¡Récord histórico! Aseguran 59 millones de litros de huachicol en un solo cateo en Guanajuato
GUANAJUATO | El 17 de septiembre de 2026, autoridades federales y estatales ejecutaron un cateo en un inmueble de San José Iturbide, Guanajuato, que derivó en el aseguramiento preliminar de 59 millones de litros de presunto hidrocarburo.
La cifra, anunciada por el secretario de Seguridad y Paz de la entidad, Juan Mauro González Martínez, supera por amplio margen los decomisos individuales más grandes documentados en los últimos años y se perfila como el golpe de mayor volumen contra el mercado ilegal de combustibles en el país.
La intervención, autorizada por un juez federal, fue resultado de trabajos de investigación y coordinación interinstitucional. En el lugar se localizaron también diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con los hechos.
Por la magnitud del hallazgo, las labores de medición, identificación y manejo del producto continúan bajo supervisión especializada. Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará la cantidad definitiva, la naturaleza, la procedencia y la legalidad del combustible.
González Martínez subrayó que el cateo y los aseguramientos forman parte de una investigación en curso y no determinan, por sí mismos, responsabilidades. Corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales resolver conforme a derecho, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. Hasta el momento de los reportes oficiales no se han informado detenciones vinculadas directamente a esta diligencia.
El funcionario estatal enfatizó que el valor del operativo no se limita al volumen recuperado. Investigar posibles operaciones irregulares con combustibles, explicó, permite reducir riesgos de incendios, explosiones y derrames, proteger a las comunidades y al medio ambiente, y afectar posibles fuentes de financiamiento de estructuras delictivas.
Un delito que mutó de las tomas clandestinas al contrabando a gran escala
El huachicol —el robo y comercialización ilegal de hidrocarburos— ha sido durante más de dos décadas una de las principales fuentes de recursos ilícitos en México. En sus primeras etapas se concentró en la perforación de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), principalmente en estados atravesados por poliductos como Hidalgo, Puebla, Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas. Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se reportaron más de 74 mil tomas clandestinas, con picos que llegaron a superar los 14 mil perforaciones anuales.
A partir de 2019, con el cierre temporal de ductos y el despliegue militar, el robo físico se redujo, pero el delito se reconvirtió. Surgió con fuerza el llamado “huachicol fiscal”: la importación de combustibles disfrazados de otros productos para evadir impuestos, especialmente el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) y el IVA.
Estimaciones de expertos y declaraciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación han cifrado el daño potencial de esta modalidad en cientos de miles de millones de pesos durante el periodo 2018-2024.En la administración de Claudia Sheinbaum, el combate se intensificó mediante operativos de inteligencia, control aduanal y cateos masivos.
Entre octubre de 2024 y los primeros meses de 2026 se reportaron más de 98 millones de litros asegurados en 26 entidades, según cifras del Gabinete de Seguridad. Sin embargo, la mayoría de los grandes decomisos se han caracterizado por la ausencia de detenciones inmediatas, un patrón que se repite en el caso de San José Iturbide.
Los precedentes de mayor volumen
Hasta antes del hallazgo en Guanajuato, los aseguramientos individuales más relevantes documentados en los últimos años se concentraron en el norte y el golfo del país:En julio de 2025, en Ramos Arizpe y Saltillo, Coahuila, autoridades federales localizaron 129 carrotanques con 15 millones 480 mil litros de diésel, gasolina y destilados de petróleo. El operativo, calificado entonces como el mayor del sexenio, se realizó sin detenciones reportadas. El combustible se encontraba en vías férreas y carecía de documentación que acreditara su legal procedencia.
En marzo de 2025, en el puerto de Tampico, Tamaulipas, se aseguró un buque procedente de Texas con 10 millones de litros de diésel. Investigaciones posteriores de organizaciones periodísticas, basadas en documentos del SAT y de aduanas, indicaron que la carga original del barco Challenge Procyon superaba los 20 millones de litros, lo que generó cuestionamientos sobre el destino de la mitad no reportada. Ese caso destapó una red de contrabando que involucró a funcionarios aduanales, empresarios y, según las indagatorias, mandos de la Secretaría de Marina.
Ese mismo mes, en Ensenada, Baja California, se decomisaron casi 8 millones de litros en un cateo conjunto de la Sedena y la Marina. En Tamaulipas se registraron otros golpes significativos: más de 2 millones de litros en Reynosa en marzo de 2026 y casi 3.8 millones de litros en una instalación clandestina en el mismo municipio en julio de ese año.
En octubre de 2025, en la carretera Silao-San Felipe, Guanajuato, se aseguraron 1.6 millones de litros, hasta entonces el mayor decomiso terrestre en esa entidad.Estos operativos, aunque de menor volumen que el de San José Iturbide, revelaron la sofisticación de las redes: uso de ferrotanques, buques, empresas fachada, facturación apócrifa y, en algunos casos, infraestructura para el procesamiento artesanal de combustibles.
Los 59 millones de litros preliminares asegurados en San José Iturbide equivalen a más de tres veces el volumen del decomiso de Coahuila de 2025 y casi seis veces el del buque de Tampico. La cifra coloca a Guanajuato, un estado con presencia histórica de grupos delictivos dedicados al trasiego de hidrocarburos, en el centro del mapa del combate al huachicol.
No obstante, el caso mantiene los mismos interrogantes que han acompañado a los grandes aseguramientos de los últimos años: la identificación de los propietarios o responsables de la infraestructura, el origen exacto del producto (robo de ductos, contrabando o una combinación de ambos) y el seguimiento judicial que permita no solo recuperar el combustible, sino desarticular las redes que lo generan y comercializan.
Las autoridades han insistido en que la investigación continúa y que el Ministerio Público Federal determinará la cantidad definitiva y la legalidad del hidrocarburo. Mientras tanto, el hallazgo de San José Iturbide se suma a una lista creciente de operativos de gran escala que demuestran la capacidad de almacenamiento y movilización de las organizaciones dedicadas a este delito, pero que aún enfrentan el reto de traducir los volúmenes decomisados en responsabilidades penales firmes.
