Omar García Harfuch confirma el ingreso de colombianos con experiencia de combate en Ucrania y niega cualquier vínculo de exmilitares mexicanos con el crimen organizado
CDMX | REDACCIÓN | El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ofreció este jueves un detallado recuento de las acciones del Gobierno federal en materia de seguridad, tras comparecer a puerta cerrada ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados en el marco de la glosa del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En la rueda de prensa posterior, el funcionario reveló que las autoridades mexicanas han detectado la llegada al país de personas de nacionalidad colombiana que participaron en los combates en Ucrania, un hallazgo que ha activado de inmediato la cooperación bilateral.
“Lo que sí hemos detectado aquí en México y estamos colaborando y nos están ayudando las autoridades de Colombia, son personas que ingresaron a nuestro país de Colombia y que venían o habían tenido un antecedente en Ucrania. Eso es lo que tenemos ahorita”, afirmó Harfuch con contundencia. México y Colombia, precisó, comparten ya información y registros para identificar a estas personas y vigilar sus movimientos. El objetivo es claro: impedir que conocimientos adquiridos en un conflicto armado internacional —especialmente en el manejo de drones FPV, la adaptación de cargas explosivas o la evasión de inhibidores de señal— terminen al servicio de grupos delictivos locales.
Harfuch se apresuró a desmentir, con la misma firmeza, las versiones que apuntaban a una posible capacitación de exmilitares mexicanos o de integrantes del crimen organizado en suelo ucraniano. “No tenemos ningún exmilitar mexicano como tal que lo tengamos relacionado con el entrenamiento, como salió la nota periodística en drones o en algún armamento”, subrayó. No existe, según dijo, ningún reporte ni prueba de que policías o soldados retirados del país estén instruyendo a criminales en el uso de armamento o tecnología. El Gobierno, no obstante, mantiene una vigilancia estrecha sobre el empleo de drones por parte del crimen organizado y ha reforzado los controles en aeropuertos y puntos de entrada para detectar a tiempo a cualquier persona con antecedentes de combate.
La preocupación por la eventual infiltración del crimen organizado en las elecciones de 2027 ocupó también un lugar central en su comparecencia. Harfuch reconoció que en la reunión con los legisladores —presidida por Ricardo Monreal y con la presencia de Raúl Bolaños, los coordinadores parlamentarios y la presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Jessica Saiden Quiroz— se expresó una inquietud generalizada al respecto. “Estamos trabajando para determinar los focos rojos; vamos a dar a conocer más adelante también las acciones que se van a llevar a cabo”, anunció. Por instrucciones de la presidenta Sheinbaum se celebran ya reuniones con el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y las fuerzas federales y estatales.
La estrategia, insistió, no recaerá únicamente en la Secretaría de Seguridad. “Van a jugar un papel fundamental en estas elecciones” la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional, “pero también hacerlo de manera muy coordinada con las policías estatales y las fiscalías estatales”. El análisis de los focos rojos del pasado, añadió, permitirá prevenir escenarios similares en el futuro.Sobre el proyecto de una Academia Internacional de Capacitación Policial en Querétaro, en colaboración con Estados Unidos, Harfuch fue inequívoco: los límites los marca la Constitución. “No es una cuestión de voluntad. Ahorita lo único a lo que nosotros podemos y se nos es permitido por las leyes mexicanas es el intercambio de información con pleno respeto a nuestra soberanía. La presidenta ha sido muy clara en eso. Tenemos intercambio de información permanente, diario”. Ese flujo constante de datos, destacó, ha permitido ya la captura de objetivos prioritarios en ambos países.
El combate al huachicol fiscal concentró otra parte sustancial de sus respuestas. Harfuch confirmó el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo, que se encuentran bajo resguardo de la Fiscalía General de la República. “Los 10 millones de litros de hidrocarburo están bajo resguardo de FGR”, declaró. La propia Secretaría de Marina descubrió y denunció la red de corrupción que involucraba a personal naval —activo y retirado—, empresarios y presuntos delincuentes dedicados al robo y tráfico ilegal de gasolina en zonas costeras y puertos. Las investigaciones han derivado en detenciones y el combustible decomisado permanece a disposición de la autoridad ministerial para restar recursos a las bandas.
En operativos de mayor envergadura realizados en el norte del país y relacionados con un buque, aunque inicialmente no hubo detenidos, posteriormente se efectuaron capturas y actualmente hay más de diez personas privadas de la libertad en cada caso. El mensaje del secretario fue inequívoco: el Gobierno castigará a todos los involucrados y no perdonará ningún delito dentro de las fuerzas armadas. Las instituciones de seguridad seguirán trabajando de manera conjunta para llevar ante la justicia a cada persona que participó en estos hechos.
Harfuch cerró su intervención subrayando que la seguridad del país está garantizada por las Fuerzas Armadas y el Gabinete de Seguridad. La comparecencia, celebrada en un clima de coordinación institucional, dejó en claro que el Ejecutivo federal prioriza la inteligencia, la cooperación internacional limitada al marco constitucional y la prevención de riesgos tanto inmediatos como electorales.
