcar Olán Aparicio, empresario originario de Tabasco señalado como cercano a los hijos del expresidente López Obrador, obtuvo contratos públicos durante la administración anterior en rubros como suministro de medicamentos y materiales de curación a gobiernos estatales de Morena, así como provisión de balasto para obras del Tren Maya. Investigaciones periodísticas documentaron contratos por más de 490 millones de pesos en medicamentos entre 2020 y 2022 a través de empresas vinculadas, además de pagos por renta de inmuebles al Poder Judicial por más de 18 millones de pesos entre 2023 y 2026. Reportes adicionales mencionaron utilidades elevadas en el negocio del balasto y la existencia de una cuenta de inversión en Suiza con un saldo equivalente a aproximadamente 1 mil 433 millones de pesos, objeto de investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. La cifra de 22 mil millones de pesos que circula en algunas infografías no aparece respaldada por montos documentados en las revisiones públicas disponibles.
El caso de Seguridad Alimentaria Mexicana, Segalmex, generó observaciones por alrededor de 9 mil 500 millones de pesos en las cuentas públicas de 2019 y 2020, según el gobierno federal. De ese total, aproximadamente 4 mil 700 millones fueron aclarados, 2 mil 100 millones permanecieron en proceso de análisis y 2 mil 700 millones no se justificaron, por lo que se presentaron denuncias penales ante la Fiscalía General de la República y se remitieron expedientes al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. La Auditoría Superior de la Federación y organizaciones como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad reportaron montos observados superiores en algunos periodos, con estimaciones que superaban los 15 mil millones de pesos en los primeros años de operación de la entidad. Las irregularidades incluyeron compras simuladas, adjudicaciones a empresas con poca capacidad demostrada y faltantes en inventarios. Años después del inicio de las investigaciones, no se habían dictado sentencias firmes en los principales expedientes y el daño patrimonial reconocido oficialmente se mantuvo en el orden de los 2 mil 700 millones de pesos no aclarados.
El Tren Maya registró pérdidas operativas de 5 mil 13 millones de pesos en el primer semestre de 2026, una cifra superior a los 4 mil 810 millones reportados durante todo 2025. Desde su inauguración a finales de 2023 hasta junio de 2026, el proyecto acumuló más de 14 mil millones de pesos en gastos y pérdidas operativas, mientras los ingresos por boletos y servicios sumaron apenas poco más de mil millones de pesos, equivalentes a alrededor del 7.5 por ciento de los costos de funcionamiento. En el segundo trimestre de 2026, coincidiendo con el inicio del Mundial de fútbol, los ingresos por servicios fueron de 117 millones de pesos frente a costos operativos de 985 millones, lo que dejó un resultado negativo de 867 millones antes de considerar subsidios. La operación depende de transferencias federales y recursos de fideicomisos públicos, y el punto de equilibrio se ha proyectado más allá de 2030. Un déficit de 2 mil 500 millones de pesos, como el que aparece en algunas gráficas, representa solo una fracción de las pérdidas operativas documentadas en los informes de auditoría y en los estados financieros de la empresa militar que administra el sistema.
A finales del mes pasado, Guadalupe Taddei renunció a la presidencia del Instituto Nacional Electoral después de que se difundieran reportes sobre contratos adjudicados a empresas vinculadas a su entorno personal y familiar, posibles conflictos de interés y operaciones de triangulación de recursos. La Auditoría Superior de la Federación anunció el inicio de una investigación de oficio por indicios de irregularidades en contrataciones del INE y de organismos públicos locales electorales, que abarcan posibles colusiones y concentraciones de contratos en grupos empresariales específicos. Entre los señalamientos se mencionaron empresas que, con pocos empleados registrados, obtuvieron contratos por cientos de millones de pesos, como uno de 184 millones, y la existencia de vínculos laborales o de representación legal entre colaboradores de Taddei y esas compañías. La renuncia se formalizó ante la Cámara de Diputados y abrió el proceso para designar a un nuevo titular del organismo. Las investigaciones continúan y no se han determinado montos finales de daño ni responsabilidades individuales acreditadas en sede judicial.
Estas cifras y procesos forman parte de las revisiones de la Auditoría Superior de la Federación, de informes de dependencias federales y de investigaciones periodísticas y de organizaciones de la sociedad civil. Las observaciones de auditoría indican recursos no plenamente justificados o irregularidades detectadas en su ejercicio, mientras que los casos con denuncias penales avanzan en las instancias correspondientes sin que, en la mayoría de ellos, existan sentencias firmes que determinen responsabilidades definitivas.
Hay que agregar que en este 2026 el gobierno federal reportó un incremento en las declaraciones de Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) vinculadas a combustibles. Entre enero y septiembre de ese año las declaraciones de IEPS alcanzaron 351 mil 504 millones de pesos, frente a 303 mil 93 millones en el mismo periodo de 2025, lo que representó un aumento de 48 mil 411 millones de pesos. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que de enero a agosto la recaudación de IEPS llegó a 311 mil millones de pesos, 34 mil millones más que los 277 mil millones del mismo lapso de 2025, un crecimiento real de 8.1 por ciento que las autoridades atribuyeron a medidas de fiscalización y a las reformas contra el contrabando de combustibles. El volumen de litros sujetos a pago de IEPS también subió: pasó de 52 mil 152 millones de litros en los primeros nueve meses de 2025 a 59 mil 148 millones de litros en el mismo periodo de 2026. Las importaciones declaradas crecieron 10.54 por ciento, de 23 mil 933 millones a 26 mil 455 millones de litros, y se rectificaron 1 mil 952 millones de litros que pretendían ingresar de manera irregular, equivalentes a 13 mil 664 millones de pesos en IEPS. Las ventas de Pemex aumentaron en el periodo de enero a septiembre de 2026 respecto al año anterior.
Al mismo tiempo, la recaudación efectiva del IEPS a gasolinas y diésel mostró contracciones en varios meses de 2026 debido a los estímulos fiscales aplicados para moderar el traslado de alzas internacionales de precios a los consumidores. Entre enero y septiembre el cobro de IEPS a estos combustibles acumuló 301 mil 977 millones de pesos, una caída real de 9.2 por ciento respecto a los 332 mil 660 millones del mismo periodo de 2025. En septiembre la recaudación cayó 39.2 por ciento real anual, a 24 mil 900 millones de pesos. La Secretaría de Hacienda reportó que de enero a septiembre de 2026 se dejaron de recaudar alrededor de 80 mil millones de pesos por estímulos y subsidios al IEPS de combustibles. El impacto neto sobre los ingresos federales, después de considerar compensaciones, se estimó entre 23 mil y 24 mil millones de pesos. Entre septiembre de 2025 y junio de 2026 se detectaron más de 109 mil 400 millones de litros de hidrocarburos no declarados, asociados a una recaudación de 4 mil 600 millones de pesos en IVA e IEPS. La Agencia Nacional de Aduanas identificó 3 mil 109 casos de clasificación arancelaria incorrecta de hidrocarburos.
En la revisión de la Cuenta Pública 2025, primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó en su segunda entrega de informes irregularidades por más de 9 mil millones de pesos, que sumados a los 600 millones del primer paquete alcanzaron alrededor de 9 mil 600 millones de pesos pendientes de aclaración. Más del 80 por ciento de ese monto, unos 7 mil 352 millones, correspondió a gestiones de gobiernos estatales y municipales.
En 42 municipios se observaron más de 5 mil 200 millones de pesos sin acreditar destino. En el ámbito federal destacaron observaciones por 2 mil 327 millones de pesos en el Fondo Especial para Financiamientos Agropecuarios y en la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México. Antes de concluir las revisiones, entidades federativas reintegraron 1 mil 132 millones de pesos. La ASF informó que en los primeros seis meses de la gestión actual presentó 40 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción, de las cuales 21 ya estaban judicializadas. También identificó dos grupos empresariales que concentraron contrataciones públicas por 8 mil 870.3 millones de pesos entre 2014 y 2026, de los cuales 3 mil 790.3 millones correspondieron a organismos electorales, incluyendo 430 millones con el INE.
Estas cifras de 2026 combinan incrementos en volúmenes declarados y en declaraciones de IEPS asociados al combate del huachicol fiscal con reducciones en la recaudación efectiva por estímulos a los precios de los combustibles, además de observaciones de auditoría en el gasto federalizado y federal del primer año de la administración actual. Las investigaciones de la ASF y las acciones de fiscalización continúan en curso.
