Quintana Roo: el paraíso turístico donde asesinan a una mujer cada semana y el Estado lo minimiza
CANCÚN | REDACCIÓN | En Quintana Roo, entre 2021 y 2025, el colectivo Siempre Unidas documentó 265 feminicidios —incluyendo transfeminicidios y feminicidios infantiles— a través de su informe sombra elaborado con seguimiento de prensa, reportes ciudadanos y monitoreo propio. La cifra anual se mantiene estable y alta: 53 en 2021, 52 en 2022, 63 en 2023, 47 en 2024 y 50 en 2025. Solo en 2025 la Fiscalía reconoció 16 casos, menos de la tercera parte. La brecha no es un error técnico; es el resultado de clasificaciones erróneas que convierten muertes violentas de mujeres en “homicidios dolosos” o, peor aún, en “suicidios” sin investigación exhaustiva.
Los protocolos y la sentencia Mariana Lima de la Suprema Corte obligan a investigar toda muerte violenta de mujer con perspectiva de género y como posible feminicidio hasta que se demuestre lo contrario. En la práctica no ocurre. Cuando el crimen se atribuye al crimen organizado, se omite el análisis de las razones de género. Cuando se clasifica como suicidio, se cierra la carpeta sin las diligencias mínimas. El resultado es un subregistro que oculta la magnitud real y diluye la responsabilidad institucional.
La violencia no es abstracta. En 2025 las víctimas tenían entre 10 y 78 años. Dos fueron niñas. Al menos 13 casos dejaron orfandad. Ocho fueron cometidos por pareja o expareja. Benito Juárez (Cancún) concentró el 48 % de los casos documentados. Solo en 15 de los 50 hubo detenidos. La mayoría de las audiencias se programan a cuatro o cinco meses. Sin presión mediática, los expedientes se estancan.
Desde 2022 el mismo colectivo registra las desapariciones de mujeres y niñas. Las cifras más recientes del informe sombra muestran que 328 siguen desaparecidas, con 109 fichas activas solo en 2025, el año con mayor número desde que iniciaron el monitoreo. La mayoría son adolescentes. El Estado tiene recursos para grandes eventos, pero no para búsquedas inmediatas, especializadas y con protocolos diferenciados por edad y género.
El discurso oficial habla de avances. La realidad muestra otra cosa. No hay presupuesto suficiente ni etiquetado con perspectiva de género para prevención, atención ni acceso a la justicia. Las fiscalías carecen de personal capacitado y de diligencia. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVEQROO) opera saturada: cientos de carpetas y muy pocos asesores jurídicos, que además rotan y reinician el retraso. Recientemente un hackeo expuso más de 20 mil expedientes sensibles de víctimas, incluyendo datos de mujeres y niñas en situación de violencia. La vulnerabilidad no es solo digital; es estructural.
Quintana Roo es el principal destino turístico del país. Al mismo tiempo encabeza rankings nacionales de trata de personas —con cientos de casos que representan una proporción desproporcionada del total nacional— y registra altísimas tasas de llamadas de emergencia por violencia contra mujeres. El contraste entre la imagen de paraíso y la violencia cotidiana es brutal. Las autoridades siguen debiendo. Mientras las cifras reales no se reconozcan, las políticas seguirán siendo insuficientes y la impunidad, la norma. No son números. Son vidas.
