Patrullas de 1,200 mdp rentadas y paradas: el negocio opaco de Turbofin en Playa del Carmen
PLAYA DEL CARMEN | REDACCIÓN | El 9 de abril de 2025, bajo un sol intenso de la Riviera Maya, la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, y la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, se pararon ante una flotilla impecable de vehículos policiales. Había camionetas pick-up de alta cilindrada, SUVs, sedanes, motocicletas, un vehículo blindado táctico y, como pieza central, un helicóptero. “Esta inversión histórica de más de 1,200 millones de pesos representa mucho más que material”, declaró Lezama. “Simboliza el compromiso con la paz y la tranquilidad de los playenses”. Mercado la secundó: el paquete marcaría “un antes y un después” en un municipio decidido a construir “una paz verdadera”.
La ceremonia, con presencia de representantes de las fuerzas armadas, se presentó como el mayor esfuerzo de equipamiento en la historia del municipio. Oficialmente, 334 vehículos policiales y de apoyo, más el helicóptero, elevarían el parque vehicular a 465 unidades operativas. Incluía cuatro ambulancias de servicio gratuito, 100 nuevas plazas policiales en el primer semestre y capacitación permanente. La versión oficial era clara: seguridad como derecho humano y responsabilidad compartida, sin embargo la violencia no cede y los elementos policiacos siguen siendo señalados como corruptos y coludidos con el crimen organizado.
Detrás del despliegue mediático, sin embargo, se oculta un esquema de arrendamiento financiero que ha generado profundas controversias sobre opacidad, costos y efectividad real. El contrato fue adjudicado a Grupo Turbofin, S.A.P.I. de C.V., una empresa especializada en el arrendamiento puro de flotillas vehiculares para gobiernos municipales, estatales y federales. Según reportes periodísticos basados en fuentes internas, la firma está vinculada a los empresarios Eduardo Flegman, así como a Aby y Bernardo Lijtszain Bimstein, también ligados al conglomerado de transporte Traxión. Turbofin se presenta como proveedora de “soluciones integrales de administración de flotillas”, asumiendo el mantenimiento correctivo y preventivo, el equipamiento tecnológico (GPS en tiempo real y telemetría) y la reposición de unidades.
El modelo de arrendamiento financiero no es nuevo en Quintana Roo ni en otros estados. Las administraciones lo defienden argumentando que evita “cementerios de patrullas” inservibles por falta de presupuesto para talleres. La empresa privada absorbe los costos de reparación y mantiene la flotilla operativa, protegiendo el patrimonio municipal de la devaluación de activos. En el caso de Playa del Carmen, las unidades incluyen sistemas de localización satelital enlazados a centros de control y telemetría para monitorear rendimiento y consumo de combustible. La administración de Mercado sostiene que no es viable circular las más de 465 unidades las 24 horas: muchas permanecen como reservas estratégicas, en guardias de relevo o listas para contingencias. La estrategia se basa en filtros fijos en puntos clave, vigilancia combinada con el helicóptero y despliegue por cuadrantes, no solo en patrullajes dinámicos. Carlos Montesinos, secretario de Seguridad Ciudadana, y en su momento Raúl Tassinari, han argumentado que “la seguridad no se mide únicamente por el número de patrullas rodando simultáneamente, sino por la eficiencia y la planeación estratégica”.
La oposición y medios locales ven otra realidad. El regidor José Luis “Chanito” Toledo Medina se ha convertido en la voz más crítica. En entrevistas y sesiones de cabildo ha calificado el esquema como un “negocio de papel” y una “estrategia de simulación”. “De las más de 350 patrullas entregadas —oficialmente 335— hoy apenas se ven menos de 100 en circulación. Muchas están paradas por falta de gasolina y el resto permanece resguardado en el parque vehicular de la policía”, declaró. Imágenes difundidas por medios locales muestran decenas de unidades estacionadas en los patios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana a distintas horas del día. Toledo ha insistido en que el dinero de los contribuyentes beneficia más a las arrendadoras que a la seguridad cotidiana de las colonias, donde los vecinos siguen demandando patrullajes preventivos constantes.
También ha cuestionado el costo del helicóptero —estimado por él en alrededor de cinco millones de pesos mensuales— y ha exigido reiteradamente la entrega de los contratos de arrendamiento, que según él no se han transparentado pese a promesas del tesorero y del secretario de Seguridad. “No hay transparencia sobre la licitación, y el tesorero municipal se niega a entregar información. Claramente hay intereses detrás”, afirmó.
La opacidad es el núcleo de las críticas. Ni en la ceremonia de entrega ni en los portales de transparencia del Ayuntamiento de Playa del Carmen se encontró el registro completo de la asignación, los pormenores del contrato, el plazo exacto del arrendamiento ni el desglose de costos, ya que el proceso se manejó con poca publicidad, bajo un esquema que fuentes describen como directo o con aval conjunto de autoridades estatales.
Turbofin ha acumulado en los últimos años contratos públicos por alrededor de 2,000 millones de pesos en diversos estados y municipios, y ha enfrentado cuestionamientos similares: en marzo de 2025 se denunciaron presuntas irregularidades en un contrato de más de 27 millones de pesos para renta de vehículos en Mineral de la Reforma, Hidalgo.
En Guanajuato, la empresa recibió por adjudicación directa un contrato de casi 720 millones de pesos para 162 patrullas, con un costo promedio de 4.4 millones por unidad.
El debate de fondo es económico: ¿resulta más conveniente rentar o comprar? Un análisis de precios de mercado de 2025-2026 muestra que una camioneta pick-up policial equipada (torretas, sirenas, radios, balizaje) cuesta entre 850,000 y 1.4 millones de pesos, dependiendo del modelo y el nivel de blindaje o equipamiento. Unidades más especializadas o SUVs tipo interceptor rondan el millón de pesos. Con 1,200 millones de pesos se podrían adquirir, en un cálculo conservador, entre 800 y más de 1,000 unidades básicas equipadas, o un número significativo de vehículos tácticos, dejando aún recursos para mantenimiento inicial, combustible y personal.
El arrendamiento, en cambio, diluye el pago a lo largo de varios años e incluye mantenimiento integral y tecnología, pero multiplica el costo final. Críticos de oposición y auditorías ciudadanas han señalado históricamente que rentar a mediano plazo puede resultar hasta el doble de caro que la compra directa. En el caso de Playa del Carmen, el paquete incluye no solo patrullas estándar sino un helicóptero, un vehículo blindado y ambulancias, lo que eleva el valor unitario promedio. La administración replica que el esquema protege el presupuesto de reparaciones imprevistas y garantiza unidades siempre operativas, evitando el deterioro típico de flotillas compradas y mal mantenidas.
Más de un año después de la entrega, la administración Mercado reporta reducciones en algunos delitos y presume la mayor cantidad de patrullas de Quintana Roo. Toledo y otros opositores insisten en que las unidades estacionadas, la escasez de gasolina reportada y la falta de transparencia convierten la inversión multimillonaria en un ejercicio de imagen más que de seguridad tangible. El negocio de la renta de patrullas —lucrativo para las empresas especializadas y atractivo para gobiernos que evitan grandes desembolsos iniciales— sigue operando en una zona gris de poca publicidad y altos costos. Mientras las patrullas brillan en las ceremonias y muchas permanecen en los patios, los playenses continúan esperando que la promesa de paz se traduzca en calles más seguras.
