Son falsas las acusaciones contra Américo Villarreal: Gobierno de Tamaulipas responde que sí tiene visa vigente
CIUDAD VICTORIA | La controversia generada por un reportaje publicado por Los Ángeles Times y el colectivo periodístico Puente News Collaborative sumó un nuevo capítulo luego de que el Gobierno de Tamaulipas rechazara públicamente las afirmaciones relacionadas con el gobernador Américo Villarreal Anaya.
A través de un posicionamiento difundido en redes sociales, la administración estatal calificó como falsas las versiones que apuntan a una supuesta investigación criminal por parte de autoridades estadounidenses contra el mandatario tamaulipeco.
La respuesta oficial surge después de que la investigación periodística señalara que tanto Villarreal Anaya como el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, presuntamente estarían bajo indagatoria por parte del gobierno de Estados Unidos debido a posibles vínculos con actividades ilícitas.
El encargado de responder a las acusaciones fue Gerardo Algarín, titular de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Tamaulipas, quien utilizó la red social X para fijar la postura oficial de la administración estatal.
“Negamos de manera categórica y contundente las afirmaciones publicadas por @latimes sobre el Gobernador Américo Villarreal Anaya”, escribió el funcionario.
Además, sostuvo que las acusaciones carecen de sustento documental y que buscan presentar hechos de extrema gravedad sin evidencia pública que las respalde.
“Son señalamientos falsos que pretenden presentar acusaciones de enorme gravedad sin una sola prueba que las respalde”, agregó Algarín en el mensaje difundido a través de sus redes sociales.
La publicación de Los Ángeles Times, elaborada por los periodistas Steve Fisher y Kate Linthicum, asegura que autoridades estadounidenses mantienen investigaciones criminales abiertas contra diversos actores políticos mexicanos.
Dentro de ese contexto, el nombre de Américo Villarreal aparece relacionado con una supuesta investigación vinculada al fenómeno conocido como huachicol, término utilizado para describir el robo y tráfico ilegal de combustibles.
De acuerdo con el reportaje, fuentes consultadas por los periodistas señalaron que el mandatario tamaulipeco tendría un permiso especial de ingreso a territorio estadounidense bajo la figura denominada Significant Public Benefit Parole, un mecanismo migratorio utilizado en casos específicos por las autoridades de ese país.
Las acusaciones han cobrado relevancia debido a que semanas antes el gobernador de Tamaulipas había sido cuestionado públicamente sobre su situación migratoria respecto a Estados Unidos.
Durante ese intercambio con medios de comunicación, Villarreal aseguró que cuenta con una visa vigente para ingresar a territorio estadounidense y rechazó cualquier especulación relacionada con restricciones migratorias.
La investigación periodística sostiene que fuentes cercanas al caso habrían señalado que el gobernador cruza frecuentemente la frontera acompañado por oficiales estadounidenses. Sin embargo, esas afirmaciones no han sido respaldadas mediante documentación oficial presentada públicamente.
Según el propio reportaje, Villarreal respondió a los autores negando cualquier acusación en su contra y calificando como falsas las versiones que buscan vincularlo con actividades ilícitas.
Uno de los elementos centrales del debate es la ausencia de pronunciamientos oficiales por parte de agencias federales estadounidenses sobre el caso.
Hasta ahora no se han difundido documentos judiciales, acusaciones penales, órdenes de aprehensión o comunicados institucionales emitidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos que confirmen públicamente una investigación criminal contra el gobernador de Tamaulipas.
Esta situación ha provocado posiciones encontradas. Mientras algunos sectores consideran que el reportaje plantea información relevante que merece seguimiento periodístico, otros subrayan que las acusaciones carecen de confirmación oficial y que, por ahora, permanecen sustentadas únicamente en fuentes citadas por los autores de la investigación.
La controversia se mantiene abierta en medio de un escenario donde los señalamientos periodísticos han generado reacciones inmediatas por parte de gobiernos estatales, figuras políticas y distintos actores de la opinión pública.
