Operativo Enjambre: 111 funcionarios detenidos en ocho estados… y seis ausencias que pesan
CDMX | Cuando el gobierno federal anuncia que en 22 meses ha desarticulado a 111 funcionarios municipales vinculados al crimen organizado, la cifra se presenta como prueba de una política de Estado. Sin embargo, toda estrategia de seguridad se mide no solo por dónde actúa, sino también por dónde decide no hacerlo.
El Operativo Enjambre —coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Sedena, la Semar y el Centro Nacional de Inteligencia— ha intervenido en el Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca, Jalisco, Chiapas, Veracruz y Tlaxcala. Hasta ahora, ha dejado fuera exactamente seis entidades: Sinaloa, Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Guerrero y Michoacán.
No se trata de estados periféricos en el mapa de la violencia. Son territorios con algunas de las tasas más altas de homicidio doloso y extorsión sostenida del país, con presidencias municipales bajo sospecha pública recurrente y con corredores logísticos del narcotráfico que ninguna autoridad federal desconoce. Si el criterio de Enjambre fuera estrictamente técnico —incidencia delictiva, denuncias ciudadanas e inteligencia acumulada—, estos seis estados deberían haber ocupado los primeros lugares de la lista, no los últimos.
Esa ausencia no es un vacío estadístico. Es una decisión que exige explicación pública más allá de los comunicados triunfalistas sobre detenciones realizadas donde el costo político resulta menor.
El calendario electoral y la excepción de Guanajuato
La hipótesis más inmediata apunta al calendario electoral. Cinco de los seis estados ausentes —Sinaloa, Chihuahua, Baja California, Michoacán y Guerrero— renovarán gubernatura en junio de 2027. El proceso electoral formal arrancó el 10 de septiembre pasado. Guanajuato, en cambio, no: su gubernatura se renueva hasta 2030.
La excepción no disipa la sospecha de selectividad; la amplía. Guanajuato, gobernado por el PAN y con una de las tasas de homicidio más elevadas del país durante casi una década, tampoco ha sido tocado. Esto obliga a considerar no solo un posible cálculo electoral, sino también una lógica de costo-beneficio político y de gobernabilidad negociada con los gobiernos estatales en turno, independientemente del color partidista.
Juchitán: la velocidad de la visibilidad
Oaxaca sí formó parte de la lista de Enjambre. El caso de Juchitán ilustra, sin embargo, otra variable. La detención del alcalde Miguel Sánchez Altamirano por presuntos nexos con una célula del CJNG y la posterior desaparición del ayuntamiento —aprobada por el Congreso estatal en menos de veinte minutos, con 35 votos a favor y ninguno en contra— ocurrió días después de que una diseñadora local, autora del vestido presidencial del Grito de Independencia, denunciara una extorsión y sufriera un ataque armado en su domicilio.
La Presidencia aclaró que ambos hechos no están vinculados. No hay elementos para dudar de esa precisión puntual. Lo que sí queda en evidencia es la contraste de velocidades: la reacción fulminante del aparato estatal y federal frente a un municipio que alcanzó reflectores nacionales, frente a la parálisis prolongada en decenas de municipios sin cobertura mediática similar. La lección es amarga: la respuesta institucional contra la infiltración criminal no siempre obedece a un criterio homogéneo y previsible. A veces responde a la visibilidad del daño.
Michoacán: el caso de manual que no aparece
Ningún estado ilustra mejor la contradicción que Michoacán. En 2009, un operativo federal conjunto detuvo de golpe a diez alcaldes y a otros veinte funcionarios señalados de vínculos con el crimen organizado. Década y media después, la lógica de la infiltración municipal no solo persiste: en municipios enteros se ha consolidado como norma tácita.
El gobierno estatal ha llegado a discutir la eliminación de policías municipales completas ante su infiltración evidente. Nada de eso ha activado el mismo mecanismo de intervención que sí se aplicó en Morelos, Puebla o el Estado de México.
Si Enjambre existe para romper el pacto entre criminalidad y poder local, Michoacán concentra, por evidencia acumulada durante tres lustros, el caso de manual del país. Su ausencia de la lista no puede atribuirse a falta de información. Se explica por falta de voluntad política o por exceso de cálculo.
Tres condiciones mínimas para blindar la estrategia
Ninguna política de seguridad sobrevive si su aplicación depende del calendario electoral o de negociaciones opacas. La solución no es abandonar el operativo, sino blindarlo frente a la tentación política que hoy lo distorsiona. Eso exige, como mínimo, tres elementos verificables:
- Criterios públicos de priorización territorial, basados en indicadores delictivos objetivos y no en acuerdos discretos con gobernadores.
- Un mecanismo de activación automática cuando la evidencia de infiltración alcance umbrales documentados, independiente de la voluntad discrecional del Gabinete de Seguridad o del calendario del INE.
- Blindaje legal para que la desaparición de poderes municipales —como ocurrió en Juchitán en menos de una semana— deje de ser un recurso reservado a los casos que ya ocuparon portada y se aplique con el mismo rigor en Michoacán, Guerrero, Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Guanajuato.
Mientras el mapa de la justicia contra la narcopolítica lo siga dibujando el calendario electoral y no el delito documentado, México continuará operando a dos velocidades: una rápida, para los municipios con reflectores, y otra lenta, selectiva y, por omisión, cómplice, para el resto del país que solo llega a la portada cuando ya es demasiado tarde.
