Por trata de personas, sentencian a más de 16 años a Isidro Santamaría, líder de la CTM en Quintana Roo
CANCÚN | José Isidro Santamaría Casanova, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en Quintana Roo, fue sentenciado por un juez federal a 16 años de cárcel, la semana pasada, confirmó hoy el fiscal Raciel López Salazar.
Durante décadas el nombre de Santamaría Casanova circuló como el de un hombre que controlaba no solo sindicatos, sino también los hilos del poder local. Dirigente de la Confederación de Trabajadores de México en Quintana Roo desde 1991, cuando Fidel Velázquez lo colocó al frente de la central obrera en el estado, Santamaría encarnó durante más de treinta años la continuidad de un sindicalismo que en el Caribe mexicano se entretejió con la política priista, la administración municipal y los negocios nocturnos de la zona hotelera.
La semana pasada, un juez federal cerró uno de los capítulos más oscuros de esa trayectoria. El 12 de noviembre de 2026, la justicia federal lo sentenció a 16 años, 10 meses y 15 días de prisión por trata de personas en la modalidad de explotación sexual. El fiscal general del estado, Raciel López Salazar, lo confirmó en la conferencia semanal del Gabinete de Seguridad. Los hechos se remontan a 2019. Santamaría era propietario de dos bares en Benito Juárez, entre ellos el conocido como Dasein o Dassan, en la zona hotelera. Allí, mujeres extranjeras —colombianas, venezolanas, cubanas, peruanas— eran obligadas a ofrecer servicios sexuales. Se les retenían los pasaportes, se les imponían multas y cobros por el supuesto traslado a México, y se las amenazaba con denunciarlas por su situación migratoria irregular. El negocio generaba beneficio directo: el propietario cobraba a los clientes por los servicios.
La operación que destapó el caso ocurrió en marzo de 2019. Una denuncia de una de las mujeres llevó a un cateo en el que se rescataron 51 extranjeras, se aseguraron pasaportes bajo llave, narcóticos y un arma de fuego, y se detuvo a cuatro personas. En julio de ese año, agentes federales capturaron a Santamaría. Permaneció más de tres años en prisión preventiva. En 2022 logró recuperar la libertad bajo condiciones: firmar periódicamente y no abandonar el estado. Su defensa siempre sostuvo que él solo rentaba el espacio y no controlaba lo que ocurría adentro. El juez federal, sin embargo, consideró acreditada su responsabilidad.
Esa no es la única causa que lo mantiene tras las rejas. Desde noviembre de 2025 enfrenta también un proceso del fuero común por el homicidio de Luis Fernando Peón Cardín, ocurrido el 17 de julio de 2018. Peón, colaborador de la propia CTM, desapareció tras una llamada de Santamaría que le ordenaba presentarse de inmediato en las oficinas del sindicato. Al día siguiente su cuerpo apareció en una brecha de la carretera federal hacia Playa del Carmen, con signos de violencia y tortura. La Fiscalía estatal sostiene que el móvil fue una acusación de robo: Santamaría habría señalado a Peón por el hurto de dinero, alhajas y relojes de alta gama de las instalaciones sindicales. La noche previa a la desaparición, desconocidos entraron a la casa de la víctima y revolvieron sus pertenencias. La madre de Peón ha declarado que su hijo recibió amenazas de muerte. Un juez de control lo vinculó a proceso como autor intelectual y dictó prisión preventiva oficiosa. Santamaría fue detenido precisamente cuando se presentaba a una audiencia federal por el caso de trata, donde buscaba modificar medidas cautelares que, según la Fiscalía, había incumplido.
Durante ambos periodos de detención —el de 2019-2022 y el actual, que ya suma más de un año—, la CTM en Quintana Roo lo mantuvo en el cargo de secretario general. No hubo destitución formal. El sindicato, que agrupa a trabajadores de los grandes hoteles de Cancún y la Riviera Maya, siguió operando bajo su nombre. En un estado cuya economía depende del turismo, la central obrera conserva peso real: controla plazas, negocia contratos y mantiene redes con gobiernos locales. Santamaría, además de líder sindical, fue diputado local priista en la VII Legislatura (1993-1996) y regidor en Benito Juárez durante la administración de Remberto Estrada (2016-2018). Esa doble trayectoria —sindical y política— le permitió construir un poder que durante años pareció impermeable.
El caso revela las tensiones que atraviesan Quintana Roo. El turismo genera empleo y divisas, pero también concentra negocios nocturnos donde la explotación de mujeres extranjeras ha sido recurrente. La retención de pasaportes y el aprovechamiento de la vulnerabilidad migratoria no son excepciones aisladas; forman parte de un patrón que las autoridades federales han documentado en la zona hotelera. Al mismo tiempo, el poder sindical tradicional, heredero de las estructuras priistas, enfrenta procesos judiciales que antes resultaban impensables. La Fiscalía estatal, bajo López Salazar, ha insistido en ambos expedientes, y la sentencia federal de noviembre de 2026 marca un punto de inflexión: ya no se trata solo de vinculaciones a proceso, sino de una condena firme por trata.
Santamaría permanece recluido en el penal de Cancún. La condena por trata es ejecutable; el proceso por homicidio sigue abierto, con investigación complementaria. Sus abogados han interpuesto amparos y recursos de revisión, algunos de los cuales lograron suspender temporalmente partes del expediente de homicidio, pero no han logrado la libertad. La CTM no ha anunciado cambios en su dirigencia.
El caso de Santamaría no es solo el de un dirigente que cayó por dos delitos graves. Es el de un modelo de poder que combinó la representación sindical con la propiedad de giros negros, la cercanía con gobiernos municipales y la capacidad de resistir, durante años, las consecuencias de investigaciones federales y estatales. La sentencia de 16 años, 10 meses y 15 días no cierra todas las cuentas, pero fija un límite que durante décadas pareció inexistente.
